Por mandato de ley, en los organismos de autoridad electoral de México todas las decisiones importantes se toman por órganos colegiados. Puesto que unos de los principios rectores de la función electoral son la imparcialidad y la independencia, éstos se garantizan mejor si quien decide no es una sola persona, sino un órgano colegiado que delibera y vota a la vista de todos.
Mientras las funciones electorales estuvieron controladas por el gobierno, imperó una estructura vertical, con predominio de decisiones unipersonales que se transmitían en cascada a los distintos niveles directivos y operativos. La Comisión Federal Electoral estuvo encabezada por el secretario de Gobernación; éste tenía la facultad de designar, prácticamente por sí solo, casi todos los cargos directivos centrales, así como a los presidentes de las Comisiones Locales Electorales; éstos designaban a los presidentes de los Comités Distritales, quienes a su vez designaban a los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Tal estructura vertical se conservó hasta 1988.
La reforma de 1989-90, con la fundación del Instituto Federal Electoral, cambió muchas reglas de actuación de la autoridad electoral. El Consejo General se integró, además de los representantes del Ejecutivo, el Legislativo y de los partidos políticos, con seis consejeros magistrados. A los órganos locales y distritales se les agregaron los consejeros ciudadanos, nombrados por el Consejo General y los consejos locales. Las mesas directivas de casilla son nombradas por los consejos distritales.
La estructura colegiada del IFE y su autonomía se reforzaron con la reforma de 1996, que dejó fuera del Instituto al representante del Ejecutivo y el nombramiento de consejeros electorales quedó a cargo exclusivamente de la Cámara de Diputados. La regla de mayoría calificada obligaría a las bancadas a construir consensos interpartidarios. Al Consejo General se le confirió la facultad de aprobar la Secretaría Ejecutiva y las Direcciones Ejecutivas, a propuesta del consejero presidente.
Para José Woldenberg, presidente del IFE, no fue fácil hallar propuestas de secretario ejecutivo y de algunas direcciones que fueran aceptadas por el colegiado. Pero lo intentó proponiendo alternativas y dialogando hasta alcanzar los acuerdos necesarios. Entendía que su facultad exclusiva era presentar prospectos de alto nivel profesional e indudable imparcialidad. El Consejo que Woldenberg presidía no era fácil y menos aún dócil, pero nunca dejó de dialogar y acordar con sus pares.
La reforma de 2007 reforzó la colegialidad al establecer la mayoría calificada de dos tercios de votos de los consejeros para el nombramiento de los cargos directivos centrales, regla que sigue vigente. Durante las presidencias de Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova se cumplió regularmente el principio de colegialidad. El diálogo y la construcción de consensos siempre fue la regla, aunque no siempre fuera fácil.
El cambio de presidencia del Consejo General del INE y de tres consejerías más, efectuado en abril de 2023, abrió una gama amplia de vacantes en el INE que exigía de sus consejeras y consejeros mucho diálogo y disposición a construir consensos. El 24 de abril, a tres semanas de iniciada la nueva composición del Consejo, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, presentó preliminarmente una lista de 17 propuestas para cargos directivos, de las cuales se aprobaron 11, unas por unanimidad y otras por mayoría calificada. La propuesta para la Secretaría Ejecutiva no obtuvo acuerdo, pero el avance para consensuar nombramientos era indudable. Sin embargo, la consejera presidenta optó por suspender el proceso a fin de reformular la totalidad de las propuestas.
Fue hasta el 15 de junio que se reanudaron los diálogos entre consejeros y se decantaron las propuestas que obtenían o no el consenso necesario. El 21 de junio en el Consejo General se aprobaron nueve designaciones. Para secretario ejecutivo, la presidenta propuso a la misma persona que antes había sido rechazada y ésta no obtuvo los votos necesarios. La consejera presidenta cubrió las vacantes que persistieron con encargados de despacho, en varios casos con las mismas personas que no habían sido aprobadas por el Consejo.
Se abrió así un largo paréntesis en que la presidenta no presentó nuevas propuestas de designación. Las encargadurías de despacho se prolongaban y daban visos de volverse permanentes, sin el aval del Consejo. El 15 de diciembre, una consejera y dos consejeros presentamos un proyecto de acuerdo que establecía reglas para evitar la prolongación indefinida de encargados de despacho y que los designados por la presidenta cumplieran requisitos mínimos de idoneidad; además, emplazaba a la presidenta a presentar al Consejo nuevas propuestas. El acuerdo fue aprobado por 6 votos contra 5. A raíz de ello, la presidenta presentó enseguida dos propuestas para la Secretaría Ejecutiva, una de las cuales fue respaldada por siete consejeros. Sólo faltaba un voto para la mayoría calificada. Pero la presidenta negó su voto ¡a su propia propuesta!
El acuerdo fue impugnado por algunos partidos y el Tribunal Electoral no solamente lo revocó, sino que amplió las atribuciones de la Presidencia más allá del Reglamento Interior del INE. Tal sentencia debilita las reglas de colegialidad y podría socavar el profesionalismo y la imparcialidad de algunos cargos directivos.
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