Todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, desde sus atribuciones, el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, atendiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ambos principios suponen relaciones de horizontalidad, es decir, un derecho no es más importante que otro; no se relacionan jerárquicamente, sino que se complementan porque dependen mutuamente de
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