Número: 335 

• La voluntad y disposición de las instituciones firmantes permite sumar capacidades electorales, judiciales, técnicas y territoriales para garantizar derechos y fortalecer el acceso a la justicia electoral 
• El Convenio permitirá pasar de soluciones circunstanciales a una capacidad institucional permanente en materia de interpretación y traducción de lenguas indígenas 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) impulsa, con la participación, disposición y voluntad de las instituciones firmantes, una alianza entre distintas instancias del Estado mexicano para fortalecer las condiciones que permitan a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ejercer plenamente sus derechos político-electorales y acceder de manera efectiva a la justicia electoral. 

Este esfuerzo se concretó con la firma del Convenio Marco de Colaboración “Por la Defensa y Promoción de los Derechos Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas”, suscrito por el INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). 

En representación de la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, participó en la firma del Convenio la Consejera Frida D. Gómez Puga, además asistieron el Consejero Arturo Chávez López, y la Secretaria Ejecutiva, Claudia Arlett Espino. 

Para el Instituto, este acuerdo parte de un principio fundamental: la lengua no puede ser una barrera para ejercer y defender derechos político-electorales. Cuando una persona no puede expresarse en su propia lengua, comprender a la autoridad, presentar una queja, recibir orientación o conocer los alcances de una resolución, se limita su capacidad para participar efectivamente y hacer valer sus derechos. 

Por ello, uno de los propósitos centrales del Convenio es pasar de soluciones improvisadas a una capacidad institucional permanente, mediante la formación, certificación, acreditación y participación de personas intérpretes y traductoras de lenguas indígenas en los procesos y actuaciones electorales. El objetivo es que su disponibilidad no dependa de las circunstancias particulares de cada caso, sino que exista una respuesta institucional preparada para activarse cuando una persona la necesite. 

Sumar capacidades para convertir la inclusión en acciones concretas 

La coordinación interinstitucional permitirá articular capacidades electorales, judiciales, técnicas y territoriales para ofrecer mejores condiciones de atención y acceso a la justicia electoral. 

El INALI aportará su capacidad técnica para la formación, evaluación, acreditación y certificación de intérpretes y traductores; el INPI, su experiencia de vinculación directa con los pueblos y comunidades; el TEPJF, los servicios de orientación, asesoría y representación de su Defensoría Pública Electoral; la Escuela Nacional de Formación Judicial, su experiencia en capacitación y profesionalización; la Suprema Corte, sus capacidades de vinculación, coordinación y desarrollo de proyectos académicos, y el INE, su experiencia en organización electoral, educación cívica y su despliegue territorial en las 32 entidades federativas y los 300 distritos electorales federales. 

Paralelamente el INE contribuye un grupo especializado de Traductores-Intérpretes, formado desde la Secretaría Ejecutiva que domina, por lo menos, ocho lenguas indígenas. 

Esta suma de capacidades busca que las instituciones actúen de manera coordinada y aprovechen la experiencia y especialización de cada una para atender las necesidades que puedan presentarse en las distintas etapas de los procesos electorales. 

El Convenio permitirá también desarrollar materiales, campañas y contenidos en lenguas indígenas sobre derechos político-electorales, educación cívica y cultura democrática. No basta con que la información institucional sea publicada: debe poder ser entendida y utilizada por las personas a quienes está dirigida. 

La dimensión del reto es nacional. En México, 23.2 millones de personas se reconocen como indígenas; más de 7 millones 364 mil hablan alguna lengua indígena y cerca de 11 millones 800 mil viven en hogares indígenas. Además, la diversidad de lenguas del país comprende 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones y 364 variantes. 

Preparar desde ahora los próximos procesos electorales 

La suscripción del acuerdo ocurre en un momento estratégico, previo al inicio formal del Proceso Electoral Federal 2026-2027, que concurrirá con 32 procesos electorales locales. 

Esto permitirá comenzar desde ahora con la formación y capacitación de personas servidoras públicas; la identificación, formación y acreditación de intérpretes y traductores; la elaboración de materiales en distintas lenguas y la construcción de mecanismos que puedan utilizarse en diferentes momentos del proceso electoral, incluidos el registro de candidaturas, la integración de mesas directivas de casilla y la presentación de quejas. 

Además, la vigencia del Convenio hasta septiembre de 2030 permitirá que las capacidades desarrolladas trasciendan una elección y se consoliden como mecanismos institucionales permanentes. 

El Convenio deberá medirse por sus resultados 

Para el INE, el alcance de esta alianza deberá reflejarse en resultados concretos: más personas intérpretes y traductoras acreditadas; personas servidoras públicas mejor capacitadas; materiales disponibles en distintas lenguas; servicios de orientación y acompañamiento accesibles, y una atención institucional más cercana, comprensible y respetuosa. 

El verdadero valor de esta colaboración se hará patente cuando una persona perteneciente a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana pueda expresarse en su propia lengua, ser comprendida por las instituciones y encontrar una respuesta efectiva para ejercer y defender sus derechos. 

Con esta iniciativa, el INE refrenda su compromiso con una democracia incluyente y con instituciones capaces de reconocer y atender la diversidad cultural y lingüística del país, bajo una premisa que orientará los trabajos derivados de este Convenio: “Que ninguna persona encuentre en su lengua una barrera para ejercer y defender sus derechos político-electorales”. 

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