Falta de regulación y fiscalización de actividades anticipadas puede afectar la legitimidad de los resultados electorales
El Consejero Electoral Arturo Castillo sostuvo que la medida cautelar ordenada al PRI para retirar cinco publicaciones de redes sociales en las que se vinculaba a Morena con el narcotráfico no constituye censura, sino la aplicación de una prohibición constitucional y legal vigente desde 2014.
Explicó que la Constitución establece que partidos y candidaturas deben abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, mientras que la legislación electoral considera calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral. Precisó que la resolución derivó de una denuncia y que las medidas cautelares se limitaron a las cinco publicaciones señaladas.
El Consejero Castillo también aclaró que la prohibición no impide utilizar determinadas expresiones en todos los casos, pues existen circunstancias como la inmunidad parlamentaria o la presentación de elementos que documenten que una acusación forma parte del debate público. Señaló que, si existen denuncias por imputaciones de delitos, la autoridad electoral debe analizar y, en su caso, dictar las medidas correspondientes.
ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA
Respecto de los actos políticos anticipados, el Consejero señaló la necesidad de alcanzar acuerdos en el Consejo General del INE para emitir lineamientos que permitan regular y fiscalizar estas actividades antes del inicio del proceso electoral. Indicó que, dado que el proceso electoral federal comenzará el 10 de septiembre, una regulación aprobada posteriormente no podría aplicarse de manera retroactiva, por lo que gran parte de las actividades realizadas durante los meses previos quedarían fuera de fiscalización.
El Consejero Electoral mencionó que ha planteado la emisión de estos lineamientos desde marzo y que su propuesta fue rechazada a finales de mayo. Indicó que también existen argumentos en el sentido de que la legislación vigente es suficiente o que corresponde al Poder Legislativo modificar las reglas; sin embargo, sostuvo que la Sala Superior del Tribunal Electoral ha reconocido la facultad del INE para emitir lineamientos ante procesos políticos inéditos.
Finalmente, sostuvo que la falta de regulación y fiscalización de las actividades anticipadas puede afectar la legitimidad de los resultados electorales, al generar elecciones cuestionadas y desincentivar la participación ciudadana. Subrayó que corresponde a los partidos asumir su responsabilidad y, si consideran inadecuadas las reglas vigentes, promover su modificación por las vías legislativas correspondientes.