Referirnos al derecho de las mujeres a votar y ser votadas fue apenas un paso en el largo camino que se ha tenido que recorrer para empezar a visibilizarnos a pesar de múltiples obstáculos, retrocesos y bajo un estado patriarcal en el que impera una cultura machista que se resiste a desaparecer.
La larga lucha por alcanzar la igualdad de derechos respecto a los hombres en México marca sus primeros antecedentes en 1916 en aquel Congreso Feminista en Mérida Yucatán, en el que se reflexionó justamente sobre los derechos que les permitieran a las mujeres tomar el papel que hoy se nos reconoce en la sociedad mexicana. En 1922 es reconocido en dicha entidad el derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales, siendo Rosa Torre González elegida como regidora en Mérida, lo que la convirtió en la primera mujer en desempeñar dicho cargo en México.
En 1934 se presentó una iniciativa de reforma constitucional que otorgó a la mujer el derecho a votar y poder lograr un cargo de elección popular, pero al no realizarse el proceso legislativo de la declaratoria correspondiente, esta iniciativa no se materializó. Fue hasta 1953 que el entonces Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, expidió la reforma al 34 de la Constitución en la que se otorgó plenitud de derechos ciudadanos a las mujeres.
Así, el 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas para puestos de elección popular. A nivel federal, fue hasta 1955 cuando las mujeres pudieron ejercer este derecho político.
En 1996 se incluyó en la ley electoral la recomendación para que las candidaturas a diputaciones no excedieran el 70% de un mismo género; para 2008 se estableció que las candidaturas de mujeres debían ser al menos del 40%.
En 2014 se incorpora el principio de paridad de género en la Constitución, estableciendo que los partidos debían postular paritariamente sus candidaturas para el Congreso de la Unión y los Congresos estatales. Esto permitió que en 2018 casi se alcanzara la paridad en el Senado y en 2021, se lograra en la Cámara de Diputados.
Otro avance importante se logra en 2019, año en el que se aprueba la reforma conocida como “Paridad en Todo” que estableció la obligatoriedad de garantizar el cumplimiento de la paridad de género no solo en la postulación de candidaturas, sino también en la integración de los tres poderes de gobierno, en los tres poderes del Estado, órganos autónomos y en los sistemas normativos indígenas.
Para abril de 2020 se logró una reforma que modificó 8 distintas leyes que tiene como objetivo la prevención, atención, sanción, reparación y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género.
De acuerdo con el Índice Global de Brecha de Género 2023 que publica el Foro Económico Mundial, tal sólo 5 países han alcanzado la paridad en sus poderes legislativos: México, Nicaragua, Ruanda, Emiratos Árabes Unidos y Nueva Zelanda.
Falta mucho por recorrer para contar con una igualdad sustantiva; hoy los referentes más atrasados en el poder público se encuentran a nivel municipal, en las gubernaturas e, incluso en la Presidencia de la República. No obstante, estoy segura que tarde o temprano alcanzaremos dicha igualdad y honraremos la memoria de muchas mujeres que han luchado por alcanzar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
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