VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), EN EL PUNTO 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE ROBERTO HEYCHER CARDIEL SOTO COMO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTITUCIÓN, EN TANTO SE DESIGNA A LA PERSONA TITULAR DE DICHA SECRETARÍA EJECUTIVA EN SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE MAYO DE 2023
Señoras y señores consejeros y representantes, permítanme hacer uso de la palabra.
Quiero intervenir para formular algunas reflexiones sobre los dos puntos del orden del día que hoy nos ocupan.
Si algo ha quedado claro en los años recientes, es que nada es permanente ni definitivo y menos aún los avances en la construcción y fortalecimiento del estado constitucional y democrático de derecho.
Cuando parecía que en México habíamos transitado una etapa de consolidación de la vida democrática en su vertiente electoral, siempre perfectible, a un periodo en el que estaban garantizados los principios básicos de respeto a la Constitución, a la División de Poderes y a la legalidad como condiciones indispensables para una convivencia respetuosa y civilizada, ocurren hechos que nos llevan a una situación completamente diferente: El retroceso, la intolerancia, la arbitrariedad y el abuso del poder en detrimento de las conquistas democráticas ciudadanas.
Me refiero, por supuesto, al Decreto de Reforma Electoral conocido como Plan B, finalmente publicado en la madrugada del día de ayer, cuyo objetivo real y concreto, al menos por sus efectos previsibles, es dañar severamente las condiciones básicas para celebrar elecciones libres y auténticas en nuestro país.
Como parte de su estela de daños, el Plan B anticipa una afectación mayúscula al árbitro electoral, al INE, a la Institución Civil del Estado Mexicano con mayor confianza por parte de la ciudadanía que en los últimos nueve años ha organizado 331 procesos electorales sin conflicto poselectoral alguno.
Al órgano electoral que es referente mundial en materia de organización de comicios con los más altos estándares de integridad electoral.
A la Institución en la que trabajan miles de mujeres y hombres profesionales, cuya principal misión es darle a toda la ciudadanía las garantías necesarias para que ejerzan su derecho al sufragio y a la participación política, para que cuenten con un medio de identidad confiable y tengan los medios a su alcance para incidir y ser parte de las decisiones sobre el presente y futuro del país.
En síntesis, el Plan B, que finalmente fue publicado este 2 de marzo, dinamita al INE de las y los ciudadanos.
Consecuencia de tales despropósitos son los proyectos de acuerdo que ocupan la Sesión Extraordinaria de este Consejo el día de hoy,
El primero de estos acuerdos corresponde al nombramiento de una persona encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva en el INE, con motivo del notoriamente inconstitucional, arbitrario y unilateral cese del licenciado Edmundo Jacobo Molina en dicho cargo.
Evidencia de la constelación e inconstitucionalidades que implica el decreto de reforma, viola flagrantemente, se viola flagrantemente el principio general de derecho que establece que las normas jurídicas deben ser generales, impersonales y abstractas, contrarios del principio elemental el Plan B determinó el cese inmediato de una persona en específico con nombre y apellido, Edmundo Jacobo Molina.
Tal es el temor al profesionalismo, capacidad, dedicación, integridad y rectitud de un servidor público ejemplar que el primer efecto de la reforma, incluso antes de entrar en vigor, es destituir inconstitucionalmente a quienes ha sido por 14 años Secretario Ejecutivo de este Instituto y que, estoy seguro, pronto retomará esa función.
Esa primera medida, vulnera además de manera burda y grosera la autonomía constitucional del INE y la facultad exclusiva y expresa de su Consejo General, mandatada por la Constitución, para designar a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva.
El segundo proyecto de acuerdo que tenemos sobre la mesa tiene por objeto cumplir y acatar con lo ordenado en diversos artículos transitorios de los decretos de reforma publicados el 27 de diciembre de 2022 y el 2 de marzo de 2023.
A lo largo de su breve pero intenso y fructífera historia, el INE siempre invariablemente ha actuado con absoluto respeto al estado de derecho, y ésta no será la excepción, incluso si ello supone dar los primeros pasos para instrumentar una reforma que condena a la institución a un desmembramiento impuesto.
Este segundo acuerdo que se somete a nuestra consideración formaliza el inicio de los trabajos para la instrumentación de la reforma electoral que hoy entra en vigor, incluyendo la modificación de los instrumentos normativos y administrativos del INE, derivados del así llamado Plan B.
Pero también es una buena noticia, porque esto abre la posibilidad de que los acuerdos de este Instituto puedan ser impugnados ante los órganos jurisdiccionales competentes, cuando por aquellas ciudadanas o ciudadanos que sientan afectados sus derechos por aquellos trabajadores del Instituto que sientan afectados sus derechos por esta inconstitucional, flagrantemente inconstitucional reforma legal.
Y eso son buenas noticias, porque se podrán activar los resortes que la propia Constitución y las leyes establecen para que los órganos competentes, a quienes les tenemos no solo confianza, sino a diferencia de otros, profundo respeto, puedan ejercer sus atribuciones para declarar la inconstitucional, flagrante como mencionaba, de estas normas que implican una grave regresión a nuestro proceso de construcción u consolidación democrática.
Para ello, se propone la creación de un Comité Técnico para la instrumentación de la Reforma Electoral 2023, integrado por las cuatro consejeras y tres consejeros electorales de este Instituto, que continuarán en sus cargos después del próximo 3 de abril en que habremos de concluir nuestros mandatos cuatro integrantes de este máximo órgano de autoridad.
Ante el inminente inicio del proceso electoral federal en septiembre de este año, y de diversos procesos electorales locales concurrentes, dicho Comité Técnico, septiembre o noviembre, eso dependerá de lo que decidan los tribunales, dicho Comité Técnico tendrá que realizar en muy poco tiempo una diversidad de tareas de complejidad mayúscula, y de la mayor trascendencia para el futuro del INE de nuestra democracia.
De manera particular y para claridad de certeza de todo el personal que trabaja en el INE, sostén y ancla de este organismo electoral tan menospreciado por quienes avalaron esta reforma, es preciso puntualizar que en este proyecto de acuerdo se funda, motiva y concluye de manera expresa que todos los derechos y prestaciones de todas y todos los servidores públicos del INE quedan salvaguardados durante el periodo de transición, con independencia de las obligaciones que resulten de la implementación de esta reforma.
Y por supuesto, queda a salvo el derecho de todas y todos los trabajadores que así lo decidan de impugnar los acuerdos que este Consejo General se ve obligado a tomar por las determinaciones del legislador.
Con estas primeras decisiones, iniciará también lo que el pasado 25 de enero en esta misma sala anunciamos todas y todos los integrantes de este Consejo, y para lo cual instruimos al propio Secretario Ejecutivo.
Utilizar todos los medios legales a nuestro alcance, para detener ante la Corte y los tribunales, el atropello, las inconstitucionalidades que esta reforma implica.
Ahora, inicia también la batalla jurídica por la defensa del INE y de la democracia mexicana, continuación de la defensa que la propia ciudadanía ha expresado en todo el país, haciendo escuchar sus voces a lo largo y ancho de nuestra patria.
Tenemos la certeza de que la constelación de inconstitucionalidades de esta reforma no quedarán impunes, no subsistirán la criba, el test, al que serán sometidas ante los tribunales de la República, y que el Poder Judicial habrá de reencausarnos por la ruta del apego a la Constitución y al Estado Democrático de Derecho.
Es el tiempo de la Corte, es el tiempo de los tribunales.
Y estamos seguros de que estos harán escuchar fuerte y claro, como la misma ciudadanía, que en México tenemos un Estado de derecho, que si bien hoy está quebrantado, bien pronto será restablecido.
Está a su consideración el proyecto de acuerdo.
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