Número: 324
- Fiscalización y a la Unidad de Inteligencia Financiera por una queja sobre presunto uso indebido de recursos públicos por parte de diversos servidores públicos
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló en lo general la resolución de 52 proyectos de Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS), 48 de ellos por indebidas afiliaciones y uso no autorizado de datos personales, tres por Vistas de diversas instancias y otro por el uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada.
Al presentar los asuntos, la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, Adriana Favela, expuso que 48 derivan de indebidas afiliaciones o indebida designación de personas como representantes de partidos político ante Mesas Directivas de Casilla y que, en la mayoría, se acreditó la infracción.
Respecto de las tres Vistas, explicó la Consejera, una corresponde al Tribunal Electoral de Coahuila por violencia política de género, que se declaró infundada. Otras dos Vistas, tanto del propio Consejo General del INE como de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), respectivamente, en contra de una persona moral y personas físicas que omitieron dar respuesta a requerimientos formulados por la autoridad electoral, resultaron procedentes.
Inexistente la infracción en contra de Mario Delgado Carillo y 18 servidores públicos
En relación con el proyecto sobre el uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, señaló la Consejera, se trata de una queja que se presentó en contra de diversas personas servidoras públicos del partido Morena y se determinó la inexistencia de la infracción en contra de Mario Delgado Carrillo y 18 personas más, entonces servidoras públicas, por su participación en el evento que se realizó 9 de octubre de 2019, para lo cual se rentó un salón en un Hotel.
Aunque es inexistente la infracción, resaltó, el proyecto propone también dar Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), derivado de que se utilizó dinero en efectivo para pagar el salón en la Ciudad de México para la realización del evento denunciado.
La Consejera se pronunció a favor de la resolución en la mayoría de los proyectos, pero solicitó votación diferenciada respecto de seis puntos ya que, “a mi juicio 17 personas sí objetaron las cédulas de afiliación aportadas por diversos partidos políticos”; a partir de ello, añadió, se pronunció por mandar a realizar la prueba pericial en grafoscopía a fin de acreditar o no la falta.
En su intervención, la Consejera Claudia Zavala se separó de la resolución en uno de los Procedimientos Ordinarios Sancionadores -tal como lo hizo en la Comisión de Quejas-, consistente en la supuesta omisión de dar respuesta a la solicitud de información realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto, al considerar ya extinguida la potestad sancionadora y llevarse una serie de procedimientos en diferentes momentos, en el cual se excedió el plazo señalado por parte del Tribunal y cumplirse el término de caducidad.
Al pronunciarse en el punto de Acuerdo, la Consejera Dania Ravel expuso que en cuatro asuntos por indebidas afiliaciones lo correcto era que se escindieran, con la finalidad de que se realizaran las pruebas en grafoscopía y/o dactiloscopia conducentes, toda vez que los quejosos expresamente objetaron la firma y la huella digital que aparece en la cédula de afiliación y exhibir la copia de su credencial para votar.
Igualmente, se separó de la resolución en otros dos casos por amonestación pública como sanción por afiliaciones indebidas; mientras que en otros proyectos mostró su preocupación por el retraso en resolver los asuntos y presentarlos a la resolución del Consejo General.
Antes de la discusión, el pleno aprobó el retiro del orden del día de uno de los proyectos a solicitud de la Consejera Favela, al presentar el desistimiento una de las denunciantes por indebida afiliación.
Viable reducir costos en la producción de boletas
Durante la sesión, el Consejo General recibió el informe de resultados y análisis de viabilidad de la incorporación del dato de Municipio en las boletas electorales en el reverso de éstas durante el proceso de conteo y sellado en órganos distritales, el cual considera viable la incorporación de este elemento mediante el uso de sellos.
El informe detalla que resulta viable, desde el punto de vista económico, ya que su implementación implica una reducción en la cantidad de papel seguridad, placas de impresión y tiempo de máquina, lo que deriva en una disminución de los costos de producción, además de que los sellos pueden ser reutilizados en más de un proceso electoral.
Al respecto, la Consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Organización Electoral, explicó que la respuesta también es viable desde la perspectiva funcional, ya que se reduce el tiempo y se simplifica la producción, clasificación, empaque, almacenamiento y carga de las boletas electorales en las instalaciones del impresor. Lo cual para el Proceso Electoral Federal 2023-2024 es muy relevante por la magnitud de los requerimientos de producción de boletas y el escaso tiempo disponible para hacerla.
“La norma vigente es clara al señalar que el dato del Municipio debe ser incluido en las boletas electorales; sin embargo, no se establece cómo debe ser incluido el mismo, por lo que dicho precepto debe entenderse como un requisito de contenido y no propiamente de diseño de las mismas, y que la actividad de conteo y sellado en los órganos distritales, es una actividad transparente que se lleva a cabo en presencia de todas las representaciones partidistas”, argumentó.
Humphrey destacó que de aplicarse esta medida para los próximos procesos electorales, “ayudaríamos a reducir tiempos en la producción de las boletas, sería una medida que ayudaría al medio ambiente, pero más importante, se podrían reducir costos y tiempos en la organización de éstos, lo que haría eco al llamado de la ciudadanía de buscar que los procesos electorales sean menos onerosos, sin que los principios rectores de la democracia se vean afectados”.
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