VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO JAIME RIVERA VELÁZQUEZ, EN EL PUNTO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, RELATIVO A LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO A PROCEDIMIENTOS OFICIOSOS, ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES Y DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADOS EN CONTRA DE PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES
En este punto, se ponen a nuestra consideración 82 proyectos de resolución en materia de fiscalización: ocho son correspondientes a procedimientos oficiosos; y 74, a procedimientos derivados de quejas.
De estos, dos, de todos estos, dos corresponden a la fiscalización de informes anuales correspondientes a los ejercicios 2016 y 2019 respectivamente, que por diversas diligencias que hubo que realizar, se pueden resolver, traer a este Consejo hasta ahora.
Hay un procedimiento que corresponde a la fiscalización de los informes mensuales de una organización de ciudadanos que presentó su solicitud para constituirse como partido político nacional.
Siete están relacionados a los procesos electorales concurrentes 2020-2021 en su ámbito federal, así como local en la Ciudad de México, Quintana Roo, Michoacán, Nuevo León y Veracruz.
72 procedimientos son relativos a los procesos electorales locales ordinarios 2021-2022 en los estados, como sabemos, de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
De los 82 proyectos de resolución que están a nuestra consideración, en 23 casos se propone declarar fundados los procedimientos sancionadores, al quedar acreditado que existieron irregularidades en cuanto al origen, el monto, el destino y aplicación de los recursos de los sujetos obligados.
Se tuvieron por acreditas conductas como aportaciones de ente prohibido, ingresos y egresos no reportados, y omisión de presentar informes de precampaña.
Por tales razones, se propone imponer a siete partidos políticos nacionales y tres partidos locales un monto total de sanciones por un millón 207 mil 554 pesos.
Las sanciones propuestas en 21 casos son de índole económica, y hay dos casos en los que se trata de amonestación pública, porque se trata de partidos políticos actualmente en proceso de liquidación.
En 49 casos, se propone declarar infundado los procedimientos, ya que del análisis realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización, se constató que el (falla de transmisión) denunciados se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, o bien, no fue posible acreditar la existencia de los hechos denunciados.
En cinco casos, se propone el sobreseimiento del procedimiento, dado que la propaganda, denuncia actualmente ya no, ya es materia de conocimiento de la autoridad fiscalizadora, a través de la revisión de los informes de campaña en el proceso electoral local que transcurre.
En cinco casos, se propone el desechamiento de los escritos de queja por no haberse aportado elementos suficientes para trazar una línea de investigación efectiva, que permitiera acreditar la veracidad de los hechos denunciados, o en su caso, por no haberse dado respuesta a la prevención realizada por la autoridad.
En algunos casos se desechan porque las conductas denunciadas no son competencia de esta autoridad para tener conocimiento de ellas, y ya se han dado las vistas correspondientes a las autoridades competentes.
Este es el panorama general.
Y adelanto que votaré a favor de los proyectos a nuestra consideración, en sus términos.
Gracias.
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