La semana pasada, la Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó formalmente al INE la entrega de los datos biométricos (imágenes digitalizadas de rostro y huellas dactilares) del padrón electoral. Planteó un esquema de colaboración entre las dos instituciones para que la autoridad electoral transfiera en forma masiva esta información cada cierto tiempo, conforme los ciudadanos tramitan su credencial para votar.
La Segob busca con este esquema crear el Registro Nacional de Población, emitir la Cédula de Identidad Ciudadana y poner en práctica el Sistema Nacional de Identificación Personal. A diferencia de intentos anteriores, como el emprendido por el gobierno del presidente Calderón, ahora la Segob ha renunciado a registrar directamente a decenas de millones de personas para recabar sus biométricos.
En su lugar, Gobernación pretende que instituciones públicas que llevan registros respaldados con biométricos, como el INE, la SRE, el SAT y el IMSS, se los transfieran mediante cargas masivas a su base de datos. El INE tiene por mucho la más importante: el padrón electoral, con cobertura cercana al 100% de la población mayor de 18 años.
En los hechos, el Registro Nacional de Ciudadanos existe desde hace un par de décadas. Se llama Registro Federal de Electores. La credencial para votar con fotografía, al ser el documento de identificación personal más usado, confiable y accesible, ha suplido la ausencia de la Cédula de Identidad Ciudadana. Asimismo, el servicio de verificación y autenticación de identidad en línea del INE constituye el avance más importante hacia la construcción de un Sistema Nacional de Identificación Personal. Opera desde hace unos años y se expande día a día, todo dentro del marco constitucional de la protección de datos personales.
La propuesta de la Segob consiste en concentrar en el Registro Nacional de Población (Renapo) los biométricos recabados por instituciones que tienen contacto directo con la población. A partir de un esquema de transferencia masiva de información personal, empezar a ejercer sus atribuciones legales para integrar el Registro Nacional de Ciudadanos, emitir la Cédula de Identidad y prestar servicios de autenticación de identidad.
En el caso del INE, la Segob fundamenta su propuesta en un viejo artículo transitorio de la Ley General de Población aprobado en la reforma de 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Según esta disposición, para el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos se utilizaría la información proporcionada por el IFE (hoy INE) proveniente del padrón electoral.
A pesar de que el artículo transitorio en que Gobernación basa su solicitud no ha sido derogado, hoy en día es un anacronismo que ha perdido su eficacia jurídica. Para empezar, cuando se emitió, el IFE era un apéndice de esa Secretaría, cuyo titular ocupaba el lugar que hoy tiene el Consejero Presidente. Desde 1996, el IFE se convirtió en un órgano constitucional autónomo.
Pero la improcedencia legal de la entrega del padrón electoral a la Segob se deprende principalmente del nuevo régimen constitucional de protección de datos personales. Las reformas de 2007 y 2009 elevaron a rango constitucional ese derecho. Quedaron entonces prohibidas las transferencias masivas y el tratamiento de datos personales, sin que el ciudadano esté informado y exprese su consentimiento.
La Secretaría de Gobernación tiene razón al afirmar que el derecho a la identidad está insuficientemente garantizado en México. También hace lo correcto al convocar al INE a trabajar de forma conjunta para resolver el problema. Pero la introducción de nuevas medidas para garantizar el derecho a la identidad debe hacerse sin retroceder en la protección de datos personales. El diálogo entre las dos instituciones debe continuar porque las oportunidades son enormes.
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