Con la fundación del IFE y luego con su conversión a INE, el orden jurídico mexicano ha establecido la rectoría de esta institución en materia registral electoral como una de sus atribuciones esenciales que se ha consolidado con diversas reformas electorales en los últimos 30 años. Si bien el INE, como máxima autoridad electoral es responsable de cumplir con la función de organizar las elecciones, también lo es de integrar un padrón de ciudadanos confiable y seguro.
Una de las principales fortalezas de nuestro sistema democrático radica en el padrón y los instrumentos que de él derivan: la credencial para votar y los listados nominales, pues gracias a éstos se determina el número de boletas a utilizar, la cantidad y la ubicación de las casillas, la geografía electoral, el número de capacitadores electorales, el registro de nuevos partidos y la ratificación de los existentes, así como la dimensión de su financiamiento público y la posibilidad de postulación de candidaturas independientes, entre otros aspectos.
Los datos personales contenidos en el padrón electoral representan un pilar de certeza para la organización de los comicios, pues determinan qué ciudadanos pueden ejercer su derecho al sufragio pasivo o activo, dónde y cómo deben hacerlo. Este aspecto no sólo le importa a la autoridad electoral que lo resguarda, sino a las fuerzas políticas, a la ciudadanía, a los medios de comunicación, al gobierno y, en general, a todos.
Muestra de la confianza lograda entre las instituciones públicas y privadas en favor del padrón y su credencial está en la celebración de múltiples convenios para verificar la identidad de los ciudadanos que acuden a esas instituciones a la realización de un trámite o prestación de un servicio.
Es gracias a la confianza ciudadana que el padrón se ha ido construyendo y actualizado. Son los ciudadanos quienes acuden voluntariamente a los módulos del INE a proporcionar sus datos personales, con la convicción de que están debidamente resguardados para el exclusivo fin para el que los otorgan, de ahí que se tenga la obligación de proteger la información y usarla exclusivamente para los fines que la normativa electoral prevé.
Tanto es el cuidado en el uso de los datos del padrón que hoy en día los partidos políticos nacionales pueden ejercer plenamente su derecho de acceder a la información del padrón para llevar a cabo sus funciones de revisión y vigilancia de los instrumentos electorales, con la única modalidad de que esa información reservada y confidencial sólo puede ser consultada y verificada in situ, en computadoras dispuestas dentro del INE y no pueden llevarse copias.
En las últimas tres administraciones gubernamentales, de colores partidarios distintos, se han escuchado voces que plantean trasladar los datos del padrón al gobierno para la emisión de una cédula ciudadana de identidad. Creemos que, por la vía de los hechos, desde 1992 esa cédula ya existe, es la credencial para votar con fotografía, ahí está el nivel de arraigo que tiene en la población, ahí está su utilización como el mecanismo más aceptado de identificación para todo tipo de trámites. ¿Por qué? Porque detrás de ese intrumento está una base sólida, depurada, actualizada de datos biométricos confiados por los ciudadanos al INE.
Así que, ante la reciente solicitud de la Segob para que la autoridad electoral entregue los biométricos de más de 90 millones de mujeres y hombres mayores de edad para emitir una cédula nueva, al parecer electrónica, planteamos un esquema de apoyo y colaboración que permita al gobierno cumplir con sus atribuciones, pero de igual manera mantener protegidos los datos personales y el padrón administratado por el INE, dado que ese tema en México sí es un elemento de confianza en la organización de las elecciones.
Para este propósito, podría generarse una sinergia convenida entre ambas instancias que permita la confrontación de datos del Registro Nacional Ciudadano con las bases registrales del INE, a fin de verificar la autenticidad de los datos que aporten las personas al Renapo, pero sin que la base INE sea trasladada al gobierno.
De cualquier manera, creo que sigue vigente el argumento que públicamente he defendido desde el 2009: no es necesario que se integren y coexistan dos bases de datos distintas, y menos aún, dos plásticos diferentes, están dadas las condiciones para que la credencial para votar que hoy sirve para identificarnos sea reconocida formalmente como la cédula de identidad, no hay necesidad de hacer nuevas inversiones de recursos públicos en eso, está montada y funcionando la infraestructura y la metodología registral del INE, hay la experiencia y la disposición para encontrar soluciones conjuntas, las que mejor convengan a los intereses superiores del país.
Dada la experiencia y estructura con la que cuenta el INE, éste puede hacerse cargo también de la expedición de la cédula de identificación de los menores de edad porque cuenta con los elementos técnicos, humanos y normativos para su implementación. Esta medida además de que representaría una buena política de austeridad que actualmente promueve el gobierno, por sí misma garantizaría confiabilidad, seguridad y adecuado manejo de los datos.
Conclusión: hace falta que se exprese voluntad política para que entre el INE y el gobierno federal se mantenga en plena salvaguarda el padrón electoral como columna vertebral de las elecciones y, al mismo tiempo, se cumpla con la responsabilidad constitucional de actualizar el dereho a la identidad de todos los mexicanos con independencia de su edad.
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RESUMEN
