Intervención de Lorenzo Córdova, durante la inauguración del Seminario “Reforma Electoral, de cara al futuro inmediato”

Escrito por: INE
Tema: Consejero Presidente

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO “REFORMA ELECTORAL, DE CARA AL FUTURO INMEDIATO”, REALIZADO EN EL AULA CENTENARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

 

Gracias Pedro, señor Director.

Quiero comenzar agradeciendo, de manera muy particular, a mis colegas, la doctora María Marván y el doctor Hugo Concha, por la iniciativa de tener este espacio de reflexión en el ámbito universitario, que le da, por cierto, un cariz bien distinto.

Y, por un lado y, por otro lado, toda esta pluralidad de discusiones con la, por otro lado, la objetividad y el rigor académico que se necesita de cara a un repensamiento de las reglas del juego.

Agradezco también muchísimo la invitación a esta inauguración y la posibilidad de compartir con mis colegas, respetados y admirados, titulares de las instituciones electorales que conformamos lo que en algún momento se llegó a denominar el trípode institucional electoral, el señor Fiscal, el maestro Ortiz Pinchetti; por supuesto, el Magistrado Presidente Felipe Fuentes.

Gracias también a los colegas que nos acompañan, que han, por cierto, contribuido a consolidar el área de derecho electoral, aquella que embrionariamente nació como una idea hace más de una década ya, como una manera de acompañar los trabajos, entonces de la reforma de 2007, y que han hecho de este núcleo de reflexión un punto de referencia en materia democrática y en materia electoral.

Permítanme, en esta intervención he preparado un breve texto.

Hacer, porque estoy convencido que es indispensable cuando se piensa, cuando se repiensan las reglas del juego, particularmente las reglas del juego democrático, hacer un ejercicio retrospectivo, porque si uno no comprende de dónde venimos es difícil entender las razones, y en ocasiones, las complejidades del diseño institucional y procedimental, normativo que hoy tenemos, y mucho menos, es factible delinear una estrella polar que nos permita orientarnos hacia dónde queremos ir.

Perder de vista los últimos 40 años de construcción del sistema democrático es simple y sencillamente renunciar a la brújula que resulta indispensable, para que los tiempos turbulentos, que aquejan hoy a las democracias del mundo, no acabemos orientándonos en una deriva que nos lleve en contra sentido al fortalecimiento del democrático, y peor aún, en una ruta que nos lleve al agotamiento y erosión de lo que tan difícilmente, de manera tan compleja hemos logrado construir.

Este ejercicio de retrospectiva histórica nada tiene que ver con el que hacía hace unos momentos Pedro Salazar, que tiene que ver más con una cuestión personal y emocional que se engarzó, sí, desde hace ya 25 años con el proceso de transición a la democracia.

La transición a la democracia en nuestro país es un caso de éxito a escala internacional, que no puede desligarse de las reformas político electorales aprobadas de 1977 a 2014, y que le dieron curso y rumbo.

Las normas e instituciones surgidas de este proceso de reformas permitieron, no sólo transformar el régimen de partido hegemónico en un sistema de partidos plural y crecientemente competitivo, como el que hoy tenemos, sino que ha garantizado las condiciones para que las mayorías y las minorías, otrora excluidas, participen de manera incluyente en la toma de decisiones de nuestro país y que, cualquier fuerza política mínimamente representativa pueda triunfar o perder en las urnas.

Desde la reforma política de 1977, en las que, derivada de aquel parteaguas ominoso de la historia política del país, las elecciones de 1976, que difícilmente pueden llamarse democráticas si pensamos que una democracia implica la posibilidad del voto libre y el voto libre, implica a su vez, la diversidad de alternativas entre el cual orientarlo, y que en 1976 nos llevaron a tener una sola opción política para la Presidencia de la República, ha implicado, desde entonces, que cada una de las reformas han mejorado paulatinamente los procedimientos de la organización electoral y han fortalecido el carácter incluyente, plural y representativo de la democracia mexicana.

Aquella reforma, de hace ya más de 40 años, abrió una vía legal para que las fuerzas políticas hasta entonces excluidas, fueran incorporadas a la arena institucional de la política, y gracias a la Representación Proporcional, esa tan denostada, tan vapuleada, y contra la que periódica y permanentemente se dirigen los obuses del partido en el gobierno, MORENA no es la primera fuerza que hoy ha planteado una reducción o eliminación de la Representación Proporcional, lo hizo el PRI hace apenas un par de años cuando era gobierno, y lo hizo el PAN hace 10 años cuando era gobierno.

Cuidado con esas tentaciones, porque los gobierno, como nos enseña la historia reciente en democracia van y vienen, y siempre hay que pensarse, desde la lógica desde la propia oposición, desde la lógica del desaventajado en las condiciones democráticas, pensado en que el juego en esas condiciones siga siendo aceptable.

Gracias, decía, a la Representación Proporcional el Poder Legislativo se ha abierto paulatinamente a la pluralidad ideológica.

Muchas veces se pierde de vista ese detalle que es fundamental y definitorio en una democracia, democracia significa que todos jueguen y todos sean tomados en cuenta. La palabra de orden de una democracia es, desde este punto de vista, inclusión y participación de la diversidad política e ideológica. En muchos sentidos esta es la esencia de la democracia.

Lo mismo ocurrió después de que la crisis política de 1988, cuando la oposición demandó una reforma que permitiera elecciones libres y equitativas, José Agustín sabe perfectamente a qué me refiero porque ha sido un protagonista fundamental de ese proceso de empujar desde la sociedad, desde la oposición, mejoras democráticas de mayor inclusión y garantías de juego equitativo.

Esa elección de 88, que implicó que la oposición demandara una reforma que permitiera elecciones libres y equitativas, señalar, trajo como consecuencia la reforma de 89-90 que respondió ese reclamo con un nuevo diseño institucional que dio paso a la creación del Instituto Federal Electoral, del Tribunal, entonces, Federal Electoral.

Desde 1994, año en el que, México vivió abrumado por la violencia política y enfrentó elecciones marcadas por la inequidad, pocas veces antes vista, 85 centavos de cada 10 pesos -perdón- de cada peso, fueron erogados por el partido en el gobierno. La actitud de miras de los dirigentes políticos de entonces, ahora (inaudible) recordábamos, y María siempre lo ha dicho, qué envidia participar en aquellas discusiones en las que participaban, por un lado, Muñoz Ledo, por otro lado, Castillo Peraza, y por otro lado, Santiago Oñate, que en 96 se pactara una nueva reforma que consolidó el carácter ciudadano del IFE, reconoció la autonomía constitucional de la autoridad electoral, y estableció mecanismos para darle transparencia y equidad al financiamiento de las campañas.

En 2007, tras una nueva crisis política generada por algunos excesos e inequidad en el uso de la radio y a televisión, y la no aceptación de los resultados por parte de uno actores principales, los partidos impulsaron una reforma que estableció un nuevo modelo de comunicación, vigente hasta nuestros días y, quiero subrayarlo y decirlo de manera enfática, cuya pertinencia y funcionalidad se refrenda elección tras elección, y nuevas reglas para garantizar la certeza en el cómputo de los votos, que tal vez valiera la pena revisar.

Por cierto, como nunca se han recontado votos en los últimos 10 años, a partir de las nuevas reglas, que implican que en los cómputos distritales puedan abrirse paquetes, y lo que diez años nos enseñan, es que los recuentos no cambian nada, los ciudadanos, esos ciudadanos aleatoriamente escogidos, que en la noche la elección cuentan los votos de sus vecinos, son hoy, y diez años de recuentos distritales lo pueden constatar, la mejor garantía de que los votos se cuentan de manera imparcial cierta y objetiva.

¿Errores? Después de una larga Jornada puede haber, y tener previstos los mecanismos, sobre todo en aquellas elecciones que se resuelven por uno o dos votos como en algunas elecciones municipales, el recuento de los votos es pertinente. Pero dado que se habla de ahorro, ¿saben ustedes cuántos paquetes electorales de la elección Presidencial en 2018 volvieron abrirse y recontarse? Ojo, una elección Presidencial en donde el ganador, aventajaba al segundo lugar, aventajó al segundo lugar con más de 30 puntos porcentuales, el 74 por ciento, tres de cada cuatro votos volvieron a contarse, con las reglas que hoy tenemos, y ¿saben qué cambió? Nada, como ha venido ocurriendo, por cierto. Y eso implica: cuatro días de desgaste, de contratación de un ejército ciudadano que evidentemente cuesta dinero, pero que ha sido producto de la desconfianza.

Y, finalmente, la Reforma de 2014 que fue la respuesta a la queja generalizada, de que las autoridades y poderes locales influían de manera indebida en los comicios, esta reforma configuró un nuevo modelo electoral de carácter nacional, para que la experiencia acumulada de la autoridad federal contribuyera a estandarizar las condiciones y competencias en el ámbito subnacional.

El IFE se trasformó en INE, se crearon los Organismos Públicos Locales Electorales y se robusteció el sistema de fiscalización de los recursos empleados por partidos y candidatos que colocan a la fiscalización en México, y lo digo sin tapujos, esto me llevó en algún momento a un diferendo con un intelectual al que no solamente estimaba, por su trayectoria, sino hasta el punto de vista afectivo, Arnaldo Córdova, cuando dije, y los sostengo hoy, que el mejor sistema de fiscalización en el mundo es el mexicano.

La virtud del desarrollo de la democracia mexicana y el motor de lo que se ha llamado la mecánica del cambio político, ha sido mejorar con cada reforma, aprender del pasado, perfeccionar los procedimientos existentes, fortalecer lo que funciona bien y siempre avanzar en una lógica de inclusión y de expansión de derechos. En dos palabras, el objetivo que debe tener en mente toda reforma electoral es, no retroceder.

La configuración de nuestro sistema electoral ha posibilitado que las reformas abran un espacio de reflexión para subsanar deficiencias, eliminar antinomias legales o solventar los principales cuestionamientos que se evidenciaron en los procesos electorales previos, y aquí el trabajo, tanto de la jurisdicción electoral como de la interpretación a la que estamos obligados las autoridades electorales administrativas y la función reglamentaria que tenemos encomendada, ha servido precisamente para que esas normas no se queden desfasadas, para que principios constitucionales como el de la paridad, efectivamente, se traduzcan en casos concretos, entre otros puntos.

La regla de oro de las reformas, ha sido, además, y no hay que perderlo de vista, menos cuando estamos en un inédito contexto de mayorías pre configuradas producto de los resultados de las urnas, otra cosa ocurrió en el pasado, hay quien dice que la mayoría que hoy tenemos es una vuelta al pasado, no es cierto, esta es la primera mayoría constituida con reglas claras y con condiciones equitativas que en el pasado no se tenían. El contexto es distinto pero las mayorías existen, y más vale que cuando hay mayorías recordemos este consejo que ha articulado y que ha sustentado todas las reformas electorales en el pasado.

Y es que la regla de oro de esas reformas ha sido, además, el acuerdo de las fuerzas políticas en torno a los cambios propuestos, el consenso de los jugadores respecto de las reglas del juego, es indispensable, de otra manera estaríamos sentando las bases de un futuro problema y de futuras impugnaciones como ya lo vimos en el pasado.

No es nuevo el reclamo de que las reglas del juego, no son reglas que permitan un juego democrático. No avancemos retrocediendo en ese sentido.

Hoy, es indispensable recordar también los ejes a través de los cuales se articularon las reformas que permitieron el tránsito a la democracia. Por cierto, bajo una premisa, hay quien sostiene que el 1° de julio México llegó a la democracia, yo sostengo al contrario que lo que ocurrió el 1° de julio probablemente será el inicio de una nueva época política para el país, ojalá, el país lo necesita, pero el 1° de julio es el punto de llegada, no el punto de partida de la democracia mexicana.

Si el 1° de julio tuvimos las elecciones más grandes, más complejas, pero también las más explicadas y las más libres de nuestra historia, coincido con lo que decía José Agustín Ortiz Pinchetti, es porque las condiciones, producto de las reformas previas, estaban dadas para que ello así ocurriera.

La certeza son los puntos en los que no hay que claudicar ni retroceder. La certeza; es decir, la creación de garantías legales e institucionales para que los votos se cuentan bien y cuenten efectivamente, la equidad, es decir, la garantía de condiciones de competencia mínimas para que la misma sea equilibrada.

La autonomía de las autoridades electorales; es decir, el carácter ciudadano y la independencia de las autoridades y los órganos electorales en su función de arbitraje y la pluralidad; es decir, la existencia de reglas y procedimientos que han promovido y garantizado la expresión política de un México que es plural y diverso y su efectiva representación en las instancias legislativas y de gobierno, son puntos que no pueden verse afectados por ninguna reforma y que ningún principio, por bien intencionado que sea, puede vulnerar.

De cara a una posible reforma, promovida, por cierto, esta vez desde la fuerza política mayoritaria, o por un sector más bien, del partido gobernante. Ya me pidió Yeidckol Polevnsky que no dijera que es la iniciativa de MORENA, porque dijo esa es la iniciativa de un diputado. Está bien, de un diputado de MORENA.

Vale la pena preguntarse cuál es el propósito de una eventual reforma. Cuáles son los aspectos que queremos mejorar de las reglas del juego democrático que nos hemos dado, si a diferencia de otros momentos, como ya se mencionaba, después de 2018 y agregaría –José Agustín- también de 2019, no ha habido quejas relevantes por parte de ninguno de los contendientes.

Más aún, en los últimos cinco años hemos vivido el periodo de mayor alternancia en la historia democrática del país. El índice de alternancia en las elecciones locales, municipales y federales ronda el 60 por ciento; es decir, en los últimos cinco años, las posibilidades de que el partido que gobierna un municipio, que detenta una diputación local o federal, que gobierna un estado, pierda la elección en la siguiente ronda electoral, es del 60 por ciento y la posibilidad de que repita es sólo del 40 por ciento.

Y no hay un solo beneficiario, por cierto, de este intensísimo periodo de alternancia electoral que, digo yo, es la mejor prueba de que el voto se respeta y es el que define quién gana y quién pierde en una elección.

Bueno, si esto es así, ¿qué es lo que queremos mejorar? Pregunto, ¿el discurso austeridad justifica cualquier cambio? Entendiendo que austeridad significa, de acuerdo con el diccionario, no lujos ni dispendios innecesarios y nadie está en contra de procurar eso. Nadie sensato, al menos.

El discurso austeridad justifica cualquier cambio, incluso aquéllos que podrían poner en aprieto a un sistema electoral que sí funciona. ¿Justifica el alterar esos cuatro principios básicos que, digo yo, deben ser inalterados, porque son las conquistas de 40 años de transición democrática?

Las reglas y los procedimientos que dan certeza, las condiciones de equidad en la competencia electoral, la autonomía de las autoridades electorales y la representación, los mecanismos de representación del México plural y diverso que hoy vivimos.

Reducir los costos de las elecciones no debe ser sinónimo de refundar nuestro sistema electoral. Un sistema, no me canso de decirlo, que sí funciona y que, aunque es, sin duda, perfectible, es a nivel internacional reconocido ampliamente.

Minar las reglas, los procedimientos y las instituciones que construimos para inyectar certeza, romper las condiciones de equidad, distorsionar la representación política y vulnerar la autonomía de los organismos electorales por un tema de costos, es no tener claras las prioridades.

Proceder así podría abrir la puerta a un pasado ya superado. Un joven intelectual, hace poco se extrañaba de que en México las autoridades no las organizara como en otros países del mundo, como en otras democracias del mundo, el gobierno, y decía: pues en Inglaterra, en España, en Francia, las organiza el gobierno. Lo cual demuestra bastante ignorancia, porque son agencias con un grado de independencia, aunque están adscritas al Ministerio del Interior. Me daban ganas de decir a este joven intelectual, por eso sirve la historia, de ahí venimos y allí estaba el principal problema hace 30 años.

Vuelvo a insistir, nadie está en contra de la austeridad, pero es imperativo cuidar la certeza, preservar las garantías de equidad, garantizar la autonomía de la autoridad y consolidar los mecanismos de inclusión y de representación de nuestra pluralidad y mantener en ese sentido la ruta incremental en el ejercicio de los derechos ciudadanos, así lo han demandado ya la mayoría la mayoría de las fuerzas políticas del país.

¿Ahorros se quieren? Provocatoriamente hemos puesto sobre la mesa dos temas desde el INE: Urna electrónica, que por cierto María Marván ha promovido desde hace mucho tiempo, hay muchos países, incluso países desconfiados como el nuestro, como Brasil o la India que exitosamente han instrumentado la urna electrónica y que nos traería ahorros sustantivos en esta materia.

Claro, el promotor de la reforma me dijo: ni pienses en la urna electrónica, porque no va a generar confianza y por lo tanto no conviene adelantarnos. ¡Ah verdad, que la confianza es importante! Que la certeza es importante, que los ahorros no son el principal valor en materia democrática, aunque nadie puede estar en contra de preservar, sin duda, el valor de la economía y de la posibilidad de destinar recursos a los principales problemas del país. El problema es que no se vale tapar un hoyo abriendo otro y que justamente nos ha costado 40 años taparlo.

Hoy podemos decir que nuestro sistema electoral funciona y funciona bien, sin duda es mejorable y perfectible, pero quiero ser enfático en una cosa: si no hay una reforma electoral no nos va pasar nada. Con las reglas actuales podemos perfectamente, con las condiciones de certeza, de equidad, de vigilancia, de garantías al voto libre que hemos logrado construir, avanzar hacia las elecciones de 2021.

Siempre es perfectible el sistema electoral, siempre es conveniente afinar reglas. El Magistrado Fuentes ha señalado aquí un punto con el que hay una absoluta coincidencia de parte, al menos de mi persona, simplifiquemos el sistema electoral, pero es un sistema que ya conocemos, es un sistema que se ha demostrado factible y es un sistema que nos ha proporcionado el periodo de mayor intensidad y recreación de la pluralidad política de nuestra vida democrática.

Es decir, hoy los problemas están en otro lado. No gastemos esfuerzos si no hay consensos, no dinamitemos esa base de convivencia que es indispensable para enfrentar, en conjunto, los grandes problemas nacionales que nos aquejan desde dentro y desde fuera: la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad y un vecino que cada vez que enciende su teléfono celular nos pone a temblar. Conjuntamente y, no creemos, digámoslo así, sin necesidad, áreas de disrupción como aplicaría una reforma electoral.

Termino, una reforma electoral debe cuidar que las condicione que hoy tenemos prevalezcan y se mejoren, sin lugar a dudas.

Debe garantizar que las reglas sigan siendo aceptadas por todos los contendientes y que se mantengan vigentes los principios de certeza, equidad, autonomía y transparencia.

Una reforma electoral no debe improvisarse, ni mucho menos imponerse. Estamos hablando de las reglas del juego democrático y de la disputa visibilizada por el poder.

En esto se requiere, además, de una profunda deliberación; el acuerdo de todas las fuerzas políticas y un amplio consenso con la sociedad.

Por eso celebro que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios convoque a este seminario que, estoy seguro, servirá para reflexionar con profundidad y seriedad, como siempre ocurre en este recinto académico, sobre una posible reforma y el futuro inmediato de nuestro sistema electoral que será también, no hay que olvidarlo, el futuro de nuestra democracia.

Gracias.

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