VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL 8° FORO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE CONTRALORES DE INSTITUTOS ELECTORALES DE MÉXICO A.C., REALIZADO EN EL IEE BCS
Bueno, yo quiero comenzar agradeciéndole a todos ustedes su presencia, muy buenos días tengan todas y todos.
Y por supuesto, la generosa invitación, la reincidente invitación de la Asociación de Contralores de Institutos Electorales del país, a Ramón Guluarte, su Presidente, y por supuesto, a nuestra anfitriona, la Presidenta del Instituto Electoral de Baja California, la maestra Rebeca Barrera, a todas las y los consejeros del propio Instituto, y a todos ustedes en general.
Nuestra Vocal Ejecutiva, Presidente en receso del Consejo Local del Instituto. A los compañeros también del propio INE y del Instituto Electoral la generosidad. Creo que hasta comenzar con una aclaración, es toda responsabilidad mía y producto de un abuso de la confianza que espero que no sea mal interpretado porque justamente cuando Ramón me había hecho la invitación para estar con ustedes en esta reunión, digámoslo así, de los titulares de los órganos de control de los órganos electorales del país, digamos, casi de manera natural y en medio de la vorágine pues a la que ya el sistema nacional de electorales, perdón, electoral, mete al Instituto Nacional Electoral, alguien, ahora, por cierto, en tiempos hay mucha vorágine y hay que hacer cambios y qué se yo.
Una de las reformas que se han venido planteando es la fusión de dos estructuras del Instituto Nacional Electoral, de la estructura de Capacitación y la estructura de Organización, porque se dice, es que son estructuras que se duplican cuando nos hay elecciones.
El problema es que desde hace cinco años no hemos parado de hacer elecciones, ¿no?, hay elecciones ahora y cuando terminen estas, bueno, no está mal plantearlo con los colegas del propio Instituto, tendrán vacaciones dos semanas, ¿no?, y después vamos a arrancar los procesos electorales del siguiente año, y cuando terminen aquellos ya vamos a estar metidos conjuntamente con los Organismos Locales en las elecciones intermedias de 2021, que van a ganarle, temo decirles, a las del 18, como las elecciones más grandes de la historia.
Cada vez que hay elecciones seguimos diciendo esto, y alguien siempre dice, pero oigan ¿pero no eran las pasadas? Sí, lo que pasa es que el Padrón Electora crece entonces cada elección sigue siendo o se convierte en la elección más grande de la historia, y esa es la historia del sistema nacional de elecciones.
Así que, en medio de esa vorágine, cuando rebotaba con Ramón cuál podría ser un tema indicado pues dije, bueno contralores, pues el INE es el responsable de la fiscalización nacional, les voy a hablar de la fiscalización.
Y preparando mis notas para esta mañana yo decía, híjole, hace unos días dije, pero de fiscalización ya está muy gastado y, además, la fiscalización en estricto sentido, pues sí, tenemos contadores que participan en la fiscalización, hay una dimensión contable en la fiscalización, pero pues le voy a hablar a los titulares de los órganos internos de control, entonces de qué mejor, y la verdad me tomé una licencia, así que pido comenzar con una disculpa en ese sentido, y espero que esto no provoque una desbandada y un vacío absoluto de salón en los próximos minutos. Si es así lo comprendo y con toda confianza el sol está riquísimo, la vista de la bahía está fantástica, así que, de veras, sin rencores, ¿no?
No, lo que quiero decir simplemente es que creí que es, que resultaría mucho más pertinente hablar de un tema sobre el que, desde hace cuatro años hemos venido recurrentemente tomando cartas, hemos venido construyendo, por cierto, de manera muy similar o concurrente a la construcción del sistema nacional anticorrupción, y que tiene que ver, creo, justamente con la labor en dimensiones distintas y a partir de responsabilidades diferentes que cumplen con nuestros órganos internos de control, y que tiene que ver más bien con el de los procesos de responsabilidades, que a partir del nuevo modelo electoral, con la lógica, digamos, de integración, no sencilla, difícil muchas veces de entender, que la reforma de 2014 implicó para los OPLEs con el INE, pues ha tenido que irse poco a poco construyendo.
Así que, si ustedes no tienen inconveniente, así como ustedes, como titulares de los órganos internos de control son los responsables de vigilar, no solamente los adecuados manejos administrativos, sino también, el cumplimiento de los procedimientos y de las distintas responsabilidades en los órganos electorales del país, pues hay un tramo de conexidad entre la tarea que ustedes realizan y la que estamos llamados a realizar desde el Instituto Nacional Electoral, desde el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y tiene que ver también con el régimen de responsabilidades, no de la totalidad de los funcionarios de los OPLEs, pero sí con aquellos funcionarios que a la luz de la reforma hoy son designados precisamente por el Consejo General, y respecto de quienes el Consejo General tiene eventualmente la facultad de remoción. Es decir, los integrantes de los Consejos Generales de los organismos que ustedes auditan y que ustedes supervisan en su función, entiendo.
Aquí no sé cómo funciona, les pido que vaya cambiando o… ¿sí? Bueno, vamos cambiando.
Agradezco que no haya habido una desbandada, estaba haciendo una pausa para ver si se salían, pero, en fin, eso quiere decir que algo, tal vez fue atinada, digamos, el cambio abusivo y no avisado, bueno, sí le avisé a ramón hace dos horas, ¿no?, que iba a cambiar el tema, digamos del título y digamos del objeto de la charla.
Miren, el tema de la responsabilidad, además creo que es un tema particularmente importante y mucho más propicio que el de la fiscalización, que es un tema no digo ya visto, la fiscalización, déjenme solamente decir esto, está en un constante proceso de revisión. De hecho, estamos desde el INE trabajando, y con esto me callo eh, no voy les voy a volver a cambiar la jugada y voy a volver a lo de la fiscalización.
Estamos en un proceso para tratar de que la auditoría, digamos, que la construcción de los informes de los partidos políticos se haga de manera automatizada, y con esto eliminar gran parte de las sanciones que hoy se les imponen y que tienen que ver con faltas formales, digamos para entrar en la sustancia. Creo que el problema de fiscalización no estamos un tanto a las formas, sino precisamente evitar eventuales actos de corrupción y de malos manejos financieros.
Dicho eso, creo que parte de los grandes problemas nacionales que enfrentamos tiene que ver justamente con el tema de las responsabilidades. Cuando a mí me preguntan, ahora lo acaban de hacer los compañeros de la prensa, cuáles son, desde mi punto de vista, los problemas estructurales del país, simpe contesto que, no sólo, pero esencialmente, son los de pobreza, los de desigualdad que lastima a una sociedad en donde el tema de la justicia social lamentablemente sigue siendo todavía un ominoso pendiente de la gran promesa, que en este sentido implicó, tanto la Revolución mexicana como la Constitución del 17; pero también el tema de corrupción y de impunidad, además del de inseguridad.
Y creo que el tema de responsabilidades de los funcionarios públicos se escribe justamente con este tercer y cuarto problema estructural, es decir, el de la corrupción y el tema de la impunidad.
Ustedes saben que la construcción del sistema electoral pasó en los últimos 30 años por construir condiciones de confianza, no sólo en los actores políticos, sino también, de la ciudadanía hacia cómo se organizan las elecciones, cómo se gestionan los procesos electorales.
Y parte de la construcción de esa confianza se centra, no solamente en el hecho de que las elecciones se realicen de manera libre, de manera cierta, de manera clara para inyectar confianza justamente en los procesos electorales, en las contiendas electorales y en sus resultados, sino también en el hecho de que no haya esferas de opacidad en el ámbito regional, y el tema de la responsabilidad de quienes cumplimos las funciones electorales, todos, desde quienes tomamos las decisiones, hasta los técnicos operativos, es fundamental en este sentido.
Porque al final, y es particularmente complicado y sensible, porque al final la disputa por el poder político en una democracia, así como es central, vertebral, es también tan delicado.
Que un órgano electoral, déjenme ponerlo así, que un órgano electoral que es absolutamente fiel y puntilloso en el cumplimiento de todos los procesos, reglas, criterios para organizar una elección; es decir, un órgano electoral que realiza una elección impecable y tiene en su interior un problema de opacidad o de corrupción echa a perder todo el proceso electoral.
Es decir, es tan delicada la función electoral que creo que no hay órganos en el Estado Mexicano, que somos por un lado tan auditados, pero, por otro lado, estamos tan al centro de la atención, porque cualquier falla, incluso que no tenga que ver estrictamente con la función electoral, puede acabar siendo un problema en esta función para la que estamos constituidos, que es la función electoral.
Y, además, y no lo digo como un reclamo, lo digo simple y sencillamente como un dato de hecho, es decir, y no estoy diciendo que esté bien o esté mal. No estoy diciendo que los partidos políticos o que los actores políticos explotan cualquier tipo de oportunidad o de elemento para poder sacar raja a su favor.
O más, bien, digo esto no bajo una lógica de un juicio moral. Digo, la moral y la política, sí está bien que habría que haber conductas y lo que se quiera, pero así no se va a arbitrar una elección mal. La elección se arbitra conforme a la ley, y es normal, no estoy diciendo que sea bueno o malo, no soy quien, para poder emitir juicios de valor en este sentido, pero es normal que los partidos políticos procuren y utilicen cualquier elemento a su alcance que los actores políticos, no sólo los partidos, procuren y utilicen cualquier elemento a su alcance para verse beneficiados en una contienda electoral.
Y esto vuelve particularmente delicada a la función electoral. En la función electoral, insisto, ya no solamente lo que tiene que ver con cómo organizamos las elecciones, cómo aplicamos las leyes electorales para darle a la ciudadanía condiciones para el ejercicio de un voto libre. Cómo interpretamos y decidimos para que las comisiones de equidad que prevé la Constitución sean las que rigen, las que regulan, las que prevalecen durante las contiendas electorales, sino también en nuestros manejos internos.
Porque estamos permanentemente escrutados. Si un día de un fin de semana nos vamos y senos pasan nuestras cervezas en ejercicio de nuestra libertad, de nuestro derecho humano de emborracharnos si quisiéramos, y lo hacemos en un mal momento pues ponemos en riesgo la propia función electoral.
No es un asunto sólo de reglas, es lo que quiero decir. Sino un asunto de un escrutinio público y de asumir la enorme responsabilidad que muy probablemente no comparte ningún otro funcionario público, precisamente por lo delicado de nuestra función.
Y lo reivindico, eh, emborracharse es un derecho, humano incluso, y en todo caso cada quien lo ejerce o no lo ejercer. Lo que estoy diciendo no es eso, sino que nosotros no podemos ni siquiera, y no debemos, ni siquiera en nuestros ámbitos internos, tomar decisiones y tener comportamientos que eventualmente pueden poner en riesgo la elección.
Es decir, es algo que es parte de lo delicado de la función electoral. Y probablemente no haya otra función pública tan delicada desde este punto de vista como la que nosotros cumplimos. Por eso, creo que en los tiempos que corren particularmente, es particularmente importante reflexionar y, sobre todo, ante la corrupción y la impunidad como un gran problema estructural de los que flagelan el país ser nosotros justamente, así como nos hemos convertido en órganos de excelencia técnica como a través del Servicio Profesional Electoral Nacional un punto de referencia delo que significa el servicio civil de carrera, y a través de nuestro trabajo y las elecciones que hemos organizado hoy ser un punto de referencia a nivel internacional.
Yo creo que no hay temasen los que en México tenga tanto prestigio internacional como la cuestión electoral. Y aquí aprovecho para hacer un anuncio del que estoy muy orgulloso. La próxima semana el Instituto Nacional Electoral va a firmar un convenio con la así llamada Comisión de Venecia, que es el órgano de la Unión Europea para la promoción de la democracia en legalidad, mediante el cual el INE se va a convertir en el órgano de asistencia técnica electoral de la UNIORE.
No porque les vayamos a hacer elecciones a los europeos, ahí, digamos, si nosotros hiciéramos como los europeos este país no existiría. Allá las elecciones están fundadas en la confianza y acá están fundadas en la desconfianza, pero evidentemente la Unión Europea tiene una serie, digamos, esferas de influencia y de preocupación que son sus fronteras, por lo cual es una confederación de estados que está promoviendo prácticas democráticas, elecciones libres y transparentes en las zonas, digámoslo así, más inmediatas de su afluencia. Pienso en el norte de África, pienso en Europa, perdón, en Medio Oriente, pienso en Europa del Este.
Bueno, cuál es el órgano técnico que está ayudando hoy a la Unión Europea y, por cierto, también bajo el amparo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Región Árabe, por ejemplo, para dar asistencia electoral a Túnez, que es, digámoslo así, la punta de lanza del proceso de democratización de los países de la así llamada Primavera Árabe, es el INE.
Y buscan a vernos a nosotros. Lástima que eso no está necesariamente, digámoslo así, correspondido en términos de la confianza en nuestro país, pero eso es parte de la historia que tenemos todos los días que ir reconstruyendo.
El punto que quiero decir es que, si hemos logrado estos niveles de excelencia técnica, profesional y de reconocimiento internacional, pues justamente eso no puede, tiene que obligarnos, digo yo, a ser también en este sentido una punta de lanza en el Estado mexicano, órganos de referencia en el Estado mexicano en todo lo que tiene que ver con ese gran problema, ese gran flagelo que lastima y justamente enoja a nuestra sociedad, que es la corrupción y la impunidad.
Es decir, en términos de transparencia y de rendición de cuentas estos creo que tienen que ser órganos absolutamente prototípicos, paradigmáticos e intransigentes en el cumplimiento de las normas.
Eso, perdónenme que me haya extendido por la razón de ser fundamental del cambio de la inversión del tema en la plática de esta mañana. Voy hacia adelante. La reforma 2014 como ustedes saben fue un quiebre que cambió radicalmente el modelo de hacer elecciones y de la gestión electoral en nuestro país.
La lógica de la coexistencia de 33 sistemas electorales, uno en cada estado más el sistema electoral federal, sistemas que, si bien tenían algunos puntos de conexidad como, por ejemplo, en los últimos 30 años , salvo Baja California durante mucho tiempo, usamos el mismo Padrón Electoral, desde que se instrumentó el modelo de radio y televisión el INE gestiona el acceso a la radio y la televisión de los partidos y delos órganos electorales con independencia de que estemos hablando de elecciones locales o federales.
Sí, ya había algún, digamos, mecanismos de colaboración, pero la reforma 2014 rompe el modelo, y pasamos de esa coexistencia de un sistema de 33 modelos electorales a un único sistema de carácter nacional. Y esto trato como consecuencia, o tuvo el propósito de, digámoslo así, homologar los criterios, los procedimientos, las reglas de cómo se realizan elecciones.
Tanto en las federales como en las locales en el país, como estandarizar las condiciones con las que las elecciones mismas, la disputa por el poder político ocurría. Y, además, no es un asunto menor, y esto entro ya en materia, procurar evitar o acotar la posible indebida injerencia de los entes políticos, de los actores políticos, de los actores económicos, en la propia organización de las propias elecciones. Yo no estoy diciendo que esto sea así, estoy hablando lo que fue la narrativa de la reforma 2014.
Y bajo esta premisa constituir un sistema nacional de elecciones el blindaje frente a esa intromisión indebida, o potencial intromisión indebida se asumió, pasa por el proceso de nombramiento de los titulares de los órganos electorales de los estados.
Con lo que la reforma 2014 rompió esa tradición mediante la cual eran los congresos locales a través de distintos mecanismos, en un principio propuestas de los grupos parlamentarios, en algunos otros casos, digamos, propuestas que incluso involucraron a universidades y a centros de estudios para poner candidaturas, pero en todo caso eran decididas a través de una decisión política, es decir, un voto en el congreso, que es un órgano político de cada entidad.
A un modelo en el cual, a los titulares de los órganos electorales, a las y los consejeros de los órganos electorales de los estados se les designaba mediante un procedimiento asimilado al del Servicio Profesional Electoral del otrora IFE, por parte del Consejo General del INE.
Es decir, pasa de ser, o se pretendió que el nombramiento pasara de ser evidentemente político a un nombramiento evidentemente técnico, para decirlo de alguna manera.
Vamos a la que sigue por favor.
Y esta facultad de nombramiento trajo también como consecuencia la introducción de una inédita facultad de remoción por parte del propio Consejo General del INE. Es decir, la nueva premisa es que el INE nombra a través de su Consejo General a las y los consejeros y, eventualmente, es el responsable de removerlos.
La ley y la Constitución no dicen mucho más, cuando se habla de la remoción de los consejeros, eventualmente de algún consejero, alguna consejera en el ámbito local la Constitución sí establece en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sí establece las condiciones para que ello ocurra.
Y la condición esencial es que haya alguna vulneración, alguna violación, alguna falta de cumplimiento grave de alguno de los principios electorales de la función electoral, de los principios rectores de la función electoral.
Por cierto, esos principios rectores se vieron añadidos, se vieron adicionados con la propia reforma 2014, incorporando en este sentido el de la máxima publicidad, esos principios valgan la obviedad y redundancia, son los de Certeza, es decir, la claridad, transparencia, previsibilidad de los actos y de las decisiones que toman los órganos electorales; el de legalidad que es el estricto apego a las normas y los principios legales, el de independencia, ya sé que me van a decir oiga pero ¿por qué le puso autonomía?
Es más bien para una cuestión explicativa, ya sé que el principio de constitucional es independencia, pero creo que para su mejor comprensión hay que dividirlo en dos dimensiones, el principio de independencia tiene dos, digamos dos destinatarios, la independencia de los órganos electorales tiene que darse frente a los actores políticos, pero también frente a los gobiernos.
Y es mucho más fácil explicar ésta dualidad del principio de independencia, hablando independencia y autonomía, porque la independencia es estricto sentido es la que se da frente a los actores políticos, frente a las partes que contienden por el poder político, mientras que el principio de autonomía es principio que se da frente a los distintos poderes políticos.
Esencialmente gobiernos, pero también digámoslo así, me atrevería a decir, hasta otros grupos de interés o de presión que pueden ser económicos o ideológicos, no necesariamente políticos. Pero independencia frente a los actores políticos que son nuestros sujetos regulados y autonomía frente a los otros órganos de poder. Cada quien aquí me puede decir bueno, pero también la autonomía tiene que tener su propio blindaje y en esas estamos.
Por primera vez el Instituto Nacional Electoral en su historia está pidiendo una ampliación presupuestal para poder cumplir con sus obligaciones legales, ya en el 2014 habíamos pedido una ampliación porque la propia reforma constitucional nos había mandato a ello, porque el IFE, digámoslo así, o al revés el INE creció respecto del IFE por mandato constitucional. Nuevas áreas se crearon, nuevas responsabilidades de incorporaron, etcétera y entonces se estableció pues que se haga por parte del propio órgano electoral nacional un análisis de cuánto dinero adicional requieren, recuerden que la reforma no ocurrió de un año presupuestal a otro, sino a medio ciclo presupuestal.
El INE nace el 4 de abril, por lo tanto, nace con el presupuesto heredado del IFE y que se había planteado, no para convertirse en INE, sino para cumplir sus funciones ordinarias; bueno, en ese entonces se pidieron solamente poco menos de 150 millones de pesos, bueno hoy estamos, en un primer momento en el que estamos en un déficit presupuestal que no nos permitirá, de no ser subsanado, cumplir con el fin del año, llegar a fin de año, pero ya sé que algunos de ustedes me van a ver y dirán “¡ándele para que vea lo que se siente!” Porque es parte de la…no lo niegues Rebeca.
Pero eso es parte, lamentablemente de la realidad de los propios órganos electorales y, por cierto, algo que pone, una realidad que pone en riesgo la propia autonomía, por eso en muchos casos se ha planteado la necesidad de generar condiciones presupuestales desde las normas, que permitan justamente el ejercicio de ésta autonomía.
Pero cuando hablamos de autonomía aquí, como principio de la función electoral no estamos hablando de la defensa de la…no, estamos hablando no de la eventual-por la vía económica- merma de la autonomía, sino por el contrario, de la defensa de la autonomía de parte de quienes tienen que estar regidos bajo estos principios y por supuesto conducirse bajo los mismos.
Pero insisto, esta diferencia entre independencia y autonomía a pesar que están englobadas en el principio constitucional de independencia, ambas, es mucho más clara para identificar los destinatarios respecto a los que cada, digamos, cada ámbito específico tiene que plantearse. Independencia frente a los actores, autonomía frente a los poderes.
El principio de imparcialidad por supuesto que es indispensable en la función arbitral de una elección, el de máxima publicidad y aquí una anotación, que es más una sugerencia que otra cosa, cuando se habla de máxima publicidad estamos hablando de la lógica de transparencia y del respeto al derecho a la información que es un derecho fundamental de las y los ciudadanos, de las personas, pero yo creo que hay una dimensión que vale la pena siempre ponderar desde el ámbito electoral, esto lo he escrito en alguna ocasión y estoy convencido del hecho, de ese hecho.
Cuando…el principio de máxima publicidad, los órganos electorales no lo debemos entender solamente en el sentido de ser transparentes en nuestra gestión, aplicar el principio de rendiciones de cuentas que es responsabilidad e ustedes, en la previsión auditoria, observaciones y tareas de prevención de la gestión administrativa de los órganos.
No solamente tiene que ver con cumplir puntualmente el derecho o las solicitudes de información que en ejercicio del derecho a la información que nos presente el público, sino también tiene otra dimensión que tiene que ver no solamente con la dimensión, digamos de dejarse ver, sino tiene que ver una función que yo defino como pedagógica, pocas funciones son tan complicadas en la gestión pública, como la gestión electoral, más porque hemos hecho de las normas electorales una abigarradísimo sistema de reglas, criterios, precedentes, que no son muchas veces claros.
Bueno, a veces no son ni siquiera claros para los propios aplicadores de las mismas que somos los tomadores de decisiones en el ámbito electoral. Pues mucho menos para el ciudadano de a pie allá afuera. Y en el momento en el que esa comprensión no sea diáfana, ósea la compresión no solamente de lo que hacemos, sino de lo que decidimos y por qué lo decidimos, estamos en un déficit de credibilidad.
Es decir, porque además aquí juagamos en desventaja, porque los actores políticos, digámoslo a veces, hasta abusivamente, distorsionan el sentido de nuestras decisiones, y si nosotros no tenemos esa vocación explicativa, que con mucha frecuencia lo hacen y también con mucha frecuencia no tenemos esa vocación explicativa, nos colocamos en una zona, no solamente en una lógica de desventaja, sino en una zona de riesgo.
Yo he sostenido siempre que los órganos electorales debemos explicar. Y creo que el éxito de la elección de 2018 radica en gran medida en que fue la elección más explicada de la historia, sobre todo en un contexto profundamente adverso, que es esto, digámoslo así, de las llamadas fake news, o del contexto desinformación o que algunos han denominado incluso, post verdad.
Bueno, tan hicimos bien el trabajo, aunque por supuesto es mejorable, que en términos de desinformación y de combate a la desinformación a nivel global, se habla ya de dos modelos, el modelo de combate a la desinformación Francés, que es el derivado de las reformas que propuso el presidente Macron en finales del año pasado y que, la Asamblea Nacional aprobó en diciembre pasado, que es un modelo de criminalización; en Francia quien difunda una noticia falsa, quien la disemine, quien la replique y el medio a través, la plataforma a través de la cual esto ocurra son conductas criminales. Son delitos.
EL otro modelo es el nuestro Y nivel global se habla ya del Modelo mexicano, es decir, que el enfoque y la aproximación al problema es diferente. En el caso mexicano, lo que decidimos en 2018, exitosamente, aunque el desafío en esta materia es un desafío permanente, es combatir a la desinformación con información, y eso significa que los órganos electorales debemos que tener una vocación anticipatoria.
Eso es lo explica por qué, desde muchísimos meses atrás, pongo solamente este ejemplo, estuvimos insistiendo en qué podíamos y que debíamos esperar del Conteo Rápido o de los conteos rápidos, cuáles eran los posibles escenarios de los conteos rápidos, qué iba a ocurrir si se presentaba el escenario A o el escenario B, justamente como una manera de ir anticipándose y bajo una premisa que nos dejaron, perdón, parece esto una desviación pero me importa poner el punto, porque esto tiene que ver también con la funciones de los órganos internos de control, sobre todo después de que en 2017, encontramos que muchos de los problemas que habíamos enfrentado en las elecciones que eran absolutamente explicables, nos, digámoslo así, nos colocaron una difícil situación de entender que cuando uno explica un problema, en realidad no está explicando, sino está haciendo un control de daños.
Explicar significa anticiparse, y eso es algo que es indispensable en la función, en nuestra función porque en la medida en la que nos anticipemos a los problemas, vamos a inocular los problemas. Esa es exactamente la función preventiva que tienen los órganos internos de control. Un órgano interno de control, digo yo, pero aquí si me meto en berenjenales porque yo no…Bueno si soy, encabezo un órgano interno de control respecto de la función de los consejeros electorales locales, pero la función de un órgano interno de control, la gestión de un órgano interno de control es exitosa en la medida en la que no haya casos de corrupción.
No porque se sea opaco y se solape, sino porque la función primordial, así lo veo yo, de un órgano interno de control, que es la preventiva, efectivamente rinde efectos. Algo semejante pasa con las responsabilidades de los consejeros electorales a propósito del principio de máxima publicidad y, por supuesto, el principio de objetividad que significa, bueno tomar decisiones sin algún tipo de sesgo, pero, sobre todo, a partir de datos ciertos y no de subjetividades.
Estos son los principios respecto de los cuales. –pasamos a la siguiente, por fa- respecto de los cuales se pueden ejercer mecanismos, se pueden activar los mecanismos, digámoslo así, de rendición de cuentas respecto de los consejeros electorales a cargo del Consejo General del INE.
Creo que en este punto además hay un dato adicional, no nada más un asunto de cumplir con estos principios, creo que aquí la máxima de Max Weber, el economista y sociólogo alemán de principios del siglo pasado, es fundamental. Recuerden que Weber distinguía de dos éticas, así las llamaba él.
Es decir, dos guías de conducta, la que él llamaba la ética de las convicciones o ética de los principios, que quiere decir: actuar conforme a los principios, los valores, las convicciones personales.
Que es indispensable, pero también dice Weber, paralelamente existe otra ética, la ética de la responsabilidad, también llamada ética de las consecuencias. Es decir, el actuar ya no en este caso respecto de los principios personales, de los valores personales, sino valorando, ponderando, analizando cuáles van a ser las consecuencias de las decisiones que se toman.
Y aunque en un ejercicio aquí muy probablemente podríamos (inaudible) y es muy probable que todos ustedes, o que gran parte de ustedes, a la pregunta ¿cuál de las dos éticas debe regir nuestra conducta? Es muy probable que digan, la ética de las convicciones.
Yo siempre me digo, miren eso pasa cada vez que, justamente hoy hay concursos, hay una serie de entrevistas en el INE, porque estamos renovando algunos consejeros; yo vine para acá, así que están mis colegas haciendo las entrevistas, pero es típica la pregunta: ¿Oiga y por qué tenemos que confiar en usted para nombrarlo Consejero Electoral? Pues porque yo soy un hombre de principios o una mujer de principios y siempre me he guiado por mis convicciones, que son siempre positivas, democráticas, etcétera, etcétera.
Ésa ya me la sé ¿no? Es la de cajón. Es más, cuando me entrevistaron en la Cámara de Diputados siempre dije eso. La pregunta es, poniéndome del otro lado, porque ahora ya no soy el que está compitiendo, sino el que está entrevistando. Digo, ¿de veras por eso te tengo que nombrar Consejero Electoral, porque tienes principios, porque tienes valores; sin lugar a dudas los principios y los valores son indispensables en la vida, en la vida privada y en la vida pública, pero Max Weber decía que los funcionarios públicos tienen que regirse ante todo bajo la ética de la responsabilidad, más que con la de los principios.
Es todavía más complejo, lo que Weber nos decía es que las dos éticas deberían empalmarse, el escenario ideal es actuar con tus principios, tomar una decisión firme con tus principios, acorde con tus principios personales y que además sean decisiones que toman en cuenta las eventuales consecuencias que esa decisión implica.
Y hasta ahí a todo dar y es lo que todo mundo debe procurar, sobre todo cuando es funcionario público. Que la ética de mis propios principios coincida con la ética de las responsabilidades, pero cuando eres servidor público y esto no es posible; es decir hay una colisión entre la ética de los principios y la ética de las responsabilidades, Weber lo que dice es que no se equivoquen, debe prevalecer la ética de las responsabilidades.
Y hay muchas veces que, para cuidar al órgano, para cuidar la función electoral y, en última instancia, hasta para cuidar la estabilidad política y la paz pública, porque eso es lo que nosotros hacemos, la función electoral es la condición sine qua non para que haya gobernabilidad democrática y para que la gente no se mate en las calles.
Por cierto, nota al pie, cuando me dicen: oiga por qué dice que la elección del 2018 fue una elección exitosa. En tres palabras, en seis palabras, la respuesta es muy sencilla: porque la gente no se está matando en las calles. No sé si me pasé, creo que me pasé, pero bueno, seis, siete palabras; en menos de 10 palabras.
Ése es el gran éxito de la elección. A pesar de las tensiones, a pesar de la complejidad, a pesar de la violencia, a pesar de la violencia criminal que aqueja al país, logramos procesar esa enorme, inédita disputa política de manera pacífica y la gente está en paz, los problemas están en otro lado, no en las elecciones, pero eso es producto de que cada quien hizo, cumplió a pie juntillas sus principios, sí, pero, ante todo, es porque cada quien hizo su trabajo.
Precisamente con esa finalidad principal que es dar (inaudible). Y ésa es la finalidad de un servidor público, no es un asunto moral de los propios principios, esos asuntos se resuelven o, con el psicólogo, o con el cura, o con quien quieran. El asunto de la responsabilidad pública, yo sé que es complicado decirlo, ¿cómo? Porque todo mundo tiene sus principios; yo tengo mis principios.
No voy a hacer aquí un examen, ni volver esto una consulta colectiva, me equivocaría. Todos ustedes, en algún momento han tenido que tomar decisiones, no estoy hablando de legalidad, porque esa es la premisa, todas las decisiones tienen que ser legales, pero las decisiones legales a veces tienen dos interpretaciones.
Y cuando se está ante esa disyuntiva, a veces la ética y los principios nos lleva a hacia un lado y la ética y la responsabilidad nos lleva hacia otro lado. Hay muchas veces, miren, yo sé los colegiados son bien complicados, en los órganos electorales locales hay siete voluntades (inaudible) ponerse de acuerdo. Y cada rato oigo a presidentes, presidentes, consejeros, consejeras: qué difícil es, miren yo tengo un compañero que es muy difícil y no sé qué.
Miren, yo siempre les digo, a ver no se quejen, porque yo tengo que lidiar con 11. Yo incluido, no, yo soy uno de los 11, y tampoco soy fácil, pero al tomar una decisión, muchas veces tenemos que tomar decisiones que no nos gustan, pero que son indispensables para esa paz pública y aquí no nos pusieron para votar como nos gusta, nos pusieron para cumplir con una función constitucional y que tiene un propósito político básico que es generar gobernabilidad democrática.
¿Hay un límite a eso? Por supuesto que hay un límite, ese límite lo dice el mismo Weber, es la ley, y eso no se puede transgredir; no es un asunto menor y en esto me importaba hacer un énfasis particular, perdón que me haya detenido, porque esto es algo que muchas veces en los procedimientos de remoción o en los procedimientos de rendición de cuentas escuchamos: Ay, es que nos ético. No, no te pusimos aquí para que sea ético, claro que hay una conducta que tiene que ver, pero ojo, no porque sea ética, no te emborraches en la calle la noche anterior a la elección, sobre todo en los estados donde hay ley seca, porque además de ser ilegal, pues vas a tener un pequeño problema si llegas en mal estado a conducir la sesión del Consejo el día de la jornada electoral.
Pero no porque sea malo, incluso no porque eventualmente sea ilegal, en el caso donde hay ley seca sí es ilegal, sino porque ese acto va a tener una consecuencia dañina, no para ti, tú eres trascendente, los hombres y las mujeres que estamos en nuestro cargo vamos y venimos, son las instituciones que se quedan y las decisiones mal tomadas, ponen en riesgo las decisiones, ésa es la ética de la responsabilidad.
No es pensar en uno mismo y en llegar en la noche a la casa y decir: uf, estoy tranquilo con mi conciencia porque voté conforme a mi conciencia, pero si ese voto te generó un problema político, te equivocaste como funcionario público. A eso es a lo que me quiero referir y sé que es un tema bien delicado.
Y es un tema, miren, y se los digo en primera persona, yo vengo de la academia y a la academia volveré. Es muy fácil, desde la academia, decir qué está bien y qué está mal. Un compañero, un compañero consejero, cuando me nombran finalmente consejero me dice: Bienvenido de este lado, ya no es lo mismo criticar desde la academia, decir qué es lo que está bien y está mal.
Un compañero, un compañero consejero cuando me nombrar finalmente como consejero me dice, bienvenido de este lado, ya no es lo mismo de criticar desde la academia y si violas los principios, a la hora de tener que tomar responsabilidades, porque tus responsabilidades, la consecuencia de tu voto sí pueden generar problemas gravísimos, no sólo de estabilidad, no sólo de paz pública, no sólo eventualmente de violencia, sino también, de subsistencia institucional.
Cuando somos funcionarios públicos no somos nosotros, somos nuestro cargo, y nuestro cargo va a estar ahí después de que nos (inaudible).
Dicho eso, perdón voy adelante e híjole quiero darle un espacio para preguntas y respuestas porque si no, digamos, me voy a sentir mal en mi ética de la convicción cuando me vaya, es decir, pero va a ser un problema moral.
Dicho eso. A ver, qué mecanismos existen para la rendición de cuentas de los consejeros electorales y cuál es la lógica en este sentido que tiene la finalidad de la potestad que tiene el Consejo General del INE de la remoción de las y los consejeros.
Ya lo mencionaba, toda esta lógica de nombramiento y, por ende, de remoción, tiene que ver justamente con un mecanismo de garantía y de vigilancia respecto de la función de independencia de los órganos y autonomía, en consecuencia, de los órganos electorales frente a los actores políticos y frente a los poderes públicos.
Pero, además, y aquí está el tema específico, no es solamente un problema político garantizar la independencia y autonomía, sino también, hay un tema estrictamente de rendición de cuentas, de Estado de Derecho que es fincar responsabilidades frente eventuales violaciones, como decía, de aquellos principios rectores de la función electoral.
Y aquí déjenme, no es que los quiera agarrar de paño de lágrimas, pero pues la función del INE es una función particularmente compleja, porque no es un órgano, el Consejo General quiere decir, no es un órgano, al menos no es su naturaleza fundamental la de ser un órgano de rendición de cuentas.
El INE ante todo es un órgano que es una especie, y más en el sistema nacional de electores, es un órgano rector del sistema, una especie de director de la orquesta, pero no es el responsable de cómo sale la música, aquí es una responsabilidad colectiva, por eso he dicho mucho que el sistema nacional de elecciones lo tenemos que ver como un barco en donde cada quien tiene una función: OPLE, tribunales, Tribunal Federal, Instituto Nacional.
Y si no remamos todos adecuadamente pues el barco va a estar dando vueltas o en el peor de los casos, si nos equivocamos, el barco se hunde y nos hundimos todos, y más en los tiempos que corren, por cierto.
Dicho eso.
Además, tenemos que definir criterios, este es nuestro rol como órgano nacional y electoral, uno de los últimos casos fue lo que pasó en Chiapas con las manuelitas. Atrajimos el caso, fijamos un criterio, y (inaudible) vinculante, así que de una vez relevo de responsabilidades a las y los consejeros y a la Presidenta del OPLE cuando en el próximo proceso electoral tengan que hacer cumplir las normas de paridad.
Échenos la culpa, eso es parte también del ser, del rol de ser rector del sistema nacional de elecciones, no somos nosotros, es el INE. Y si no lo, y en última instancia la ley, bueno la ley y la interpretación griega que ha hecho el INE, entonces y en eso estamos juntos, sí, está bien, no, venga, no pues ya sé que me están grabando, ah porque me están grabando, grábenlo, digo, no tengo ningún problema, no. Y si quiere alguno, algún inconforme discutir sobre el tema, pues mi oficina está en Viaducto Tlalpan número 100 en la Ciudad de México, allá los veo.
Tenemos, además, en esa lógica, supervisar las funciones y acciones, y aquí hay una función implícita que creo que es bien importante señalar. La función de supervisión de parte del INE, respecto de los órganos electorales no está expresa en la ley, eso se ha tenido que construir sobre la base de interpretación.
El INE nombra a los consejeros de los OPLEs y el INE los puede remover, sí, pero si los puedes remover por causas que tienen que ver con violaciones a los principios rectores de la función electoral pues se encuentra implícita, evidentemente, una función de supervisión de los actos que eventualmente pueden suponer una violación en sus principios.
Entonces el INE, además, tiene que estar dando seguimiento, no bajo la lógica, digamos, de la nana o del papá o del, no, sino simple y sencillamente, como una manera de poder tener elementos para eventualmente poder cumplir con la función de rendición de cuentas que está en la función de los procedimientos o implícita en los procedimientos de remoción.
Y por supuesto, hay una función adicional que es la función de coadyuvancia, es decir, los órganos electorales nacional, el órgano electoral nacional en los procesos electorales locales tiene ese rol de coadyuvancia y no de sustitución respecto de lo organismos públicos locales electorales.
Sí ya sé que me pueden preguntar y qué pasó con Puebla, luego hablamos de Puebla si quieren.
Vamos a la siguiente.
En estas funciones cómo, digámoslo así, cuáles son los desafíos a lo largo de estos casi cinco años que ha tenido que enfrentar el INE.
Bueno, el primero, definir una cuestión que no necesariamente es clara ni está resuelta en el propio diseño legal.
Quién es la autoridad responsable de sancionar a las y los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Una lectura estricta, déjenme ponerle así, estricta del 41 constitucional, es que solamente el Consejo General del INE, pero si nos metemos a los capítulos de responsabilidades hay quien dice que por la vía del juicio político los órganos electorales, perdón, los órganos políticos, los Congresos, pueden destituir a los consejeros.
Y aquí hay una discusión no resuelta, estoy hablando ahorita de los dilemas; los contralores, los titulares de los órganos internos de control pueden o no sancionar a los Consejeros Electorales, pueden o no removerlos.
Esos son los dilemas que no están resueltos en la ley y que han tenido que irse construyendo a lo largo de estos cinco años a partir de decisiones del propio Instituto Nacional y de criterios del Tribunal Electoral que, quiero ser enfático ¿eh? y no es del que hablaba, han sido criterios en muchas ocasiones oscilantes como vamos a ver en un minuto hablando, por cierto, del tema de la certeza.
¿Pueden otros órganos, que no son los órganos electorales, que no son los órganos internos de control sancionar a los Consejeros Electorales? Aquí nosotros hemos sido enfáticos: No. La respuesta es no. Y, en todo caso creo, ése es mi punto de vista que, si por ejemplo se inicia un juicio político contra algún Consejero Electoral, el órgano responsable de aplicar la sanción no es el Congreso en este caso, sino el propio Consejo General del INE. Que es ante quien se tiene que remitir una determinación que luego será revisada por el INE.
No es que seamos un órgano ejecutor: “destituye al consejero porque lo determina el Consejo”, pura piña. Ahí es donde entra el rollo de la autonomía y, tercer gran dilema: Son posibles o no las sanciones intermedias, dado que el procedimiento de fincamiento de responsabilidades para los consejeros es por mandato de ley, así se define: procedimiento de remoción de consejeras y consejeros electorales.
Esos son, digámoslo así, los dilemas. En este último caso, un poco, lo podríamos decir de otra manera. Estamos ante un escenario de todo o nada, con lo cual estamos, digamos, en una serie de disyuntivas que no resuelve la propia legislación.
Telegráficamente cómo ha evolucionado este tema, cuáles han sido los puntos que creo que vale la pena resaltar en esta evolución. Creo que un primer punto de partida es, por mandato de la ley, la emisión de un reglamento para la designación y remoción de las y los Consejeros Electorales de los OPLES.
Aquí tenemos un pequeño dilema, porque en ejercicio de la facultad reglamentaria lo que nos colocó la propia Constitución, fue en un brete, porque como ustedes saben, en los procesos de remoción aplican los principios del derecho penal; es decir, la estricta aplicabilidad de los casos, porque estamos hablando de, eventualmente, un ámbito del derecho sancionatorio.
El primer dilema al que nos enfrentamos hace más de cuatro años, puede el Consejo General establecer, o no, consecuencias, más allá de la remoción, al momento de ejercer su facultad reglamentaria, porque en este tema el primer hecho sancionador, como ustedes saben, existe el principio de reserva de ley; es decir, es solamente el legislador el que tiene el derecho de poder imponer determinar sanciones para una determinada conducta. Y nosotros, aunque ya no entiendo qué somos.
A veces el Tribunal nos mandata hacer legislaciones; ahora nos mandó legislar el Tribunal todo y reglamentar cómo van a votar los presos en las cárceles. Está bien, eso creo que le toca al legislador, pero ya nos lo mandató el Tribunal y cuando nos hemos puesto a crear reglas, el Tribunal nos ha dicho: ¡ah! no, pero eso le toca al legislador, estás usurpando funciones del legislador, bueno. Parte de lo que yo decía hace un momento.
Primer momento, la emisión de este reglamento. Segundo momento, el primer caso que se nos presenta, a propósito de remoción de consejeros, que es un caso particularmente sonado, porque además no se trataba de un consejero, se trataba de la Presidenta de un Consejo, la Presidenta del Consejo del Instituto Electoral de Colima.
¿Qué es lo que determinó el INE en una primera instancia? No sé si recuerdan el caso, la Consejera Presidenta luego de las elecciones de gobernador, por cierto, de la elección que fue anulada y que luego tuvo que repetir el INE ejerciendo una facultad de atracción impuesta por el Tribunal Electoral; salió en un medio de comunicación de carácter nacional a dar resultados que no eran.
“Me acaba de llegar información, de que la elección va así”. Y resulta por cierto que los resultados que dio era invertidos respecto de lo que fue la información final. En un primer momento el INE dijo: bueno, híjole. Ése es el primer caso en el que nos enfrentamos ante este dilema, dado que el procedimiento y las facultades para remover, podemos o no encontrar funciones intermedias, o sea, sanciones intermedias.
¿Cuál era nuestro criterio? Dijo, puso en riesgo la elección, bueno, tanto como poner en riesgo, quién sabe. Fue grave, podemos decir que no pasó nada y tampoco, porque entonces mandamos un pésimo incentivo en el cual el manejo de las cifras electorales que es, la parte probablemente más delicada del proceso electoral, pues no se puede hacer con laxitud.
El Consejo General decidió intentar una vía a ver si lo validaba el tribunal, que fue imponer una sanción intermedia, que fue “pues vamos a suspender a la Consejera Presidenta durante un mes” y decidimos esa suspensión, claro, la Presidenta impugnó ante el Tribunal Electoral bajo un argumento que era previsible, pues no existe esa sanción y por lo tanto me están aplicando indebidamente los principios del Derecho Sancionador: Nulla Poena-Nulo crimen intelegis, sino hay ilícito legal, pues entonces no me puedes sancionar, y el Tribunal Electoral unos meses después, en noviembre, le revocó la decisión; nos dijo, “en efecto INE tú no puedes imponer sanciones intermedias, solo la remoción”.
Y, por cierto, la gravedad del caso es tal que, pues a la Consejera le salió el tiro por la culata, pues digo, ella fue a impugnar que la habíamos suspendido un mes, y lo que regresó del Tribunal era que se tenía que ir. Bueno, el INE aplicó esta sanción.
Ese fue, por cierto, el primer caso, de remoción de un consejero, no es cierto, fue un poco antes está…ah no fue después, este fue el primer caso de remoción y poco después, por cierto, llegó el caso de Colima, que es un caso todavía más delicado porque incluso el propio Tribunal Electoral nos ordenó la suspensión de todos los integrantes del Consejo General del Órgano Electoral de Colima, a propósito de que el Órgano Electoral de Colima, no había cumplido las normas de paridad que había establecido, por cierto, el propio Tribunal Electoral a propósito de la llamada paridad horizontal.
Pero en este caso no había mucho dilema, en aquel caso fue pues remoción y tan tan. Aplicar lo que establecía.
Ahora en Chiapas exactamente, en 2017, en febrero de 2017, modificamos el reglamento de designación y remoción de los Consejeros Electorales, en este caso ya los unificamos, antes había un reglamento para designación, después, y había un reglamento para remoción, dijimos “vamos a hacer todo en un mismo ordenamiento por una cuestión de simplicidad, simplificación normativa y además vamos a aprovechar para poner el propio reglamento, ya no en una sentencia, algún tipo de sanción intermedia”.
Ahí pusimos sanción intermedia, establecimos esta gradualidad de sanciones y el Tribunal Electoral nos lo echo para atrás, nos dijo que no, que solamente podíamos establecer la sanción, lo cual hoy nos coloca en un dilema, porque, y este es el último criterio, el Tribunal Electoral abrió la puerta frente a algo que nosotros habíamos venido defendiendo en una primera instancia, en una atención, ustedes lo recordarán, con los mismos órganos internos de control, porque nosotros partimos de la premisa que, si la finalidad de la Reforma Electoral era blindar frente a cualquier injerencia interna a los consejeros electorales, mediante el nombramiento a partir del Consejo y la remoción como facultad conferida constitucionalmente al Consejo General, ningún otro órgano, ni externo, ni tampoco interno –así ya es que me van a empezar las rechiflas pero aguántense- porque digamos, no era sencillo construir esto.
Nosotros dijimos “no, los contralores no los pueden destituir” es más, los contralores, eso era en un primer momento, no es conveniente que impongan sanciones a los Consejeros, por eso habíamos apostado a las sanciones intermedias, pero cuando el Tribunal Electoral dice no pueden más que remoción, pues dijimos “adelante” el propio Tribunal abrió la puerta para que los contralores también pudieran ser entes facultados…perdón -en 8 de marzo debería de decir las Contralorías, no los contralores, gracias- las Contralorías pueden aplicar sanciones de otra índole.
Bajo una condición, y esa es la regla actualmente existente, ustedes como titulares de los órganos internos de control, pueden imponer sanciones, siempre y cuando no tengan que ver con la función electoral y no implique un juicio, porque ese está mandatado constitucionalmente de manera reservada al Consejo General del INE, sobre el cumplimiento o incumplimiento de los principios rectores de la función electoral.
Digamos, esto poco a poco ha ido perfeccionando el Sistema de Rendición de Cuentas de las y los consejeros electorales locales, pero, evidentemente, digamos, todavía ahí hay unos huecos… (inaudible).
Vamos a la siguiente.
Un dilema adicional es el hecho de que, este mecanismo, que tiene una finalidad eminentemente de rendición de cuentas, en la vía de los hechos, se ha traducido como un instrumento adicional de presión política por parte de los actores.
El número de procedimientos que se han presentado a lo largo de estos cinco años contra consejeras y consejeros electorales es elevadísimo. Estamos hablando de 121 procedimientos que se han planteado en el que se ha pedido al Consejo General la destitución, es decir, la remoción de algún consejero, de laguna consejera o de varios de ellos.
Ahí está en la primera parte de la tabla la distribución a lo largo de los años. Hago notar un pequeño detalle, todavía es una línea de tiempo muy corta porque estamos hablando de prácticamente 6 años, 5 años de la instrumentación de la reforma para acá.
Pero hay un dato curioso, cuando tenemos, conforme ha pasado el tiempo, entre más elecciones hay, más procedimientos se presentan. En 2017, les recuerdo, tuvimos nada más cuatro procesos electorales a nivel nacional: Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, y bajó el número de quejas.
No traigo aquí y me comprometo hacérselos llegar, la distribución, bueno, cambié hace dos días de tema, perdón, la distribución geográfica porque sería bien interesante. Es decir, a esta presentación, me invitan a la próxima y se las traigo, a la próxima reunión y se las traigo, digo ya agarré, cómo dicen, ya agarré boleto, ¿no?, porque hay un dato muy curioso que además se puede verificar, insisto, ya lo haré la próxima vez. Por lo pronto, les pido confianza en la palabra. En donde hay elecciones aumentan los procedimientos de remoción.
Digamos, se agarró como una especie de práctica, de una especie de amedrentamiento, que cuando va arrancando el proceso electoral, ¡pum!, por lo pronto se presentan procesos de remoción para tenerlos ahí vigentes.
No quiero mal pensar y no estoy diciendo, no llegaría nunca a ser tan mal pensado, que se presentan como una especie de, insisto, amenaza o de ablandamiento o qué sé yo de los consejeros electorales, solamente digo que es una casualidad.
Dicho eso, el resultado de estos procedimientos, todavía tenemos 10 procedimientos en curso, por cierto, ya 111 se han resuelto, es, y aquí está justamente, esto sí, ya desde ahorita puede evidenciar la frivolidad con la que se han presentado estos procedimientos. 36 han sido desechados porque ni siquiera tienen bases de procedencia, o sea, son eso, amagos; dos han sido, también han sido actores que en el camino se desisten y, por lo tanto, se cierran los casos; 20, pero esto entra también dentro del primer bloque, se presentaron porque no se atendieron prevenciones. Qué es lo que ocurre en este procedimiento, ustedes lo conocen mejor que uno. Cuando reciben una denuncia y una denuncia que tiene elementos insuficientes se previene al denunciante para que presenten los elementos o para que ratifiquen la denuncia y pues no se presenta. Es decir, se presentaron en un momento y claramente una intencionalidad política detrás de ello. 20 están en esa circunstancia.
Dos han sido de baja administrativa, esos dos se sobreseyeron porque antes de que se subiera la sanción al Consejo General, pues se trata de consejeros que renunciaron al cargo, entre ellos una Presidenta. Casualmente los dos casos en los que hubo renuncias ya se habían circulado los proyectos, aunque todavía no se habían votado en el Consejo General, y en los dos casos se estaba planteando la remoción. Eran, por cierto, en ambos casos, de nepotismo, es decir, de contratación de familiares, cosa que está prohibida por la ley y que, hablando de la ética de la responsabilidad, vuelvo a insistir, aunque estuviera permitida por la ley, pues implica evidentemente colocar en una situación de mala fama pública a los órganos electorales.
En 43 se entraron al fondo y fueron infundados y, de todos estos, solamente ocho han sido fundados. Y aquí estoy incluyendo, por supuesto, a los consejeros del OPLE de Chiapas que fue una destitución masiva, insisto, por una abierta y franca violación al principio de paridad, las reglas de paridad que tenían que garantizar.
Pero el dato no es menor, de 121 procedimientos, insisto, de pónganle 111, porque hay 10 que todavía están en curso, solamente ocho han sido fundadas. Con lo que claramente estamos viendo o un mal uso o un abuso en este sentido.
Hay algunos casos, vamos a la siguiente, pues digámoslo así, que resumen esos ocho casos en donde ha habido procedencia. Esta el caso de Chiapas.
El caso de Chiapas, como les decía, pues tiene que ver con este incumplimiento, estamos hablando de negligencia, ineptitud en la aplicación de los criterios de paridad de género.
En el caso de Chiapas, además, hubo un problema no menor porque se sumó con una manipulación consentida desde el órgano electoral de la lista de votantes y del mecanismo de recepción de voto de los chiapanecos desde el extranjero, literalmente, lo digo yo, y mire que lo cuido, procuro cuidar mucho, aquí sí por ética la responsabilidad, entre otras cosas, mido las palabras. Un fraude que fue consentido y avalado desde los propios Consejeros Electorales, por eso ninguno de ellos está.
El caso de Colima que ya mencionaba, de las declaraciones realizadas por la Consejera Presidenta; el caso de Querétaro, que es un consejero que destituimos porque resulta que a pesar de que la Ley Electoral de Querétaro replica lo que casi todas las leyes electorales de los estados toman de la Federal, los Consejeros Electorales, como ustedes saben, nacionales al menos, y creo que acá también ocurre, lo de la prohibición de otro empleo, cargo, o comisión. Si la ley es clara en este sentido, no se puede tener otro empleo, otro cargo u otra comisión remunerada, salvo los académicos no remunerados, bajo la premisa de que no exista una subordinación económica, o sea producto de una relación de trabajo, insisto, empleo, cargo o comisión, que pueda afectar la independencia como en la actuación de los propios consejeros.
O sea, lo que está prohibido es todo empleo, insisto empleo es una relación laboral permanente. Todo cargo, es decir la asignación a cumplir un cargo, en entes públicos o entes privados, lo que ustedes desempeñan como Consejeros Electorales, como Consejeras Electorales, es un cargo, lo que nosotros desempeñamos es un cargo en un ente público, pero ser director de una empresa implica un cargo en un ente privado y, una comisión es un mandamiento específico para que se desempeñe a nombre y cuenta de alguien, del comisionario, un rol especial.
Cuando éstos están pagados, están prohibidos. En el caso de Querétaro teníamos un consejero que nunca dejó de dar clases en la universidad, es más, daba clases en dos universidades y cobraba por ello. Dar clases no solamente no está mal, yo doy clases bajo la premisa de que no doy clase en materia electoral, porque necesito oxigenarme, pero no puedo cobrar por ello, porque estaría incumpliendo (inaudible) este caso.
Bueno, el caso de Querétaro fue por ahí. En el caso de Veracruz hablamos de un consejero que participó en el nombramiento, en la designación, es más firmó el nombramiento de una pariente y, en el caso de Yucatán, estamos también hablando de un caso de nepotismo.
Esos son los casos que han procedido. Ahora, déjenme terminar porque estoy abusando ya del tiempo, con esta siguiente reflexión. Cuando estamos hablando de funciones electorales, un poco, en conclusión, en dónde estamos hoy parados, a reserva, repito, de que ésta es una historia que todavía tiene que irse poco a poco afinando.
Uno, estamos hablando de que la remoción por una cuestión de violación a los principios rectores, es facultad exclusiva del Consejo General del INE y, evidentemente, dentro de estas funciones, no se puede incluir ningún tipo de responsabilidad por el, digamos, por el sentido de las decisiones; es decir, lo que está en juicio no es cómo votas, sino el sentido de los votos, si con el voto estás violando alguno de los principios de la función electoral.
Segunda consecuencia, luego de lo que hemos visto a lo largo de estos años. El riego de banalizar estos procedimientos, ya sea porque está utilizado por los actores políticos como una manera, insisto, de generar algún tipo de presión. Ya sea por cómo, incluso miembros de los propios consejos han abaratado este procedimiento. No son pocos los casos que se nos han presentado, por cierto, hablando del 8 de marzo, por violencia política por razones de género.
A ver, déjenme ser claro. Si una consejera no es incorporada a una comisión, no estamos hablando de violencia política por razones de género, a menos que se demuestre que eso tiene el propósito de no incluirla por el hecho de ser mujer. Ni estamos hablando de algo que necesariamente deba producirse, o deba tramitarse a través de un proceso de remoción.
Y vuelo a insistir, los órganos colegiados son bien complicados, pero la vía de resolver las diferencias no es pidiendo que corran a los colegas, porque eso no va a pasar; desde acá los vemos, bueno desde, acá, desde allá los vemos, damos seguimiento y sabemos perfectamente cuando lo que tenemos es incapacidad de poder procesar las diferencias, o, digámoslo así, irresponsabilidad de poder, digámoslo así, de construir colectivamente y la prevalencia más bien de intereses personales.
Para eso hay una Unidad de Seguimiento de los Organismos Públicos Locales Electorales, para eso hay una Comisión de Seguimiento a los Organismos Públicos Electorales, para eso hay una comunicación permanente y por eso hay una plática permanente entre los consejeros, “oigan pues pónganse de acuerdo”, pero es que no, bueno, a veces ayudamos, nosotros somos facilitadores, pero necesitamos también del otro lado una responsabilidad, y cuando nos llega, de entrada, un procedimiento de remoción de un consejero a otro consejero es porque hay algo que no está funcionando allá adentro.
Y como decimos, “para que haya bronca se necesitan dos”, y muchas veces lo que ocurre es eso, una incapacidad de ponerse de acuerdo, pero de ahí a que estemos frente a un caso de remoción, pues yo creo que hay una diferencia. Y ha habido muchos casos, lo lamento mucho en ese sentido, porque esto habla de consejeros electorales, consejeras electorales que no han sabido estar a la altura de la responsabilidad que les conferimos con su nombramiento.
Lo digo sin medias tintas. Claro, hay casos de negativa de información que hemos constatado, ahora de ahí a remover es una historia. Por eso siempre, a ver Rebeca, a los presidentes les llamamos y les decimos “oigan, ser Presidente no significa que tienes control, sobre lo que las y los demás colegas, pues tienen derecho a saber para tomar decisiones”.
Pero eso es una cosa bien distinta a los procesos de remoción, es decir, vuelvo a insistir, son difíciles los colegiados, y cuando un colegiado funciona bien es porque todos están haciendo su chamba, no es una responsabilidad individual; y cuando un colegiado funciona mal es porque hay alguien que no está haciendo su chamba o todos están dejando de hacer su chamba.
Y por cierto una reflexión de aprovecho en este momento, bueno con esa voy a terminar. Ya con esta terminó.
No son momentos fáciles para el Sistema Nacional Electoral, hay muchas pulsiones con los vientos de cambio que hoy corren, y hay muchas iniciativas creo que ya tenía un rato que no se presentaban tantas iniciativas en material electoral, muchas de ellas, lo digo de veras, es mi juicio personal, sin pies ni cabeza.
Yo no estoy en contra de las reformas electorales, pero estoy en contra de las reformas electorales de ocurrencia. Yo parto de una premisa, el Sistema Electoral que hemos construido, es un sistema que funciona, sino funcionara no habríamos tenido los resultados que hoy tenernos.
¿No es sencillo operar un sistema como el que tenemos? Sin duda no, pero es un sistema que está funcionando para lo que están, para lo que han sido creados los Sistemas Electorales, para generar gobernabilidad democrática, para crear garantías para el voto libre y secreto, para que existan condiciones de equidad en la competencia política y para que los principios democráticos sean los que guíen, digámoslo así, la toma de las decisiones públicas y para eso estamos funcionando, para eso hemos funcionado, desde ese punto de vista hemos funcionado.
¿Hay ámbitos de mejora? Sin lugar a dudas. Pero los anglosajones tienen una máxima que bien vale la pena recordar, “si funciona no lo arregles, en todo caso mejóralo, aunque con cautela”. María Marván cuando era consejera del IFE, solía decir, “lo mejor es enemigo de lo bueno”. Y si algo es bueno está bien, nada más que cuidado con querer a fuerzas mejorarlo.
Vuelvo a insistir creo que hoy, después de cinco años sabemos qué cosas tendremos eventualmente qué mejorar, pero son esas mejoras, y hay ánimos de refundación. Y cuando tú estás en la lógica de vamos a reinventar algo que funciona, quién sabe qué demonios va a salir después.
Ante esos tiempos, yo diría incluso de incertidumbre, que no es que esté mal ¿he? México está viviendo una de las circunstancias, inédita en su historia política, es la primera vez que tenemos una mayoría predefinida en el Congreso, a fin al partido que gobierna, en los tiempos de la democracia, no es que esto no hubiera ocurrido, ocurrió durante década a lo largo del siglo pasado, pero no existían condiciones democráticas.
Yo creo que los cambios en las reglas electorales generaron condiciones democráticas y consecuentemente permitieron a la oposición ganar, a través de las elecciones, cargos públicos de manera cada vez más recurrente a lo largo, desde la década de los noventas, y cuando la Secretaría de Gobernación salió finalmente del INE, del IFE, y se convirtió éste en un órgano plenamente autónomo en 1996, las condiciones democráticas ya se habían dado, por supuesto que había mucho por mejorar, pero ya estaban puestas.
No es casual que, en 1997, la primera elección, luego de la de 96, la primera elección de Jefe de Gobierno la gana la oposición, no es casual que en esa elección por primera vez se pierde la mayoría predefinida en la Cámara de Diputados, y con el paso del tiempo hemos venido teniendo una serie de cambios, Baja California Sur es un ejemplo en ese sentido, en donde la alternancia en el poder es parte de la normalidad democrática.
Vuelvo a insistir, y en los últimos años más todavía.
De 2015 a 2018 hemos tenido el periodo de mayor alternancia en la vida política del país. Si no hubiera condiciones democráticas eso no habría sido posible, no porque democracia sea igual a alternancia. Lo que es democracia, lo que hace a una democracia es la posibilidad real de que existan condiciones para que eventualmente haya alternancia si así lo desean los electores.
Si esas elecciones, si esas condiciones están dadas y no hay alternancia porque los electores no lo decidieron es tan democrática como una elección en la que la alternancia ocurre. son las condiciones, son las reglas, es la posibilidad de la alternancia lo que hace a un sistema democrático y eso está ahí desde hace mucho tiempo.
Por cierto, no es cierto eso que algunos nos andan diciendo que la democracia llegó finalmente a México el 1° de julio del año pasado. La lectura es incorrecta, lo que pasó el 1° de julio del año pasado, es decir, la primera vez que la izquierda llega al poder por la vía electoral, es algo que ocurrió porque ya estaban ahí las condiciones democráticas, pero en los últimos 22 años, desde 1996 hasta ahora, casi 23 años, es la primera vez que teniendo condiciones democráticas tenemos una fuerza política mayoritaria en el Congreso afín al Presidente de la República.
¿Esto está mal? No, no, eso es lo que decidieron los electores. Aquí no es si, el juicio no es si está mal o está bien, eso es justamente lo que ocurrió por voluntad de las y los electores en las urnas en condiciones democráticas.
Lo que estoy diciendo es que estas son condiciones inéditas y creo que, en estas condiciones inéditas, actuar con ética de la responsabilidad significa entender que lo electoral, al no ser un problema no tenemos por qué ponerlo en el centro de la discusión.
Habrá mejoras que hacer, sin lugar a dudas, pero déjenme decirlo así, si no hay cambios en lo electoral no pasa nada, nuestra democracia no va a mermar, no se va a empeorar. Pero cambiar sin una ruta clara, eso sí nos puede generar problemas.
Dicho eso, creo que hay una responsabilidad de quienes formamos parte de los órganos electorales y aquí hablo como una responsabilidad de las y los consejeros locales, nacionales, o una responsabilidad de quienes integran los órganos jurisdiccionales locales y nacionales, es que hay una responsabilidad de los propios órganos internos de control.
Con esto quiero terminar, que es actuar con ética de la responsabilidad.
Si nosotros no cuidamos al sistema electoral en los tiempos que corren probablemente no haya quien quiera cuidar, no creemos problemas en donde no los hay, y sancionemos con todo el rigor de la ley los problemas o las irresponsabilidades o las conductas ilegales en donde no las hay.
Gregorio Guerrero no nos acompaña en esta reunión, bueno, el otro Gregorio Guerrero… bueno, perdón, Gregorio Guerrero ex contralor del INE no nos acompaña a esta reunión porque ocupó una nueva responsabilidad, pero no me dejaría mentir respecto a esto que, con lo que quiero cerrar con ustedes.
No sé si a Gregorio le gustaba, no a ti, a Gregorio, el otro. Si le gustaba esto que con lo que yo arranqué en mi relación con él como Presidente.
Yo le decía, Gregorio yo te tengo que convencer que tú eres parte del INE, no eres una república dentro del INE, hermana república de la Contraloría, sino que eres parte del INE y los destinos del INE dependen también de ti, y eso no significa y nunca te voy a pedir, decía yo, que dejes de hacer tu trabajo, que dejes de observa lo que sea observable, que dejes de indicarnos por dónde son las rutas de mejora, pero también eres el INE y cada uno de ustedes también es su OPLE, es su instituto.
Y sin dejar de cumplir su función preventiva, correctiva, punitiva, en su caso, ninguno de ustedes y, menos en los tiempos que corren, tiene que asumir que no es parte de ese órgano, a lo mejor estoy siendo redundante, pero creo que es particularmente importante, porque así como los muchos logros democráticos que hemos tenido en materia de inclusión, de paridad de género, en materia política, en materia, insisto, de credibilidad ciudadana, así como ninguno de los logros democráticos llegaron de una vez y para siempre, así como los riesgos de regresión democrática o regresión autoritaria están presentes y han estado presentes a lo largo de la historia; a la democracia en consecuencia hay que cuidarla, lo que hemos logrado hay que cuidarlo y eso es una responsabilidad colectiva.
Termino pues diciendo, que lo que hemos logrado en materia de institucionalidad electoral, que es obra de todos, desde las respectivas trincheras, uno poniendo casillas; otro convenciendo a la gente; otros generando consensos políticos; otros sancionando a los partidos; unos más vigilando que los recursos públicos se ejerzan con pulcritud y que las reglas, las normatividades, efectivamente se cumplan; así como todos hemos construidos esa institucionalidad electoral, creo que todos somos corresponsable de cuidar.
Es decir, somos responsable de actuar con ética, responsabilidad, en esa dificilísima y compleja tarea de tratar de empalmar nuestra ética y las convicciones y nuestros intereses personales con la construcción y defensa de la institucionalidad democrática, quien no haga eso, quien no asuma eso, quien no privilegie esto último, se va a equivocar y al equivocarse va a constituir en una merma de eso, que es la defensa de lo que hemos construido.
Porque la defensa de la democracia, así como la construcción de la democracia, es también una obra colectiva.
Muchísimas gracias.
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