Muy buenos días a todas y todos.
Señor Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Maestro Gerardo Elías García Benavente.
Distinguida contadora Dalia Gabriela García.
Estimado amigo, el doctor Jesús Rodríguez Almeida.
Distinguidos funcionarios del Instituto Nacional de Migración.
Colegas del Consejo General, Marco Antonio Baños, Enrique Andrade, Ingeniero René Miranda.
Amigas y amigos del Instituto Nacional Electoral.
Es claro que los flujos migratorios son una consecuencia del desarrollo desigual entre regiones y países entre otras causas y constituyen en muchos sentidos una expresión de la valentía de muchas de las personas que dejan atrás sus comunidades en búsqueda de una mejor vida para ellos y sus familias.
En México, además los procesos migratorios se ven influidos por dos factores, en primer lugar, la geografía, en la medida en que compartimos más de 3 mil 200 kilómetros de frontera, con una de las economías más poderosas del mundo.
Y por la tradición de migrar, por otra parte, que justo por dicha colindancia se ha arraigado desde hace muchos años en diversas comunidades de nuestro país, como sucede en varias poblaciones de los estados de Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Puebla o incluso de la misma Ciudad de México, solo por mencionar algunos casos.
Sin embargo, esta determinación de algunas personas por salir de sus comunidades en busca de mejores condiciones de vida, es mal entendida por las autoridades de algunos países que pretender criminalizar a este fenómeno, a los migrantes y con ellos, obstaculizar, vulnerar el ejercicio de sus derechos.
Más allá de los factores económicos, culturales, geográficos o políticos, que incentivan la migración en México o en cualquier otro país del mundo, ninguna persona debería ver vulnerados sus derechos fundamentales que por premisa trascienden fronteras, por tener la necesidad de buscar fuera de sus comunidades de origen, una forma digna de vivir, con independencia del estatus migratorio que tengan.
El estatus migratorio no define, en el mundo de los derechos, la categoría de personas. Esta postura que desde mi perspectiva debería ser universal, es lo que nos lleva a valorar enormemente el convenio que firmamos el día de hoy con el Instituto Nacional de Migración y que no hace otra cosa si no formalizar una colaboración, como ya se mencionaba desde hace tiempo viene operando.
Para el Instituto Nacional Electoral, como una institución de garantía de los derechos políticos fundamentales, contribuir al ejercicio de los mismos por parte de nuestros migrantes es un compromiso permanente que trasciende nuestras responsabilidades electorales y los ciclos de éstas, como ya anotaba el Consejero Enrique Andrade.
Es por ello, que, a lo largo de más de 25 años, el otrora IFE y el ahora INE, ha asumido como una responsabilidad de Estado crear, proteger, actualizar la base de datos más segura, más confiable y más grande de las y los mexicanos que tienen 18 años o más, misma que es custodiada y garantizada con enorme celo por esta autoridad. Un celo que sólo es proporcional a la confianza de quienes nos confían sus datos personales.
Han sido más de dos décadas de adecuaciones legales, de incorporar innovaciones tecnológicas, de perfeccionar los procedimientos de registro, actualización, verificación y de someter al escrutinio permanente de partidos políticos, de especialistas y de científicos, así como de la misma ciudadanía, cada uno de los datos contenidos en el padrón electoral.
La corresponsabilidad con la que las y los ciudadanos, partidos políticos y autoridades electorales hemos asumido en la depuración de cada registro incluido en el Padrón Electoral ha posibilitado que tan sólo en una década el INE haya consolidad la base de datos multibiométrica más grande y confiable que existe en el país y, por cierto, una de las más confiables y seguras del mundo.
Para dimensionar el trabajo que está detrás de la confección de dicha base datos permítanme poner un par, compartir un par de cifras.
Con el corte al 5 de octubre de 2018, el Padrón Electoral cuenta prácticamente como lo anticipaba el Presidente de la Comisión respectiva, el Consejero Marco Antonio Baños, con prácticamente 91 millones de registros; de ellos, 66 millones, que representa el 72.5 por ciento del total cuentan ya con 10 huellas dactilares, y los restantes 24.9 millones cuentan con dos huellas dactilares. No hay un sólo registro que no esté acompañado de un soporte biométrico que garantiza la identidad de las personas.
Estoy convencido que gracias a la corresponsabilidad con la que ciudadanos, partidos y autoridades electorales han asumido la actualización de dicha base de datos, es que se ha potenciado la utilidad social de la Credencial para Votar y del Padrón Electoral mismo. Una utilidad hoy que trasciende su función originaria que era estrictamente una función electoral.
Puede decirse que la credencial para votar y el Padrón Electoral constituyen contribuciones de la recreación de la competencia democrática que hoy trascienden por mucho lo electoral, y le dan certeza y confiabilidad a los trámites y procedimientos inherentes a la convivencia entre particulares y al ejercicio de los derechos fundamentales de las y los mexicanos frente a cualquier autoridad, frente a cualquier ente, sea público que privado, empezando precisamente por el derecho, ya mencionado por el comisionado, a la identidad de las personas.
Como ya lo señaló el Consejero Marco Antonio Baños, la utilidad pública del Padrón Electoral desde hace ya mucho tiempo trasciende la función estrictamente electoral.
El día de ayer, solamente para poner una cifra, el Secretario de Gobernación al instalar el órgano de gobierno, el mecanismo de gobierno de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas señalaba el monto de los cadáveres que han sido identificados gracias a la colaboración, gracias al recurso de la identidad multibiométrica con la base de datos del Padrón Electoral.
La cifra de esas personas lamentablemente fallecidas a las que se les ha dotado de identidad para la tranquilidad de sus familiares gracias a la colaboración con el INE al corte del 31 de agosto es de 5 mil 316 personas fallecidas.
Por no hablar de que, en enero próximo, de acuerdo con decisiones tomadas por la autoridad bancaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todo trámite bancario ante cualquier institución de crédito que opere en el país tendrá que requerir la presentación por cualquier usuario de la credencial para votar con fotografía para un doble efecto.
La autenticación en tiempo real a partir de la comunicación de los sistemas que el INE ha constituido para tal efecto de los datos contenidos en la credencial para votar y, consecuentemente, su vigencia y veracidad, como también a través de la colocación de la huella la identificación en tiempo real a partir de una comunicación con la base de datos del Registro Federal de Electores de que el portador de dicha credencial es la persona que está registrada en la base de datos del Registro Federal de Electores.
Esto, sin que haya ninguna sesión, ninguna transferencia de dato alguno por parte del Instituto Nacional Electoral a las instituciones de crédito. Esto está operando ya no sólo con instituciones bancarias, insisto, a partir de enero habrá una generalización total de este mecanismo, sino también con organizaciones de notarios, con registros públicos de la propiedad, con tribunales superiores de justicia de los estados, y nuestra apuesta es justamente que a pesar de que somos un órgano constitucional autónomo, entendiendo que somos un órgano del Estado, la posibilidad de que esta base de datos, la más grande, insisto, la más segura y la más confiable deposita en instancias públicas en todo el país, pueda ser utilizada sin vulnerar la privacidad de los datos de las y los ciudadanos para autenticar cualquier mecanismo de identificación ante instancias públicas y privadas. El INE está listo para ello.
En este sentido, el convenio que el día de hoy suscribimos con el Instituto Nacional de Migración es relevante para facilitar que las y los migrantes de nuestro país puedan identificarse haciendo uso de la credencial de elector, y con ello, favorecer su inserción en el mundo productivo, en las actividades económicas, comerciales, financieras; prácticamente en cualquier ámbito de la vida social, así como en el ejercicio de sus derechos ante las distintas instituciones del sector público y privado de nuestro país, incluidos por cierto, también otras naciones.
Vale la pena resaltar que en los últimos dos años más de 24 mil credenciales han sido entregadas ya a través de los mecanismos que hoy formalizamos, pero que previamente venían ya, como señalaba, operando de la mano del Instituto Nacional de Migración.
Esto, como lo señaló el Consejero Andrade, ha pasado por un complejo proceso que ha sido acompañado por los partidos políticos en la Comisión Nacional de Vigilancia y que hoy nos permite que en un plazo brevísimo de dos o máximo tres días las y los migrantes que son repatriados puedan contar con su credencial para votar en aquel modulo que ellos decidan a lo largo y ancho del país.
Además, como se señalaba también, este convenio multiplica el efecto de promover la participación política de nuestros connacionales dese el extranjero, como ya lo ha mencionado el Consejero Andrade, pudo probarse en el pasado proceso electoral.
Se trata de un convenio que generará sinergias entre el INE y el Instituto Nacional de Migración en materia de cultura democrática, que facilitará el proceso de credencialización de las personas migrantes, que seguramente contribuirá también al ejercicio del voto desde el extranjero, así como a la capacitación del personal de migración para que realicen actividades relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos de las y los migrantes.
Dicho de otra manera, es un convenio para contribuir a maximizar el ejercicio de los derechos fundamentales de esas personas que valientemente dejaron sus comunidades en busca de mejores horizontes para ellos y sus familias y que, por alguna circunstancia, deben regresar a nuestro país.
Permítanme concluir destacando que en todos los convenios que hemos suscrito el Instituto Nacional Electoral en esta materia, se ha garantizado absolutamente la protección de los datos personales que las y los ciudadanos le confiaron a la autoridad electoral cuando se registraron en el padrón de electores.
Ninguna institución o persona vinculada con los convenios, fuera del Instituto Nacional Electoral, ha tenido ni tendrá acceso a la base de datos del padrón porque así lo mandata la ley, y dicha garantía aplica también para el convenio con el Instituto Nacional de Migración.
La integridad de la base de datos del padrón electoral, nunca ha sido vulnerada y es justo esa garantía la que ha contribuido tanto a la credibilidad de nuestras elecciones como a la que la credencial para votar se consolide como el mecanismo de identidad más importante que las y los mexicanos que viven en nuestro país e incluso para quienes han migrado hacia otros países tienen hoy en día.
Muchísimas gracias.
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