El jueves 14 de diciembre inicia formalmente el periodo de precampañas, previsto en la Constitución y en la ley electoral como espacio para delimitar la competencia interna de partidos, desahogar sus diversos procesos de selección con una temporalidad cierta para que cada uno resuelva, en un entorno democrático y con reglas acordadas dentro de su propia organización, a quién de entre sus militantes o simpatizantes van a postular a los distintos cargos de representación popular que serán sometidos al voto ciudadano en julio del año próximo.
En unas ocasiones, los partidos optan por mecanismos electivos con votación abierta a cualquier ciudadano para así definir sus candidaturas, en otras, por voto directo sólo entre su militancia o incluso dejando que sean formatos indirectos, delegados o encuestas la ruta para decantar nombres de candidaturas.
Competencia interna entre actores de un mismo partido es natural en democracia, pero no tiene mecanismos idénticos para desarrollarse porque cada organización es distinta, aunque desde hace una década se establecieron bases mínimas como acceso a promocionales de radio y televisión (asumiendo que varios aspirantes buscan comunicarse con su militancia para obtener el respaldo en ese proceso).
La regulación de las precampañas se concretó hace una década, con la reforma electoral del 2007, en medio de un debate entre quienes asumían como irrelevante lo que hicieran políticos años o semanas antes de ser candidatos formales y otros que veían riesgoso para la equidad que la disputa interna por una candidatura significara posicionamiento ventajoso, con gasto permanente y sin fiscalizar o limitar, para eso que entonces no se llamaba precampaña pero lo era.
Era habitual que tuviéramos muchos meses antes de las elecciones oficiales, una suerte de contiendas primarias de facto al interior de partidos, con spots, debates, mitines y actos proselitistas en los que aspirantes de un mismo instituto político se promovían en medios de comunicación o en actos públicos tratando convencer a su partido de que las propuestas, méritos y posibilidades de triunfo en caso de obtener una candidatura específica, eran mejor opción con ellas o ellos.
Así teníamos meses de esa disputa interna que ponía foco y promoción en aspirantes de un mismo partido, con flujo de gastos sin fronteras trazadas. Se decidió con la reforma que ha prevalecido, fijar una temporalidad razonable para todos y asegurar condiciones para democracia interna, aunque tal vez en aras de evitar desgaste, cada vez es más común que esos días de precampaña, dispuestos para competencia entre varios aspirantes, lleguen cuando la definición de candidaturas ya está prácticamente definida (algo que también es legítimo).
Pronto sabremos, pero dentro de esas condiciones para propiciar equidad, este mismo jueves el INE comenzará a administrar 48 minutos diarios de tiempos del Estado en cada señal de radio y televisión del país, de ahí 30 minutos serán para partidos en su conjunto y el resto para autoridades electorales. Serán 60 días que terminarán de perfilar las candidaturas que estarán contrastando proyectos en las boletas. Entre el 14 de diciembre y el 11 de febrero hay dispuestos 11.1 millones de spots para que partidos desarrollen esos procesos de selección de candidaturas, los actos y gastos de precampaña serán fiscalizados y con topes de gasto establecidos, a diferencia de lo que ocurría antes del 2007. Las precandidaturas a la Presidencia no podrán gastar más de 67.2 millones de pesos.
En el 2012, el periodo de acceso a radio y televisión para precampañas sólo vio una contienda interna con varios participantes, los demás partidos ya habían decidido candidatura cuando empezó el periodo de competencia interna. La forma de hacer precampaña sigue teniendo modalidades distintas y sin duda competidas de una u otra forma, pero lo común ahora no es lo que parecía tendencia hace una década, hoy empiezan a manifestarse con más recurrencia las etapas previas a la etapa previa, preselección antes de la preselección, algo que es parte de la dinámica política, reflejo de vida partidista en donde los acuerdos deben construirse, de que existen vías para participar y disputar una postulación, pero también muestra la necesidad permanente de armonizar la realidad con las reformas.
Consultar el artículo en El Economista
RESUMEN
