Número: 329 

• Estará conformada por el Consejero Arturo Chávez López como presidente y por la Consejera Norma De La Cruz Magaña y el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona como integrantes 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la integración y presidencia de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, en calidad de Comisión Permanente, la cual tendrá la duración de tres años, conforme lo prevé la ley. 

En un proceso de deliberación que involucró a las 11 consejerías del INE, se determinó que la presidencia de dicha Comisión recayera en el Consejero Arturo Chávez López, mientras que la Consejera Norma De La Cruz Magaña y el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona la conformarán como integrantes. 

Al respecto, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, aseveró que la decisión que hoy adopta este Consejo General confirma la capacidad institucional para adecuar su estructura, ordenar sus trabajos y dar cumplimiento a las obligaciones que le han sido encomendadas, preservando en todo momento la naturaleza y los fines de la función electoral. Con esta convicción, añadió, el Instituto “refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo las condiciones en las que se desarrolla la competencia democrática y de cumplir con responsabilidad cada una de las atribuciones que la ley le confiere”. 

Esto representa el primer paso para cumplir el mandato legal y construir la capacidad institucional necesaria para coordinarse con las autoridades competentes en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera, dijo, al agregar que el Instituto no determinará el riesgo razonable ni responsabilidades penales, lo que marca con claridad los límites de su actuación. 

“El valor de la tarea de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas radica en su capacidad de ser interlocutora entre los partidos políticos y las instancias de seguridad competentes, para dotar de mayores elementos la toma de decisiones que afectan la vida diaria de la ciudadanía”, aseguró. 

Luego de diversas intervenciones sobre este asunto, la Consejera Taddei Zavala apuntó que el INE no definirá niveles de riesgo en las candidaturas, sino que se limitará a coordinarse con las instancias de seguridad y con los partidos políticos, quienes son responsables de decidir a quién presentarán ante la ciudadanía, y acotó que el papel del Instituto es organizar los procesos electorales y no juzgar riesgos, porque “la responsabilidad primigenia y final está en los partidos políticos para lo que van a poner a consideración del pueblo mexicano en el siguiente proceso electoral”. 

En su oportunidad, el presidente de la nueva Comisión, el Consejero Chávez López, afirmó que con esta aprobación el INE asume la responsabilidad de articular un puente interinstitucional con instancias de seguridad y del sector financiero, a fin de prevenir riesgos de infiltración del crimen organizado en las candidaturas y garantizar procesos transparentes y confiables, porque “evitar que tengamos candidatas y candidatos vinculados con el crimen organizado es una responsabilidad de todas y de todos”, destacó. 

El Consejero recordó la línea progresiva de derechos y salvaguardas democráticas establecidas en el Instituto, medidas que han cerrado espacios históricos a la opacidad y a la infiltración delictiva, “dando un salto importante hacia la autenticidad de las postulaciones y consolidando la integridad de las candidaturas como un estándar estricto de probidad pública y responsabilidad democrática”. 

Finalmente, puntualizó que la misión fundamental de la Comisión será optimizar los flujos de información institucional y propiciar una gobernanza democrática basada en la corresponsabilidad con los partidos políticos, al privilegiar en todo momento el interés general sobre los partidistas particulares, al establecer procedimientos técnicos e informativos que respeten la presunción de inocencia y la confidencialidad de los datos y al asegurar que la ciudadanía acuda a las urnas con la certeza de que las opciones políticas cumplen con estándares de integridad y probidad. 

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