Nuevos partidos políticos entran con desventaja en el próximo proceso electoral

El Consejero Electoral Arturo Castillo explicó que, si bien algunas de las organizaciones rechazadas cumplieron los requisitos legales, la negativa derivó de señalamientos adicionales. “Se alegaron aportaciones de entes impedidos, promesas de dádivas, manipulación de afiliaciones e incluso intentos de soborno a la autoridad electoral”, indicó.

En particular, mencionó la existencia de información remitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque subrayó que en su opinión no era concluyente: “La documentación de la UIF no acredita un vínculo directo con la organización… debió haberse iniciado un procedimiento de investigación y mantener vigente el registro”. Pese a esta postura, la mayoría del Consejo decidió negar el registro a dichas agrupaciones.

Destacó que los nuevos partidos tendrán efectos legales a partir del 1 de julio, con acceso a financiamiento público y tiempos en radio y televisión. Sin embargo, advirtió que entran en condiciones desiguales frente a otras fuerzas políticas. “Estos dos nuevos partidos entran a la competencia con una notoria desventaja… ya hay procesos políticos adelantados desde hace tres meses”, subrayó.

En ese sentido, insistió en la necesidad de emitir lineamientos para regular y fiscalizar dichos procesos anticipados, con el fin de evitar afectaciones a la equidad electoral: “Podemos fiscalizar desde ahora los gastos para que, si se acreditan actos anticipados, se sumen a los topes de campaña”.

Castillo también cuestionó la falta de actuación del INE ante estas prácticas: “El Instituto no está haciendo nada para arbitrar estos procesos políticos anticipados”. Asimismo, recordó que los partidos de reciente creación deberán competir sin coaliciones en la próxima elección como condición para conservar su registro, lo que calificó como su “primera prueba de fuego”.

Finalmente, identificó retos rumbo al proceso electoral: la posible intervención de recursos ilícitos, la percepción de inequidad por actos anticipados y las limitaciones presupuestales del Instituto. “Esto va a generar cuestionamientos sobre la equidad en la contienda y, eventualmente, sobre la validez de las elecciones”, destacó.