El Día Internacional de las Mujeres, el 8M como se ha posicionado, es un momento propicio para reconocer nuestra larga lucha y los avances en todos los ámbitos de la sociedad, así como también señalar que aún existen desafíos muy importantes para alcanzar la igualdad sustantiva.
Qué mejor manera de visibilizar y generar conciencia en esta fecha que referirnos al evento celebrado en el Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado 7 de marzo denominado “Urna Conmemorativa”, cuya representación simbólica fue la de encapsular en el tiempo documentos que dan cuenta de la participación política de las mujeres, como un testimonio documental del quehacer de las diferentes dependencias del Estado Mexicano.
La Urna Conmemorativa es una representación pública del trabajo institucional por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, por la defensa del principio de la paridad de género, así como de la paridad total.
Dentro de 28 años, en 2053, cuando se conmemoren 100 años de reconocimiento del voto de las mujeres en nuestro país, esta Urna Conmemorativa se abrirá con el fin de que las generaciones que vienen de atrás de nosotras conecten con nuestra memoria histórica: la lucha de muchas mujeres por alcanzar una igualdad en la representación política de este país.
Bajo este contexto, es importante realizar una breve remembranza de la participación política de las mujeres desde 1953 hasta la actualidad, dividida en tres fases:
La primera: la lucha por el reconocimiento al voto y ser votadas de las mujeres, cuyos antecedentes surgieron a principios del siglo XX con las primeras demandas de exigencia del voto femenino con el movimiento sufragista, inspirado en las primeras experiencias internacionales de la Declaración de Seneca Falls o la Declaración de Sentimientos en 1848 en Estados Unidos.
En esta etapa se lleva a cabo el primer congreso feminista celebrado en enero de 1916 en Mérida, Yucatán cuya bandera era la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones, con miras a que el Congreso Constituyente que se encontraba redactando la Constitución de 1917 incorporara dichas demandas, cosa que no sucedió.
En 1922 Yucatán se convierte en la primera entidad federativa en reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser electas, lográndose un a regidora electa y años más tarde con las primeras diputadas locales.
En la década de los 40´s resultó clave la creación del Frente Único Pro-Derechos de las Mujeres, que agrupó activistas para seguir presionando al gobierno para el reconocimiento del voto de las mujeres. En 1947, se dio la antesala del reconocimiento de su voto con una reforma constitucional para ejercer el sufragio en lo local. Finalmente, en 1953, se otorga el derecho de la mujer a votar y ser votada para que en 1955 este derecho se materializara.
La segunda etapa: las llamadas cuotas de género. En 1993 es reformada la legislación electoral para “recomendar” a los partidos políticos mayor participación de las mujeres. En 1996, ante el escaso crecimiento de mujeres en los espacios públicos, se establece la primera cuota de género: 70% y 30%. En 2002, con otra reforma la cuota se convierte en una obligación. En 2008 la cuota pasó a un 60-40%. Aquí, empezamos a ver a las primeras mujeres candidatas propietarias que por distintas presiones las obligaban a renunciar, caso conocido como “las juanitas”.
Un paso importante hacia la igualdad se da en 2011 a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales, para que, a través de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral se garantizaran dichas cuotas.
La tercera etapa: es aprobada la reforma que elevó a rango constitucional el principio de paridad de género para postulación al Congreso federal y locales, dejando de lado a los ayuntamientos que sigue siendo el espacio más rezagado en el cumplimiento de la paridad ya que las mujeres representan alrededor del 29%.
De 2014 a 2019 se observó que entre más participación de las mujeres se incrementó la violencia de género. Al respecto el INE y el Tribunal Electoral sentaron acuerdos y sentencias, respectivamente que derivaron en la creación de la reforma de “Paridad en Todo” (2019) ahora para la integración paritaria de la administración pública en los tres niveles de gobierno, en organismos autónomos y en los sistemas normativos indígenas, así como la normativa de 2020 para combatir la violencia de género que con una reforma constitucional en 2023 determinó 8 supuestos por los que una persona no puede ser candidata o candidato ni ocupar un cargo público.
Larga ha sido la lucha de las mujeres por garantizar el ejercicio de nuestros derechos en condiciones de igualdad y, aún tenemos mucho por lograr para alcanzar una igualdad sustantiva, de la que la presidenta de México ya dio el primer paso con su iniciativa que fuera aprobada por el Congreso de la Unión hace unos meses, para incorporar la igualdad sustantiva en nuestra Constitución.
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