La lucha de las mujeres por alcanzar una igualdad de derechos que no termina por materializarse, ha sido larga y llena de barreras que han imposibilitado su pleno desarrollo en diversos ámbitos en igualdad de condiciones que el género masculino.
Luego de avances aislados a nivel local, es hasta 1953 que de manera oficial se reforma la Constitución para reconocerles a las mujeres el derecho a votar y ser votadas en puestos de elección popular.
Desde entonces, a cuentagotas, las mujeres fueron accediendo a la participación política; primero, a través de la recomendación que se hiciera a los partidos políticos, principales actores en la competencia electoral, para que las candidaturas a diputaciones federales no excedieran de 70% de un mismo género; para 2008 la fórmula fue de 60%-40%. No obstante, la representatividad real en la Cámara de diputaciones guardó proporciones muy superiores para el género masculino.
Es hasta 2014, apenas hace 10 años, en que se incorpora el principio de paridad en la Constitución, lo que permitió que las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales emitieran diversos acuerdos y resoluciones, respectivamente, en favor de una igualdad de género.
Es así como en la elección federal de 2018 casi es alcanzada la paridad en el Senado, y en 2021 se logra mediante la aplicación de una regla de ajuste, en la Cámara de diputaciones. Desde entonces la paridad ha sido una constante en la representación política de las mujeres tanto a nivel federal como local, aunque el nivel municipal es el más atrasado y violento.
La igualdad de las mujeres en la sociedad se vio reforzada en 2019 con la importante reforma conocida como “Paridad en Todo”, así como con la reforma de 2020 que estableció condiciones para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, que ha sido un referente muy dañino y que ha obstaculizado la igualdad sustantiva.
En 2023 a través de una reforma constitucional se establecieron ocho causales para que una persona no pueda ser registrada como candidata o candidato a un cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo o cargo en el servicio público, con lo que se ha abonado a fortalecer la presencia de las mujeres en la esfera pública y política.
Con estos antecedentes celebramos que el Congreso de la Unión avalara por unanimidad la reforma que presentara la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo que busca no solo aumentar la representación de las mujeres, sino también asegurar que se implementen políticas públicas que aborden las desigualdades estructurales que enfrentan.
Entre los aspectos más destacados de esta gran iniciativa encontramos la constitucionalidad de la igualdad sustantiva no solo como igualdad en derechos, sino también como meta para la eliminación de las barreras que impiden a las mujeres acceder a oportunidades en todos los ámbitos.
Asimismo, se incluyen medidas concretas para fomentar la participación de las mujeres en la política y la obligación constitucional de gabinetes paritarios.
Un aspecto importante es que se busca que los presupuestos públicos consideren la perspectiva de género, asegurando que se destinen recursos suficientes para programas que beneficien a las mujeres, así como considerar disposiciones para erradicar la brecha salarial en razón de género.
Se establece la perspectiva de género para la impartición de justicia y para las actividades en materia de seguridad pública, así como la creación de fiscalías especializadas para la atención de asuntos de las mujeres.
Se incluyen medidas para combatir todas las violencias contra las mujeres, un problema que persiste en el país y que afecta gravemente la vida de muchas mujeres.
Finalmente, se presenta un esquema muy interesante para la implementación de programas educativos que promuevan la igualdad de género desde una edad temprana, buscando cambiar las percepciones y actitudes hacia las mujeres en la sociedad.
Este es un gran paso para lograr no solamente una igualdad sustantiva en nuestro país, representa el reconocimiento de la larga lucha que han librado las mujeres a lo largo de la historia; su necesaria incorporación a la representatividad profesional y política bajo condiciones de igualdad y libre de todo tipo de violencia, así como el fortalecimiento de nuestra democracia cuyo principal indicador es justamente la libertad y la igualdad.
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