Uno de los aspectos que más atentan contra la integridad de una sociedad, del Estado y, en particular de las familias, es la desaparición de personas por el dolor que infringe no saber en dónde se encuentra un familiar o un ser querido; por la inseguridad que esto trae consigo, así como la impotencia que se genera tanto física como psicológicamente en las personas involucradas que les propicia un daño importante y, en ocasiones, irreparable.
Las víctimas de desapariciones sufren, además, la negación de derechos humanos como la libertad y seguridad de las personas; el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica; el derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; el derecho de identidad; el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos degradantes, entre otros. Al Estado, y hay que decirlo claramente, lo fractura principalmente en el cumplimiento a su deber constitucional de proteger a las y los ciudadanos.
Debido a este fenómeno mundial, el 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresó su profunda preocupación sobre las desapariciones forzadas en diversas latitudes del mundo. La resolución A/RES/65/209 incorporó de la Convención Internacional para la protección de todas las personas desaparecidas, la iniciativa de declarar el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, misma que comenzó a observarse, por parte de los Estados miembros y de los que nuestra nación forma parte, en 2011.
Nuestro país se debate en las cifras reales de las personas desaparecidas y en donde están involucradas diversas instancias como la Comisión Nacional de Búsqueda, las instancias equiparables en las entidades federativas, la Fiscalía General y fiscalías estatales de Procuración de Justicia, las Comisiones de Derechos Humanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras, como el Instituto Nacional Electoral (INE).
El INE desde 2016 ha firmado 19 Convenios de Colaboración para coadyuvar con el Estado y sus respectivas instituciones a nivel federal y estatal, en la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas a través de sus instrumentos registrales, es decir, utilizando la información biométrica que se encuentran contenidas en el Padrón Electoral, conformado por el Registro Federal de Electores, área nodal del INE. Debido a la importancia de este tema, a la fecha en 9 entidades federativas los Convenios respectivos se encuentran en proceso de suscripción.
Hasta el momento, los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora y Yucatán, son los estados que no han solicitado algún Convenio con el INE. Para el caso de la Ciudad de México, Estado de México y Guerrero, se han tenido diversas comunicaciones y reuniones para lograr con la mayor celeridad la firma de los Convenios respectivos. El objetivo del INE es lograr que las 32 entidades federativas se sumen a este esfuerzo institucional en beneficio de la sociedad.
Las autoridades con las que se firman estos convenios solicitan al INE diversa información sobre casos concretos en los que los datos en posesión del Registro Federal de Electores del INE, puede arrojar luz sobre las personas que se intenta localizar o identificar.
La información específica se encuentra de manera pública en el Informe de conclusión de actividades de la Comisión del Registro Federal de Electores que, en mi carácter de presidenta presenté el pasado 25 de agosto ante el Consejo General del INE, su máximo órgano de dirección. El link es el siguiente: https://inemexico.sharepoint.com/:w:/r/sites/CG/_layouts/15/Doc.aspx?action=edit&sourcedoc=%7B4fdc07c2-6352-4892-8ce0-4854edf1176b%7D&wdOrigin=TEAMS-ELECTRON.teamsSdk.openFilePreview&wdExp=TEAMS-CONTROL&web=1
Es importante que la ciudadanía sepa de todas y cada una de las actividades que desarrolla la Institución, de lo que puede coadyuvar con otras instancias y del aporte que deja, no solo a nuestro quehacer democrático y de participación ciudadana, sino como un engrane que le puede permitir al Estado mexicano eficientar su labor, en este caso, a la localización e identificación de personas desaparecidas, un tema tan lacerante para nuestro país.
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