La conformación estructural del Instituto Nacional Electoral (INE) de acuerdo con lo mandatado tanto en la legislación electoral como en su reglamentación interna se basan para el análisis, el estudio, la argumentación y la determinación de los asuntos fundamentales para su organización, así como para llevar a buen puerto las elecciones en nuestro país, en esquemas colegiados que le han permitido tomar decisiones basadas en los principios constitucionales que guían su actuación.
Esta colegialidad le permite al INE garantizar el más completo ejercicio de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía como el derecho al sufragio, a la identidad, a la observación electoral, a la postulación paritaria, a la equidad en las contiendas, entre otros preceptos, que derivan en concretar elecciones libres, periódicas y auténticas, bajo contextos libres de violencias.
En este sentido, para la conformación del anteproyecto de presupuesto, fundamental para la organización y desarrollo del proceso electoral más grande de la historia de nuestro país, intervinieron tres instancias colegiadas: la Junta General Ejecutiva que la conforman todas las áreas ejecutivas y unidades técnicas de la institución; la Comisión Temporal de Presupuesto, que tengo el honor de presidir, y el Consejo General, su máximo órgano de decisión.
Para la construcción del anteproyecto de presupuesto es importante destacar la transparencia y apertura para trabajar de forma conjunta con las representaciones de los partidos políticos y del Poder Legislativo; se tuvieron reuniones con las personas titulares de las 32 delegaciones del INE; participaron consejeras y consejeros no integrantes de la Comisión Temporal de Presupuesto y, por primera ocasión, existió un acompañamiento inédito por parte del Órgano de Control Interno que formuló recomendaciones y observaciones derivadas de auditorías anteriores.
Bajo este contexto, el pasado 18 de agosto el Consejo General del INE aprobó, de forma unánime, su anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 por un monto que asciende a la cantidad de 23,757 millones 453,846 pesos que le permitirán a la autoridad electoral federal garantizar el voto de aproximadamente 98 millones de electoras y electores, es decir, más de 8 millones de mexicanas y mexicanos que en 2018, así como la instalación de 170 mil casillas, 14 mil casillas más que en la elección de 2018.
Para 2024 se renovará la Presidencia de la República; 128 senadurías y las 500 diputaciones federales; a nivel local habrá elecciones, por primera vez, en las 32 entidades federativas en las que serán renovados más de 19 mil cargos de elección popular que estarán en disputa de forma concurrente con la elección federal.
Asimismo, el monto solicitado en el anteproyecto de presupuesto del INE le permitirá, entre otros rubros, asumir con profesionalismo, en las primeras elecciones concurrentes en todo el país y a diferencia de las elecciones de 2018, los siguientes proyectos institucionales:
La realización de conteos rápidos de todas las elecciones federales (Presidencia y ambas Cámaras del Congreso de la Unión), así como las 8 gubernaturas en disputa y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La aplicación de los mandatos y principios normativos de la reforma constitucional de 2019 en materia de paridad de género, los de la reforma legal de 2020 en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género -a través de la creación de una Defensoría Pública para Mujeres- y por primera vez los de la elección consecutiva para el Senado de la República.
El voto de personas en prisión preventiva en todo el país con efectos vinculantes.
El voto anticipado vinculante en todo el país.
El voto presencial electrónico para las y los mexicanos residentes en el extranjero en alrededor de 20 consulados.
La implementación de un mayor número de urnas electrónicas en casillas para recibir la votación de la ciudadanía para distintos cargos de elección popular, entre otros.
Ahora tocará el turno a la Cámara de Diputadas y Diputados para analizar la propuesta del INE, para lo cual se han tenido los acercamientos institucionales para exponer con claridad y transparencia los rubros y alcances de este anteproyecto de presupuesto que busca garantizar la renovación del poder público en beneficio de la ciudadanía, de nuestro sistema político y, por supuesto, de nuestra democracia
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