En los últimos días desde cualquier red social o medio de comunicación reiteradamente escuchamos que México tiene en puerta la realización de elecciones consideradas de importancia histórica por diversas razones.
La primera por la dimensión participativa que vamos a experimentar: se estima que 98 millones de mexicanas y mexicanos seremos convocados a votar la renovación de la persona titular del poder ejecutivo; de 128 senadurías y 500 diputaciones a nivel federal. También para elegir las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán; la jefatura del gobierno de la Ciudad de México y 31 Congresos Locales (menos el de Coahuila); además de varios ayuntamientos, alcaldías, concejales, presidencias de comunidad y juntas municipales en diferentes regiones del país, sumando un aproximado de 20 mil cargos federales, estatales y municipales.
Recordemos que la elección de la presidencia de la República siempre capta el mayor interés participativo, tan solo en 2018 votaron el 63% de las personas integrantes de la lista nominal.
Otra razón que distingue la próxima elección con el sello de histórica, es porque prácticamente todo el país estará en proceso electoral y -de forma inédita-, ya lo estamos viviendo y en tanto elecciones concurrentes, la renovación de todos esos cargos federales y locales se votarán el día 2 de junio de 2024.
Esto nos lleva a la otra razón de importancia: la dimensión logística, la operación y la responsabilidad que implicará para el INE, sus juntas locales-distritales; para los Organismos Públicos Locales, pero sobre todo para las casi 50 mil personas valiosas que participarán como supervisoras electorales (SE) o capacitadoras electorales (CAE) y toda la ciudadanía que integrará las mesas de 170 mil casillas que recibirán, contarán y cumplirán con la remisión del paquete electoral a sus respectivas cabeceras distritales.
Será un proceso que deberá ser ejemplar en todas las prácticas de inclusión y de progresividad en el ejercicio de los derechos político-electorales implementadas y logradas en procesos electorales previos y también será un desafío participativo acudir a votar y distinguir distintos tipos de casilla, distintas urnas y boletas y toda una confluencia pacífica de diversas voluntades y modalidades de votación (anticipado, para mexicanos/as en el extranjero, personas con discapacidad o en prisión preventiva).
Otra razón de especial importancia radica en que será el tercer proceso electoral en donde la paridad entre mujeres y hombres deberá reflejarse en todas las instancias de participación, en las postulaciones de candidaturas o fórmulas de coaliciones y en el resultado final de la conformación de los cargos electos.
Recordemos que la reforma a varios artículos de nuestra Constitución mandató en 2019 la paridad en los 3 poderes del Estado, ámbitos de gobierno; en organismos autónomos, candidaturas de los partidos políticos o cargos de elección popular, y en municipios bajo sistemas normativos indígenas.
Desde entonces -tal como en el INE afirmamos, la paridad se ha convertido en el nuevo paradigma de la participación política electoral e incluso de impulso a agendas y ejercicio del poder en favor de los derechos de las mujeres en nuestro país.
La lista nominal es un ejemplo nato (por decirlo de alguna manera) de la paridad, y al mes de julio de 2023 tenemos el registro de 48% hombres y 51% mujeres que la conforman.
Por ahora no sabemos cuántas mujeres participarán ejerciendo su derecho a la paridad en las candidaturas, ello dependerá de las postulaciones que los partidos, coaliciones o candidaturas comunes presenten en las distintas fórmulas y cargos en contienda.
A partir del principio constitucional de paridad en todo, y aunado a los lineamientos del INE y sentencias del TEPJF, su impacto ha sido contundente: en 2018 por primera vez el Senado de la República tuvo una integración de 48.2% mujeres y 50.8% hombres; en 2021 la llamada Cámara baja se conformó por 50% mujeres y 50% hombres, el resultado es altamente significativo si tomamos en cuenta que en 1988 sólo el 10.5% lo integraban legisladoras.
En cuanto al acceso y ejercicio al cargo de gubernaturas de entidades federativas, en tan solo tres procesos electorales 2028, 2021 y 2023 la proporción de mujeres se incrementó de 22% a un 31% sumando -en septiembre próximo con la elección en el Estado de México, un total de 10 gobernadoras en todo el país (1).
En 2024, se renovarán gubernaturas en 9 entidades más, de las cuales sólo en Jalisco y Yucatán han publicado reformas a su normativa en la materia, y aunque existan partidos nacionales o locales sin actualización de sus documentos básicos, todas las candidaturas deberán postularse aplicando el principio constitucional de la paridad y en estricto apego a la jurisprudencia sostenida por el TEPJF: en su interpretación y aplicación se deberá procurar el mayor beneficio para las mujeres.
En las diputaciones locales, aunque la proporción de mujeres se incrementó paulatinamente en prácticamente todos los Congresos de las entidades federativas, su representación aún es pequeña (2) al igual que en las presidencias municipales, en regidurías y sindicaturas, en dónde aún la paridad no impacta como se esperaría.
Si bien en cargos federales la tendencia general indica que prácticamente la paridad se ha tornado un criterio ineludible, a nivel gubernaturas, diputaciones y cargos locales aún existen importantes déficits y grandes cuestionamientos a las causas de las resistencias y dificultades a la paridad en dicho ámbito, a pesar de ser el de mayor cercanía, una especie de escuela de las experiencias de participación ciudadana y política de las mujeres.
Es crucial reflexionar y mirar con lupa lo que sucederá a nivel local en el próximo proceso electoral 2024, ya que se renovarán 1580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 Juntas municipales.
Seguramente el INE y las autoridades jurisdiccionales seremos muy proactivos y en estricto apego a las respectivas atribuciones acompañaremos a los partidos políticos en su mejor esfuerzo por ser agentes activos de cambio al cumplir con sus postulaciones paritarias en todo.
Asimismo, recordemos que la paridad no se agota en la postulación, las mujeres tienen derecho a contender en condiciones igualitarias y un aspecto crucial es contar al menos con el 40% del tiempo de radio y tv de partidos y coaliciones durante sus campañas.
Otro motivo que distinguirá la trascendencia del proceso que estamos a un par de meses por iniciar, es que por primera vez se aplicará la Reforma constitucional por la cual ninguna persona con sentencia firme por violencia contra las mujeres o deudora alimenticia podrá postularse a ninguna candidatura. La predecesora de la 3 de 3, ya es mandato constitucional: Ningún agresor o agresora ocupará cargos públicos.
De inicio es responsabilidad de cada una de las personas que buscarán una candidatura, conocer y cumplir la Ley. Por su parte, partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes, alisten motores y asegúrense de realizar las postulaciones y las fórmulas con paridad y libres de personas violentas, ya que ahora son mandatos de carácter constitucional.
Alistemos motores hacia 2024, y desde el arranque demos el ejemplo, por contiendas paritarias y sin ningún tipo de violencia.
- En Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Tlaxcala , Campeche, Quintana Roo, Ciudad de México y Estado de México
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