El Instituto Nacional Electoral (INE) aclara a la opinión pública la fundamentación de las determinaciones de la Comisión de Quejas y Denuncias:
- El Instituto Nacional Electoral no se pronuncia de manera definitiva sobre las quejas de la ciudadanía y/o actores políticos, corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver el fondo del asunto.
- Lo que compete al INE es dictar medidas cautelares y éstas atienden a un principio de emergencia o prevenir un daño irreparable en la contienda electoral.
- Para decidir sobre la adopción o no de medidas cautelares, la Comisión de Quejas y Denuncias toma como referencia los criterios validados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, en el caso de las declaraciones del Presidente de la República en sus conferencias mañaneras del 9 y 11 de mayo, la Comisión siguió el precedente SUP-REP-89/2023, el cual confirma la improcedencia de medidas cautelares cuando se trata de expresiones que aluden a la renovación del Poder Legislativo, siempre y cuando no se realicen dentro del proceso electoral ni se llame al voto por un partido político específico.
- El Tribunal ha sido claro al señalar en su sentencia que si bien las expresiones denunciadas pudieren tener una incidencia en el proceso electoral 2023-2024, en este momento no es posible afirmar que su afectación sea inminente, o bien, que no pueda ser reparada en la sentencia de fondo, antes de que inicie el proceso.
- No obstante esta determinación, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideró necesario emitir un pronunciamiento que tiene como destinatario al Titular del Ejecutivo Federal a fin de que, en todo tiempo, ajuste sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, recalcando la obligación a su cargo de conducirse con imparcialidad y neutralidad con el propósito de no afectar en la equidad en la contienda, respetando los tiempos establecidos por la ley en materia de campañas y precampañas.
El Instituto Nacional Electoral refrenda el llamado al Presidente de la República, a los titulares de los poderes ejecutivos locales, a las y los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, así como a los diversos actores políticos a conducirse en el marco de la ley y la Constitución para que, junto con las autoridades electorales, contribuyan a entregar a la ciudadanía en 2023 y 2024 elecciones auténticas, libres y justas.
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