El 7 de mayo, la República de Chile celebró elecciones para la conformación del Consejo Constitucional, órgano responsable de crear una propuesta de nueva Constitución Política. Este proceso constituyente comenzó en 2020 con una movilización social histórica que demandaba más y mejor democracia y desde 2022 ha dado lecciones de carácter democrático.
Merece la pena recordar que el Proceso Constituyente de Chile ha pasado por un estallido social que dio origen a la demanda, una pandemia, la celebración de comicios y el rechazo de la ciudadanía chilena ante la propuesta de Constitución. Esa negativa provocó que el pasado domingo 7 de mayo, ante una participación ciudadana de casi el 85%, el 21.5% de las personas que salieron a votar emitieron voto nulo o voto blanco.
Es decir, dos de cada diez votantes, no eligieron ninguna de las opciones políticas disponibles para la elaboración de su nueva Carta Magna, lo que nos lleva a reflexiones ineludibles: Desde 2010, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en su informe Nuestra democracia, divisaba lo que denominó una crisis de representación, la cual ha sido confirmada con los resultados de los últimos diez informes de Latinobarómetro: hay un déficit de confianza ciudadana en las instituciones clásicas de representación política, sean partidos políticos, gobiernos o instituciones; esto a pesar de que el interés de las personas por los asuntos públicos es creciente, por lo que tenemos que responder a la pregunta ¿por qué?, para atender el problema y adaptarnos a la nueva exigencia democrática de la ciudadanía.
En el INE y los Organismos Públicos Locales debemos seguir trabajando en la construcción de una cultura política democrática y participativa en el país, que fortalezca la democracia, a través de campañas de difusión de información, capacitación y educación cívica, con el objetivo de empoderar a la ciudadanía y promover su involucramiento en la vida política del país, teniendo claro que la inclusión y la igualdad son fundamentales en el ejercicio de los derechos políticos.
La experiencia chilena es un recordatorio de que la democracia no es un concepto estático, sino un sistema vivo que debe ser capaz de responder y satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad. Es responsabilidad de todas las instituciones, sin importar su naturaleza, estar dispuestas a escuchar, comprender y atender las voces y demandas de la ciudadanía.
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