El Instituto Nacional Electoral (INE) de acuerdo con la legislación electoral, opera sus máximas decisiones a través de su Consejo General en donde se argumentan y analizan diversos temas que son el hilo conductor de los procesos electorales federales y locales en México. Para ello, dicho organismo se auxilia de comisiones permanentes y temporales que analizan rubros o materias específicas que, luego de un proceso deliberativo generalmente acompañado de las representaciones de los partidos políticos y del Poder Legislativo, los someten para consideración del Consejo General.
Bajo este contexto, el pasado 31 de marzo la Cámara de Diputadas y Diputados realizó el procedimiento de insaculación para la elección de las 4 vacantes de consejerías electorales del INE, mismo que ejercerán el cargo del pasado 4 de abril al 3 de abril de 2032, dando como resultado la elección de una nueva consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, así como de la consejera electoral Rita Bell López Vences, y los consejeros Arturo Castillo Loza y Jorge Montaño Ventura.
A partir de este suceso, el INE aprobó el pasado 10 de abril, la conformación de las comisiones permanentes y otros órganos del INE para el cumplimiento de sus atribuciones, destacando con ello que 9 de 13 de estas instancias auxiliares serán presididas por consejeras electorales. En ese acuerdo se estableció que presidiré los trabajos de la Comisión del Registro Federal de Electores.
Esta Comisión permanente tiene múltiples responsabilidades entre las que destacan preservar y fortalecer la confianza de la ciudadanía a través de integrar instrumentos registrales de calidad como lo son el padrón electoral y los listados nominales de electoras y electores; consolidar la credencial para votar como instrumento para ejercer nuestro derecho al voto y como medida de identidad ciudadana; aumentar la cobertura, servicios y calidad de la atención de las y los ciudadanos; mejorar la eficiencia de los procesos sustantivos registrales a través de su actualización, modernización y la incorporación de tecnologías que permitan, además, considerar ahorros en beneficio de la institución y de la sociedad en general, entre otros.
En este sentido, y particularmente sobre este último objetivo presentaré a la consideración de la Comisión del Registro Federal de Electores cuatro proyectos que, por medio de su análisis, estudio e inclusive a través de la realización de pruebas piloto determinen la viabilidad de estos.
El primer proyecto se refiere a la necesidad de revisar la viabilidad de credencializar a personas que se encuentran en prisión preventiva, así como de personas repatriadas. Otro proyecto es el relativo a avanzar hacia la generación de una credencial de elector digital mostrando para ello sus fortalezas y bondades, o bien, los riesgos y debilidades.
Asimismo, un proyecto más está relacionado con observar la viabilidad del uso de listas nominales de electores digitales tanto para los procesos electorales federales como locales, así como para los ejercicios de participación ciudadana.
El INE debe modernizarse, debe explorar nuevas vías no solo para eficientar la planeación, organización y desarrollo de los procesos electorales o de democracia directa, sino debe poner énfasis en la búsqueda permanente por encontrar estándares de mayor calidad, así como en la generación de ahorros y, estoy segura de que apostar a la tecnología y actualización de procedimientos es un camino que nos abrirá muchas posibilidades.
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