VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 2 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, POR EL QUE SE DETERMINA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA EL EJERCICIO 2023
El financiamiento público a los partidos políticos de manera predominante sobre el financiamiento privado, se incorporó a la legislación mexicana, como lo ha mencionado el Consejero Uuc-kib Espadas en 1996, con un triple propósito.
Primero, crear un modelo en el que la financiación de la política, predominantemente pública, sirviera para limitar, para acotar, para matizar el paso de fuentes privadas de financiamiento bajo una premisa, el financiamiento privado de la política, sobre todo el gran financiamiento, nunca tienen propósitos de filantropía sino, como ha mencionado el Consejero Espadas, de interés político.
Segundo, transparentar los recursos que disponían los, que disponen los partidos políticos, dado que el financiamiento público al ser mayoritario y al tener la autoridad electoral y la sociedad mexicana perfecta claridad de los montos a los que ascienden, sepan de dónde provienen la mayor parte de los recursos que disponen los partidos políticos.
Y, tercero, para establecer un piso mínimo de equidad para la competencia entre las diversas fuerzas políticas.
Déjenme hacer un paréntesis en este punto.
No es casual, hay quien no sabe de nuestra historia electoral, quien cree que la democracia se creó hace apenas unos días, pero no es casual que justamente en las elecciones de 1997, las primeras elecciones realizadas después de la trascendental reforma que maximizó el financiamiento público y lo volvió predominante, la oposición comenzara a ganar de manera consistente y reiterada posiciones de gobierno a través de las urnas.
Posteriormente, así que el financiamiento público y el piso de equidad que se generó es lo que explica lo que hoy existe en el país. Quien hoy nos gobierna a nivel federal y a nivel local lo hace porque hay condiciones de equidad en la competencia, aunque a veces la memoria sea breve y se pretenda desconocer la propia historia.
Posteriormente, con la creación y perfeccionamiento en el sistema de fiscalización, el modelo de financiamiento público ha contribuido a un tercer propósito, decía, el de la transparencia y la rendición de cuentas, no solamente porque se conoce la fuente, como mencionaba, principal de los recursos, sino porque además el dinero que reciben los partidos, tanto el público como el privado, es escrupulosamente escrutado.
Hoy existe evidencia de que se ha avanzado en ese triple propósito: la legalidad y certeza sobre el financiamiento de la política, la equidad en la competencia y la transparencia en el manejo de los recursos por parte de partidos, candidatas y candidatos.
Existen aún, sin duda, desafíos y oportunidades de mejora, pero el sistema electoral mexicano cuenta hoy con un robusto mecanismo de fiscalización y control de los recursos que año con año se destinan a los partidos con registro nacional y local.
En ese contexto, cada año el Instituto Nacional Electoral calcula, no puede hacer otra cosa porque este es un mandato constitucional, el financiamiento que recibirán los partidos con base en una fórmula establecida en la Constitución.
Esto es importante que quede claro. Lo que hoy está determinando el INE no es motu proprio, no es por su propia decisión, es porque estamos cumpliendo, aunque a algunos no les gusta lo que dice la Constitución. Y si no gusta lo que dice la Constitución para eso están las vías de reforma constitucional, por cierto, arreglo constitucional que fue el producto del acuerdo entre las propias fuerzas políticas.
Y vale la pena explicar cada año cómo es que se determina el monto que se nos propone en el acuerdo que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos pone a nuestra consideración el día de hoy, porque como todos ustedes saben dicha fórmula de cálculo no admite debate o negociación alguna, sino que es un mandato establecido por el propio artículo 41 de la Constitución.
Y hay también que aclarar que ese monto no forma parte del presupuesto operativo que ejerce el INE, sino que los recursos que el INE recibe de la Secretaría de Hacienda para este propósito se transfieren íntegra e inmediatamente a los partidos políticos a través de ministraciones mensuales.
Es decir, el INE únicamente debe aplicar y puede aplicar dicha fórmula que, como ya se ha explicado aquí, consiste en multiplicar el número de personas inscritas en el Padrón Electoral por el 65 por ciento del valor actual de la Unidad de Medida y Actualización.
Así, con base en el corte del Padrón Electoral del pasado 31 de julio, con un número total de 94 millones 910 mil 965 personas, la aplicación de la fórmula dio como resultado un monto global de financiamiento para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los partidos por más de cinco mil 936 millones de pesos a los que se suman otras prerrogativas establecidas en la Constitución: actividades específicas, franquicia postal y franquicia telegráfica, para un gran total de seis mil 223 millones 510 mil 798 pesos.
El acuerdo que está a consideración de este Consejo, se aplica también la fórmula de distribución de dichos recursos entre los siete partidos políticos que actualmente tienen registro nacional, que establece que el 30 por ciento del monto total se distribuye de manera igualitaria y el 70 por ciento de manera proporcional, según los resultados de la última Elección Ordinaria Federal para elegir diputadas y diputados, la de 2021.
Para 2023, como ocurre en los años en los que no hay elecciones federales previstas, el financiamiento público no incluye gastos de campaña, sino solo el financiamiento para las actividades ordinarias permanentes de los partidos.
Insisto, los montos que se ponen a nuestra consideración parte de fórmulas establecidas en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no son una decisión del INE, sino resultado de lo que nuestras leyes establecen y que el INE simple y sencillamente está acatando y aplicando estrictamente.
Permítanme concluir sobre la idea, el modelo de financiamiento predominantemente público de los partidos políticos es uno de los pilares de nuestro sistema electoral y es el producto de la evolución de dicho sistema a partir de una serie de reformas que, consensuadas entre las propias fuerzas políticas, han ido perfeccionando y mejorando las condiciones de legalidad, certeza y equidad en la contienda política.
Hoy cuando están debatiéndose en el Congreso diversas iniciativas de reforma político-electoral, vale la pena revisar nuestra historia y considerar de dónde vienen nuestras reglas e instituciones electorales, porqué se plantearon de determinada manera en su momento, cómo han ido evolucionando y qué problemas pretendían resolverse con cada una de las reformas que se aprobaron.
Si dichas fuerzas políticas deciden modificar el modelo de financiamiento público, actualmente existente, actualmente vigente, es algo absolutamente válido, pero modificar las reglas vigentes actuales requiere un gran consenso político que incluya preferentemente tanto a mayorías como a las minorías, como suele ocurrir en democracia y como suelen actuar los auténticos demócratas.
Puede ser pertinente revisar las leyes electorales, siempre y cuando se cuide nuestra democracia, siempre y cuando los cambios se hagan para mejorar lo que tenemos y tratándose de las reglas de acceso al poder y a la representación popular, siempre y cuando se haga a partir de un diagnóstico, real, objetivo, serio y con el máximo consenso posible.
En muchas ocasiones se ha señalado que es pertinente revisar los montos públicos que se asignan a los partidos, eventualmente racionalizados, pero no perder, por ese propósito legítimo y válido, el piso de equidad que hoy todas las fuerzas políticas tienen garantizado.
Corresponderá, pues, a los legisladores y legisladoras, decidir en el futuro si se debe realizar reforma constitucional hoy vigente.
Por lo pronto, el INE cumple una vez más con sus atribuciones y obligaciones constitucionales al aplicar esa fórmula, un presupuesto que estará integrado al proyecto integral del INE y que se enviará en septiembre a la Cámara de Diputados.
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