El pasado 27 de abril se presentaron ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) los resultados de la novena edición de la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ), ejercicio que desde el año de 1997 ha fomentado la participación de las niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la cultura político democrática mediante la apertura de espacios para que la juventud mexicana exprese sus opiniones y propuestas en temas que están relacionados con sus espacios de conveniencia y el ejercicio de sus derechos; la finalidad es que sus voces sean escuchadas por la sociedad, el gobierno y sus instituciones.
Este ejercicio se llevó a cabo en el mes de noviembre del año anterior, y ha sido la de mayor convocatoria en la historia del proyecto con 6,976,839 participantes de entre 3 y 17 años de edad.
Las opiniones de las niñas, niños y adolescentes recabadas en esta Consulta deberán servir para orientar a la ciudadanía, la academia, las organizaciones civiles y a las y los tomadores de decisiones en materia de políticas públicas, y con ello se espera impulsar el debate público informado y contribuir a las tareas que corresponden al Estado mexicano para garantizar los derechos de la población infantil y juvenil.
Es por esto que el pasado 19 de mayo el INE suscribió un acuerdo de colaboración con los siete partidos políticos nacionales para impulsar la agenda de niñas, niños y adolescentes a partir de los resultados obtenidos en la Consulta, con el objeto de que esta información sirva como insumo para que el Estado y la sociedad mexicana diseñen y pongan en marcha políticas públicas que atiendan las propuestas realizadas por las juventudes en temas relacionados con el cuidado del planeta, sus escuelas y el ejercicio de sus derechos.
El acuerdo establece que el INE y los partidos impulsarán, desde su ámbito de responsabilidades y atribuciones, las actividades elaboradas por el Comité Técnico de Acompañamiento a partir de la información contenida en los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, destacando, entre otras, las siguientes actividades:
· Comprometerse con la promoción activa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes desde un enfoque general de derechos humanos;
· Apartarse de visiones y prácticas adulto-céntricas en la forma de hacer leyes y política pública para comenzar a escuchar de forma activa las problemáticas y propuestas de las niñas, niños y adolescentes;
· Impulsar en el diseño de las acciones, leyes y políticas públicas dirigidas a este sector, la implementación de un enfoque de política itinerante, de reconocimiento a la diversidad de género y no adulto-céntrico que retome las particularidades de los distintos grupos de edad de las infancias y adolescencias;
· Impulsar la visibilización de los grupos históricamente excluidos dentro de las niñas, niños y adolescentes como lo han sido las personas indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas en situación de calle, niñez trabajadora, niñez migrante, entre otros;
· La agenda de las niñas, niños y adolescentes que sea impulsada por la sociedad, las personas servidoras públicas y los partidos políticos debe reflejar las preocupaciones, intereses y temas expuestos por las infancias y adolescencias en la CIJ 2021;
· Comprometerse al impulso de propuestas legislativas sustentadas en la CIJ 2021, la cual contiene la opinión de casi 7 millones de niñas, niños y adolescentes, más de la quinta parte de este grupo etario a nivel nacional;
· Impulsar el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes desde el Estado con mecanismos de participación e interlocución permanentes en asuntos públicos, que afecten o incidan en sus condiciones y oportunidades de vida y desarrollo, especificando los canales de representación. Esto debería incluir las decisiones que se toman dentro de la escuela, así como sus implicaciones en su comunidad;
· Impulsar la difusión de los resultados de la CIJ 2021 a través de los medios electrónicos oficiales del sector educativo;
· Impulsar las propuestas de las niñas, niños y adolescentes en la política educativa nacional, entre otras.
Con este convenio de colaboración el INE y los partidos políticos buscan promover la creación de espacios para la participación de las niñas, niños y adolescentes; así como abanderar, difundir y canalizar sus demandas dentro de los órganos de representación política y en los diferentes niveles de gobierno en el país.
Estas acciones son pasos fundamentales de cultura cívica que abona a fortalecer nuestro sistema democrático.
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