La integridad de un sistema electoral descansa en sus instituciones y normas democráticas, pero en última instancia depende también del cumplimiento de las reglas por los diferentes actores políticos y poderes.
Ahora que se ha celebrado la revocación de mandato, conviene revisar qué tanto se respetaron la Constitución y las leyes, pues me temo que estamos ante el proceso político electoral con la mayor cantidad de violaciones a las reglas del juego democrático que hayamos visto en décadas.
Doy sólo 10 ejemplos de conductas que debemos evitar en el futuro.
Uno. El incumplimiento del Congreso para aprobar, en el tiempo que él mismo se había dado, la ley de revocación de mandato. No podemos ir a procesos de votación sin reglas claras establecidas con la antelación que dicta la propia Carta Magna.
Dos. La asfixia presupuestal hacia la autoridad constitucional a cargo de los procesos electorales. El INE solicitó una partida precautoria de su presupuesto por si se realizaba la revocación de mandato, pero recibió el mayor recorte presupuestal de su historia.
Tres. La pretensión de la Secretaría de Hacienda de ajustar y modificar el presupuesto del INE. El Tribunal Electoral instruyó al INE para que solicitara una ampliación presupuestal a Hacienda. Antes de recibir esa solicitud, en una conferencia mañanera, Hacienda quiso con un power point de cinco láminas decir cómo ajustar el presupuesto del INE. La autonomía del INE también es presupuestal.
Cuatro. La amenaza de cárcel al árbitro electoral. En una acción sin precedente en la vida democrática de México, la presidencia de la Cámara de Diputados presentó una denuncia penal contra seis consejeros y consejeras electorales y el secretario ejecutivo del INE. Nunca antes se persiguió como un delito a las opiniones y los votos de los consejeros del INE.
Cinco. Presentación de firmas falsas. La asociación civil «Que siga la democracia» entregó casi 18 mil firmas de difuntos. El desaseo fue tal que el INE encontró que 25 por ciento de los ciudadanos supuestamente firmantes negaron haber dado su apoyo a la revocación de mandato.
Seis. El intento de inaplicar la Constitución con un decreto de interpretación legislativa. El Congreso quiso saltarse la prohibición constitucional que tienen los servidores públicos de intervenir en la revocación de mandato. El Tribunal Electoral les leyó la cartilla: las reglas del juego no se cambian cuando éste ya inició y ningún decreto hace nugatoria la Constitución.
Siete. Opacidad en el uso de recursos en campañas propagandísticas. Cientos de espectaculares a lo largo y ancho del país con la imagen y el nombre del presidente. Una suerte de campaña presidencial pero que nadie supo quién ordenó desplegar y cuyos recursos siguen siendo de origen desconocido.
Ocho. Pretender saltarse al Tribunal Electoral. La Sala Superior confirmó, como última instancia en materia electoral, una medida cautelar del INE al presidente de la República por violar la Constitución. El presidente de la Cámara impugnó esa decisión definitiva ante la Corte. Es decir, ahora tratan de quitar el carácter de inatacable a las decisiones de la Sala Superior.
Nueve. Indebida intromisión partidista. La Corte dijo que los partidos políticos no deben inmiscuirse en las campañas de revocación de mandato. Morena violó esa determinación del tribunal constitucional una y otra vez.
Diez. El presidente, el gabinete, distintos gobernadores y legisladores atentaron contra el deber de neutralidad electoral que les impone la Constitución desde que inició la revocación y hasta el final.
Estas irregularidades cometidas desde el poder, de repetirse en 2024, pueden poner en serio riesgo la gobernabilidad democrática. Cuidemos las elecciones genuinas y legales.
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