El pasado 20 de enero, la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales (COTSPEL) puso a consideración de los y las consejeras electorales que formamos parte de dicho órgano colegiado el “Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba instrumentar el voto electrónico, en la modalidad de prueba piloto con votación vinculante en una parte de las casillas en los Procesos Electorales Locales 2021-2022 en Aguascalientes y Tamaulipas, así como sus Lineamientos y anexos”.
Entre los aspectos más destacados de este documento es la utilización de urnas electrónicas en dichas entidades federativas con las urnas desarrolladas por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de los estados de Coahuila y Jalisco. La implementación consistiría en la instalación de estos mecanismos de votación únicamente en 50 casillas para Aguascalientes e igual número para Tamaulipas.
Al respecto, vale la pena referir que en los procesos electorales locales de 2020 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), su máximo órgano de decisión aprobó el 18 de octubre de ese año, es decir, apenas hace poco más de un año, el primer ejercicio de votación vinculante con urna electrónica bajo las directrices de la autoridad electoral nacional. Este acuerdo determinó la utilización de 94 casillas con urnas electrónicas; 40 en el estado de Hidalgo y 54 en Coahuila, utilizando los dispositivos de los OPLE de Coahuila, de Jalisco y del propio INE.
El INE incursiona muy tardíamente al uso de esta tecnología, toda vez que el voto electrónico utilizando urnas electrónicas en varias entidades federativas tiene, por lo menos, 17 años de experiencia. Los casos más representativos los encontramos con los institutos electorales locales de Coahuila en sus procesos electorales locales de 2005 y 2009, así como Jalisco y la Ciudad de México en 2009. De hecho, son más de 20 OPLE de diversas entidades federativas que han utilizado urnas electrónicas para diversos ejercicios que van desde pruebas piloto no vinculantes, pasando por su utilización en ejercicios de educación cívica, su utilización vinculante en procesos de participación ciudadana, hasta, por su puesto, su uso de forma vinculante, es decir, han sido utilizadas para recibir y contabilizar el voto de las y los mexicanos en distintos procesos electorales locales.
Para las elecciones del año 2021 en las que las 32 entidades federativas del país tuvieron, al menos, un proceso electoral, el INE acordó un nuevo ejercicio vinculante con urnas electrónicas para los estados de Coahuila y Jalisco adicionando ridículamente solo 6 urnas más al ejercicio de 2020 a pesar de haber tenido la enorme oportunidad de avanzar en este proyecto en las elecciones más grandes de nuestra historia.
En este sentido, comparto dos aspectos que considero deben ser tomados en cuenta. El primero es que, desde mi punto de vista y en atención a lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia SUP-RAP-16/209 y acumulados, la COTSPEL no cuenta con las atribuciones para la determinación de este tipo de acuerdos.
En segundo lugar, la propuesta presentada y que subirá a sesión pública del Consejo General, carece de una auténtica visión para comprender los alcances y beneficios de la utilización de mecanismos electrónicos de votación como son las urnas electrónicas, sobre todo, con la enorme experiencia acumulada por los OPLE durante tantos años.
Este proyecto debe rescatar diagnósticos, plasmar en blanco y negro los costos-beneficios; los ahorros presupuestales que pudiera significar en un mediano plazo sobre todo con el aumento en el número de urnas electrónicas que se utilicen para cada elección; el prototipo ideal para las características de nuestras elecciones federales y locales de acuerdo con la normatividad electoral; las propuestas de reforma que puedan ser sometidas a la consideración del Legislativo, entre muchas más.
Si seguimos sin avanzar un ápice y el INE deteniendo cualquier intento por innovar, como el caso del acuerdo en comento, nunca lograremos que un proyecto impulsado por muchos años trascienda. Nuestra democracia y la sociedad necesita, hoy más que nunca, explorar diversas vías para concretar esquemas más novedosos que le generen importantes ahorros presupuestales en beneficio de nuestra nación y de sus habitantes, y no sólo esquemas que permitan dar cumplimiento a una planificación bajo la excusa de que es una “prueba piloto”, además, mal hecha.
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