El Instituto Nacional Electoral tiene la obligación constitucional y legal de llevar a cabo el ejercicio de Revocación de Mandato, por lo mismo, hace unos días realizó una sesión del Consejo General, máximo órgano de dirección, en la aprobó una serie de ajustes presupuestales adicionales que derivaron en que, de los 3,830 millones de pesos programados para este ejercicio, el monto ahora presupuestado para la revocación de mandato se redujera a 3,306 millones de pesos y, con los ajustes aprobados, el INE alcanzara alrededor de 2,091 millones de pesos de suficiencia presupuestal para este ejercicio.
Bajo este contexto y en atención a lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio electoral SUP-JE-282/2021 y acumulados, en el que, entre otros aspectos, estableció que, en caso de subsistir la insuficiencia presupuestal respectiva, llevara a cabo las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para solicitarse la ampliación presupuestal que este ejercicio de participación ciudadana implicara.
Es así como el INE solicitó a dicha instancia federal la cantidad de 1,738 millones de pesos para que puedan liberarse recursos que financien las actividades de este proceso.
No obstante, y ante la imposibilidad de que estos recursos puedan entregarse al INE, o bien, se le doten solo una parte de ellos, se han dispuesto una serie de escenarios que podrían instrumentarse.
En este sentido, el INE ha programado básicamente dos posibles escenarios con dos diferentes presupuestos que tendrían una serie de implicaciones que apunto a continuación:
– En el escenario A, es decir, el ideal de contar con los 3,306 millones de pesos programados, se estarían instalando un total de 161 mil 490 casillas en todo el país; se contratarían 5 mil 429 supervisores electorales, así como 32 mil 429 capacitadores asistentes electorales y se contaría con 807 mil 450 funcionarios y funcionarias de casilla.
– En el escenario B, suponiendo que se tuviera un presupuesto alrededor de los 2,091 millones de pesos, que es el más factible hasta el momento, habría que seguir analizando rutas de ahorro como las que he propuesto desde hace un par de meses como, por ejemplo, que personal de los Organismos Públicos Locales (OPL) que así lo consideren conveniente, colaboren en las labores de supervisión y de capacitación de la ciudadanía, así como respecto a la factibilidad de que puedan utilizarse sus urnas electrónicas para esta ejercicio; que se solicite a Talleres Gráficos de México la impresión gratuita o a menores costos de la documentación electoral; que se disminuyan los gastos contemplados para la comunicación social y, por el contrario, requerir mayores tiempos del Estado en radio y televisión, tal como lo faculta la propia Ley de Revocación de Mandato; la implementación de Centros de Votación para reducir costos financieros, humanos, técnicos y de instalación de casillas; la reducción en la impresión de los materiales de capacitación, entre otras.
Las dos primeras solicitudes, a los OPLs y a Talleres Gráficos ya fueron realizadas y hemos comenzado a recibir respuestas. Un OPL, el de Colima, respondió el 12 de enero que podría poner a disposición de la organización de la Revocación de Mandato a 98 personas Supervisoras Electorales.
Como se puede observar, el escenario A se construyó considerando todos los aspectos legales y normativos vigentes, principalmente lo mandatado en la Ley Federal de Revocación de Mandato y Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la experiencia acumulada por el INE. Sin embargo, se encuentra integrando otra serie de escenarios para cumplir con esta obligación constitucional.
Ahora bien, me parece que en un ejercicio como el de Revocación de Mandato en el que la ciudadanía podrá manifestarse en el mes de abril sobre la percepción que tiene del Presidente de la República, en torno a si debe o no permanecer en su encargo, debe ser considerado un proceso serio, ya que implica un asunto de interés nacional y en el que toda la población de 18 años y más que cuente con su credencial de elector podrá participar.
El no contar con los recursos suficientes puede abrir una ruta peligrosa para nuestra democracia que se ha construido con mucho trabajo en las últimas décadas. La democracia, cuando de la participación de la gente se trata, no debe escatimar ni esfuerzos ni los recursos justos, racionales y suficientes para la realización de un ejercicio que se lleva a cabo por primera vez.
El INE ya hizo su parte con la realización de diversos ajustes a su presupuesto. Analizaremos con todo respeto las que se hagan desde el poder Ejecutivo, con pleno respeto a nuestra autonomía y al cumplimiento de nuestras obligaciones. Ahora toca a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisar, analizar y ponderar la solicitud remitida por el INE, para que este ejercicio de participación ciudadana, que es obligación de todas las instancias del Estado Mexicano, se lleve a cabo con todas las garantías y los más altos estándares que prevalecen en los procesos electorales.
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