En su conocida tradición de mejora continua, el Instituto Nacional Electoral (INE), debe tomar mayor velocidad para modernizar sus procedimientos y normas con el objeto de eficientar y abaratar no solo las elecciones sino los procedimientos de democracia directa, como la revocación de mandato y las consultas populares y, en general, su operación.
El momento es el adecuado. No solo las tecnologías de la información y la comunicación han avanzado notablemente en todos los aspectos de la vida social, económica, laboral y política, sino que lo han hecho con especial rapidez en el entorno de la pandemia. Además, el INE enfrenta una coyunturapresupuestaladversa que debemos ver como una oportunidad.
¿Cómo enfrentar estos nuevos retosinstitucionales, inéditos por lo demás?
Con imaginaciónestratégica y audaciaadministrativa y repensandoprocesos. Debemos revisar a fondo nuestras mejores prácticas y crear otras nuevas que puedan conducirnos a un mejor funcionamiento en el camino de garantizar de mejor manera la defensa y promoción de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía en general, pero en especial los referidos a la participación en la designación de las y los representantes en diversos poderes y a su participación en consultas ciudadanas en general.
Veamos: nuevos mecanismos de votación. La legislación actual permite la votación sin necesidad de estar presente en una casilla, es decir, vía remota, la cual puede materializarse mediante voto postal, vía internet o de manera anticipada; sin embargo, está circunscrita únicamente para los mexicanos residentes en el extranjero o a otros ejercicios como el voto de las personas en prisión preventiva o con discapacidad.
Este último mecanismo ha cobrado gran aceptación de quienes se encuentran fuera del territorio nacional, pues de la última elección realizada, se desprende que de las 32,303 personas que se registraron para poder emitir su voto 66% (21,585) lo hizo a través del votoelectrónico, y el resto lo hicieron a través de la vía postal.
En tal sentido, se muestra que dicho mecanismo de votación cuenta con aceptación social, aunado a que si el mismo se aplicara en forma similar a como se realiza para las personas en el extranjero, se podrían reducir costos en las elecciones en nuestro país.
Por ejemplo: reducción en impresión de boletas, toda vez que las personas que deseen participar vía electrónica estarían imposibilitadas de manera temporal de poder ejercer el voto de manera física y con ello votar en las casillas especiales, que han generado ciertos conflictos en su implementación.
Considérese que en esa materia de boletas electorales, para el proceso electoral de junio pasado se requirieron aproximadamente de 677 toneladas de papel seguridad, para la impresión de 103 millones de boletas y eso que solo había una elección federal: la de diputaciones federales. Falta hacer el cómputo del número de boletas impresas en todo el país, ya que en las 32 entidades federativas se eligió al menos un cargo de elección popular.
Al día de hoy, el costo por boleta oscila entre $1.80 y $2.50 pesos, dependiendo de la cantidad a imprimir; por lo que, conforme al menor precio, el costo de las boletas fue de más de $185 millones de pesos.
Ahora bien, conociendo el número de personas que solicitarían el votovía internet, se podría reducir el número de casillas a instalar y a equipar en virtud de que no se contaría con el total establecido en la Lista Nominal.
En consecuencia, en virtud de la disminución de casillas, no sería necesario la contratación de un gran número de Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores, lo que implicaría por ende, menores costos en la capacitación y en la integración de las mesas directivas de casilla.
Por otra parte, esta medida potencializaría el ejercicio de los derechos políticos-electorales de la ciudadanía, pues se elimina la barrera de tener que estar en tu sección para poder votar por los cargos públicos que te corresponden.
Urnas Electrónicas. Este mecanismo se refiere al voto presencial, pero con uso de la tecnología para la emisión del voto. Si bien las mismas no han generado una reducción de costos, ello se debe a que este mecanismo de votación no se ha ejecutado de manera suficiente que permita extraer los beneficiospresupuestales o financieros de su uso, en el que solo se incurre al adquirirlas. Las pasadas elecciones sólo se utilizaron 100 urnas electrónicas cuando el número de casillas instaladas en todo el país fueron más de 161 mil.
Aún así, su uso genera ventajas como las siguientes: El flujo de votación de la ciudadanía es más ágil en urna electrónica o por un sistema electrónico por internet; en el caso de urnas electrónicas estas operan con baterías de larga duración sin que estuvieran conectadas en la corriente eléctrica; con sistemas electrónicos podría prescindirse de algunas personas funcionarias de casilla, por ejemplo el escrutador. Estas urnas tampoco pueden ser hackeadas ya que no están conectadas a internet.
Además, la implementación en general de sistemas electrónicos de votación significaría dejar de contratar empresas especializadas encargadas del diseño, programación y operación de los Programas Electorales Preliminares, ya que estos sistemas podrían generar el cómputo mismo de la elección, dejando a salvo, por supuesto, los derechos de los actores políticos a impugnar lo que a su derecho convenga.
De este modo, los resultados electorales con votación electrónica serían dados a conocer prácticamente en cuanto las casillas cierren, por lo que las autoridades electorales, partidos políticos y demás instancias involucradas en la competencia electoral, podrían prescindir de las encuestas de salida, conteos dinámicos, conteos rápidos y demás instrumentos de estimación de resultados.
Por otro lado, no existirían errores en el escrutinio y cómputo de casilla, toda vez que las operaciones las emitirían los propios instrumentos electrónicos.
A diferencia de las boletas electorales que deben imprimirse en papel y con diversas medidas de seguridad elección tras elección, los instrumentos electrónicos de votación pueden utilizarse en varios procesos electorales e inclusive en ejercicios de participación ciudadana. Una ventaja final de los instrumentos electrónicos de votación es que podrían integrar la fotografía de las y los candidatos.
Finalmente, el proceso de integración del mecanismo de votación electrónica, incluyendo su fase de generación o de conformación de sus sistemas informáticos respectivos, pueden ser supervisados e inclusive auditados desde su etapa de planeación tanto por partidos políticos, la academia y la ciudadanía, durante la etapa de desarrollo y, por supuesto, en la fase operativa o de puesta en marcha.
Como podemos observar, el INE está obligado a ver hacia adelante en dos sentidos: buscar procedimientos más eficaces en la planeación, organización y desarrollo de procesos electorales y de participación ciudadana, y en generar esquemas que impliquen ahorros presupuestales importantes para el país.
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