El voto emitido por las y los ciudadanos en un sistema democrático como el nuestro, permite que, de manera periódica y pacífica se renueve el poder público. Para ello, tanto la Constitución Política como la legislación electoral determinan los procedimientos, plazos y formas para emitir el sufragio lo que dota de claridad y legitimidad a este ejercicio democrático que se instituye en una jornada electiva.
No obstante, y a pesar de que la ciudadanía mayor de 18 años tiene el derecho y la obligación de emitir su voto en una fecha precisa y dentro de un horario determinado por la ley, existen diversas problemáticas para que las y los mexicanos puedan votar el día que determina el marco normativo, por distintas causas, apunto aquí algunas de ellas:
Por razones laborales que a pesar de que la jornada electoral se desarrolla un domingo, hay muchos ciudadanos y ciudadanas que laboran en este día;
Por encontrarse fuera de la ciudad o hasta del país lo que lo imposibilita que ejerzan este derecho, ya sea porque no quieren asistir a una casilla especial a votar sólo por algunas figuras o bien, porque la legislación electoral (local generalmente) no permite el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero o no puede votarse por todos los cargos desde el exterior;
Por apatía o por falta de confianza en partidos, candidatas o candidatos e inclusive coaliciones;
Por desinterés en participar en los asuntos públicos, etc.
Por razones de salud o bien por una emergencia o un desastre natural
Por estas razones es que vemos porcentajes preocupantes de abstencionismo que deben ser abatidas con el objetivo de fortalecer nuestro sistema político. Tan solo en la elección federal del pasado 6 de junio, votó poco más del 52% de la ciudadanía inscrita en el listado nominal de electores. Este porcentaje ha sido la mayor participación que se haya registrado en el presente siglo para una elección intermedia, es decir, en aquellos en los que sólo se renueva la Cámara de Diputadas y Diputados.
No obstante, otra lectura de este registro es que más del 47% de las y los mexicanos con posibilidad de votar no lo hicieron. La cifra, por supuesto no es menor.
Por ello, considero que es momento de apostar por el análisis y, eventualmente, la realización de diversos ejercicios a manera de prueba piloto, que puedan demostrar que el voto anticipado, así como los mecanismos electrónicos para recabar la votación, puedan ser una alternativa para incrementar la participación de la ciudadanía en elecciones, así como de abaratar los costos que son erogados en los procesos electorales.
El voto anticipado significa que las y los electores puedan votar con antelación al día de la jornada electoral y dentro de un periodo determinado, por sus candidatos, candidatas, coaliciones o partidos políticos de su preferencia. Algunos ejemplos de la implementación del voto anticipado son cuando la o el elector solicita la documentación respectiva de manera previa y vota por correo postal o bien, a través de algún sistema informático. El voto en prisión preventiva realizado por primera vez en el pasado proceso electoral, es un ejemplo de este tipo de voto.
Para instrumentar este tipo de voto el Legislativo tendría que analizar la viabilidad de instrumentar el voto anticipado bajo dos modalidades: vía postal o por internet. Este voto anticipado operaría para personas que así lo soliciten y que se encuentren en algunos de los supuestos siguientes:
Personas adultas mayores que no tengan las condiciones para asistir presencialmente a la casilla el día de la jornada electoral;
Personas que tengan alguna discapacidad o que por motivos de salud no puedan asistir a votar;
Personas que se encuentren en prisión preventiva;
Personas que por cuestiones laborales no puedan acudir a emitir su voto;
Mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, etcétera. Otro aspecto central, es la determinación del plazo en el que se podría votar de manera anticipada. Independientemente de estas consideraciones, el voto anticipado podría abrir el camino para que, en un mediano plazo, pueda instrumentarse en la República mexicana el uso de sistemas electrónicos de votación como la utilización de la urna electrónica o el voto por internet con lo que en el mediano plazo podrían ahorrarse recursos económicos, humanos y dar certeza en un breve tiempo a los resultados electorales. El Legislativo tiene la última palabra.
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