VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), CIRO MURAYAMA RENDÓN, EN EL PUNTO 8 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS Y TÉCNICO-OPERATIVOS PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS Y REGLAS OPERATIVAS PARA LA DISTRITACIÓN NACIONAL 2021-2023
La democracia se erige sobre un conjunto de principios irrenunciables como la igualdad en el derecho al voto de cada ciudadano y en el derecho a la representación de los habitantes de un cuerpo político, en este caso al pertenecer a la nación y a una entidad federativa.
La distritación, que es un ejercicio eminentemente técnico, tiene entonces un enorme propósito político, asegurar que con independencia de donde se resida dentro del país cada persona tenga el mismo derecho a la representación en los cuerpos legislativos que contempla la Constitución General y las constituciones locales.
El artículo 53 de la Carta Magna ordena que después de cada censo poblacional se haga una nueva distritación atendiendo precisamente a un principio de igualdad en la conformación de los distritos electorales uninominales, así se evita que el derecho a la representación se afecte por la dinámica demográfica, de lo que se trata es de adaptar la geografía electoral a la población.
Siendo así en promedio cada tres elecciones federales se debe hacer una nueva distritación, la actual con base en los datos del censo de 2020, permitirá una representación pareja a los habitantes en el territorio nacional para las elecciones federales de 2024, 2027 y 2030. Después para 2033 deberá estar lista otra distritación.
También la distritación a nivel local permitirá la igualdad en la representación al interior de las entidades federativas.
La regla constitucional es que cada distrito ha de tener un número equivalente de personas y cada entidad federativa tendrá tantos distritos y, en consecuencia, tantos diputados federales de mayoría relativa, como lo determine el volumen de su población en relación al total de habitantes del país, eso sí como ordena la Constitución ninguna entidad podrá tener menos de dos distritos.
Así fue que hace un mes el 27 de agosto se aprobó el acuerdo de este Consejo General, sin una sola objeción, para saber cuántos distritos corresponden a cada entidad.
La operación fue sencilla, se toma el total de la población, esto es 126 millones 14 mil 24 personas de acuerdo al censo de 2020 y se divide entre 300, número de los distritos uninominales, lo que da 420 mil 47.
Luego la población de cada entidad se divide entre esta cifra y se obtienen los distritos que corresponden a cada estado.
Es una operación diáfana a partir de datos públicos que no proporciona el INE ni el gobierno ni los partidos, sino un organismo especializado, profesional y autónomo, el INEGI.
Además, en agosto se aprobaron los criterios para la distritación 2021-2023 a saber:
Uno. Equilibrio poblacional federa.
Dos. Equilibrio población local.
Tres. Procurar distritos integrados con municipios de población indígena o afromexicana.
Cuatro, respetar la integridad municipal.
Cinco, compacidad en el trazo de los distritos.
Seis, optimizar tiempos de traslado.
Siete, dar continuidad geográfica de los distritos evitando la creación de islotes y,
Ocho, poder atender factores socioeconómicos o accidentes geográficos.
Estos criterios están firmes porque todas las fuerzas políticas coincidieron con ello y nadie los impugnó.
A partir de lo anterior, hoy damos un nuevo paso que consiste en definir los aspectos metodológicos y técnico-operativos para la aplicación de los criterios de distritación 2021-2023 o, en otras palabras, avanzamos con los insumos para nutrir el ejercicio de trazo de la geografía electoral.
Se trata de tres elementos clave: en primer lugar, las estadísticas censales, escala geo electoral que contienen los datos del Censo del INEGI traducidos al mapa de las secciones electorales del INE; es decir, es el censo pero no visto en agregado sino distribuido a mi nivel micro para hilar fino y definir con precisión los límites de cada distrito respetando el principio de equilibrio poblacional, entre ellos. Son datos duros, robustos, precisos que ofrece el INE a quien reconocemos y agradecemos su profesional e imparcial trabajo una vez más.
En segundo lugar, tenemos el insumo que se refiere a los datos de la población indígena y afromexicana que proporcionó el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, con base en las cifras del censo que levantó el INEGI.
El INPI nos dice que la población indígena en el país asciende a 23 millones 27 mil 234 personas, es decir, representan el 18.2 por ciento del total nacional.
En algunas reuniones de trabajo se han escuchado voces que se pregunta por la consistencia de esta cifra, pues en 2010 el censo arrojó 15.7 millones de indígenas y ahora hay 23 millones, 7 millones más, pero las razones y cifra del INPI y del INEGI son claras y no dejan lugar a dudas.
La población indígena es la que se reconoce asimismo como tal, es decir, a la auto adscrita, no sólo a la que habla una lengua indígena, sino de todas las personas que se identifican como parte de un pueblo, una comunidad, una cultura indígena lo que es acorde con los tratados internacionales para saber cuál es la población indígena.
El INEGI levantó el censo en dos mil 469 municipios del país; en dos mil 192 municipios se tuvo información de suficiente calidad estadística para identificar como auto adscritos indígenas a 22 millones 910 mil personas, sólo en 277 municipios pequeños la muestra de recabación de información fue insuficiente y se tomó, entonces, a la población habitante en hogares con jefatura, con habla de lengua indígena.
Se trata sólo de 117 mil 183 indígenas que se suman a los 22.9 millones que dan, entonces, el total de los 23 millones.
Además, la población afromexicana alcanza un millón 423 mil 791 habitantes, con lo que en total tenemos entre población indígena y afromexicana, un total de 24 millones 451 mil 25 habitantes.
Este dato es fundamental para avanzar en el Criterio 3 que procura conformar distritos con, al menos, 40 por ciento de población indígena y afromexicana.
El tercer insumo se refiere a los tiempos de traslado que, con base en la información, también de los mapas de carreteras, permite sumar los tiempos de traslado para incluir este dato en el modelo matemático y optar por el que menos tiempo de traslado implique para favorecer mayor agilidad en las tareas electorales.
Ese es el proyecto que está a nuestra consideración.
Muchas gracias.
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