VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, CIRO MURAYAMA RENDÓN, EN EL PUNTO 10 DE LA SESIÓN ORDINARIA, POR EL QUE SE APRUEBA LA REFORMA AL ESTATUTO DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA, A PROPUESTA DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA
Gracias.
El próximo mes de octubre se cumplirán 30 años de la creación constitucional del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral.
Si echamos la vista atrás, el formidable caudal de cambios políticos de estas tres décadas está estrechamente vinculado con la histórica aspiración del sufragio efectivo, que, justamente, comenzó a hacerse realidad cuando se edificaron instituciones electorales autónomas, independientes, imparciales y profesionales.
En el caso del INE, el profesionalismo de su desempeño, la alta calidad de los estándares con que se organizan las elecciones en cada rincón del territorio, sin que en esta materia la desigualdad regional afecte el derecho igualitario al voto, se debe en buena medida a la existencia de un sólido Servicio Profesional Electoral Nacional.
Hay que decirlo una y otra vez, la columna vertebral del INE está en su servicio civil de carrera.
El INE, y antes el IFE, han organizado elecciones que han producido importantes novedades democráticas gracias a que nuestra estructura profesional no se compromete con una fuerza política u otra con este o aquel gobierno.
Nuestro personal no debe su empleo a los actores políticos, a sus triunfos o derrotas, es un servicio que está aquí por méritos profesionales propios para servir con imparcialidad a la ciudadanía, garantizando el sufragio libre y secreto sea por quien sea el sentido del voto.
Hoy con 30 años de existencia institucional esta propuesta de Reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa busca, precisamente, robustecer el profesionalismo, la independencia, la autonomía y el trabajo bien hecho.
El artículo 41 constitucional dota al INE de la trascendente facultad de establecer las reglas que rigen las relaciones laborales en el Instituto, por ello, se ejerce de nuevo esta atribución que confiere a la Constitución para valorar y reconocer lo hecho, pero también para corregir, actualizar, ajustar procedimientos y renovar reglas.
La propuesta recoge y actualiza las importantes reformas estatutarias de 1999 y 2010. Es así, en esta nueva década, una puesta renovada por la innovación y la consolidación institucional; es un documento que da certezas, deja claros derechos y obligaciones del personal y del propio Instituto, con un ánimo de protección, de exigencia y reconocimiento a sus trabajadores que son la esencia de toda institución pública.
La propuesta a su consideración contempla ya no tres, sino cinco libros en el Estatuto, a fin de dar espacio con toda claridad a cada asunto relevante.
El primer libro, tan breve como importante, establece el marco de derecho que rige las relaciones laborales, las definiciones que manejan a lo largo del texto estatutario, así como las atribuciones de las distintas autoridades que intervienen en la instrumentación del nuevo marco normativo.
El segundo libro, se refiere exclusivamente a las relaciones laborales entre el INE y sus trabajadoras y trabajadores.
Se destaca que en todo momento se respetan los derechos laborales; desarrolla aspectos puntuales de los procesos del personal de la Rama Administrativa, entre los que cobran particular relevancia la formación y capacitación; en especial, se mejora el andamiaje de la profesionalización, lo que comienza a perfilar a la Rama Administrativa como un servicio profesional adjetivo en el INE.
El libro tercero, donde pueden identificarse la mayor cantidad de cambios medulares, se centra en el Servicio Profesional del INE, frente a un sistema que se había vuelto estático y con ciertos diques para la movilidad funcional y el desarrollo profesional se hace una propuesta que pone el énfasis en la construcción de una auténtica carrera profesional electoral.
Quiero ser claro al señalar que, si bien la ley establece, y de hecho lo hacía el COFIPE desde los años 90, que el ascenso en el servicio debe darse con base en el mérito y el rendimiento; en los hechos hemos arrastrado una larga omisión en este tema.
No existir un sistema de ascenso para que quienes más se esmeran en su labor, más méritos y mejor rendimiento demuestran en su trabajo, puedan ser reconocidos. Eso no es justo para el Instituto ni para ese personal particularmente comprometido en su labor; por eso estamos abriendo la figura del certamen interno de ascenso que se dará con plena transparencia, vigor y objetividad.
El ingreso al Servicio Profesional Electoral seguirá siendo primordialmente por la vía del concurso público y la permanencia y el progreso dependerán sobre todo del desempeño y la profesionalización.
Ahora se hace más dinámica la ruta para obtener una titularidad por nivel y se clarifican los requisitos y méritos que deben acreditarse para obtener promociones de rango a niveles de titular “A”, “B” y “C”, cambia también la noción de miembros del servicio provisional por el nombramiento de miembros asociados para los ganadores de concursos o ascensos.
Destaco que la profesionalización es la pieza clave de la carrera, será más dinámica permitiendo la especialización en varios campos para alcanzar un perfil multifuncional en beneficio propio y de la institución; la formación ya no será un dilatado programa de corte academicista y su nuevo diseño va a atender las responsabilidades, necesidades y funciones de cada cargo o puesto.
La formación será un derecho de cada miembro del Servicio.
El INE siempre debe ofrecer la información pertinente y de calidad a sus profesionales, pero también será una obligación, pues ser parte de esta institución tan exigida implica no dejar de actualizarse y de prepararse en ningún momento.
La evaluación anual del desempeño ha de ser más ágil, pertinente, objetiva y no punitiva, sino concebida como una herramienta para conocer dónde hay que mejorar, capacitar con mayor énfasis y ha de servir como insumo indispensable para nutrir los ejercicios de planeación institucional.
El libro cuarto, desarrolla el régimen disciplinario, contempla una sola autoridad instructora, y no dos como hasta ahora, y una sancionadora, tanto para miembros del Servicio, como para el personal de la Rama Administrativa, es decir, una misma vara para medir y sancionar con todas las garantías procedimentales.
En particular se introduce una clara diferenciación entre el acoso y hostigamiento laboral respecto del sexual; en este último no habrá lugar para la conciliación y se introduce un sistema de atención integral a víctimas.
En el libro quinto, dirigido a los OPLES, se advierten las particularidades de ese sistema que al estar constituido por 32 órganos independientes no admiten la movilidad laboral entre ellos, se contempla la posibilidad de que, según el desarrollo y las capacidades institucionales de cada OPLE, ellos puedan hacerse cargo de la operación de los mecanismos del servicio como son la incorporación o la formación profesional.
La idea aquí es reconocer la autonomía de los OPLES y subrayar la función rectora del INE.
Esta propuesta es fruto de un ejercicio de diagnóstico que inició hace más de un año, involucró a vocales locales y distritales, a directores ejecutivos, a consejeras y consejeros electorales; tuvimos ocasión de convocar a todos y cada uno de los miembros del servicio, en cada entidad federativa y en oficinas centrales a conocer el proyecto y a plantear las modificaciones y mejoras; se trató de un ejercicio incluyente, horizontal, respetuoso y muy participativo.
Este documento se inserta en una visión de desarrollo institucional de mediano y largo plazo.
El INE se actualiza porque el México democrático de hoy, de mañana y de pasado mañana exige y merece un árbitro electoral imparcial, independiente y profesional.
Muchas gracias.
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