VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN LA MESA 2: “INFORMACIÓN Y JUSTICIA ABIERTA PARA UNA DEMOCRACIA ELECTORAL CON EQUIDAD EN TIEMPOS DE COVID-19”, DEL CONGRESO VIRTUAL TRANSPARENCIA Y JUSTICIA ABIERTA EN EL MARCO DEL COVID -19
Muchísimas gracias, Claudia.
Saludo con mucho afecto a todos los integrantes del panel.
A mí buen amigo y, reitero, como él lo ha hecho, con quien hemos construido una alianza estratégica entre las instituciones administrativas y jurisdiccional, el Magistrado Presidente Felipe Fuentes de Barrera.
Y, por supuesto, a mis estimadas y admiradas, y estimado y admirado Blanca Lilia, Carla, Claudia, por supuesto, y don José Agustín Ortiz Pinchetti, con quien también nos une, no solamente una historia, sino, además, un compromiso, digámoslo así, en esto que Santiago Nieto, en alguna ocasión, ocupando justamente la Fiscalía denominó el trípode institucional electoral.
Un gusto estar con ustedes y honradísimo de participar en esta mesa y en este congreso.
Yo quisiera hacer alguna reflexión, breve reflexión de contexto de los tiempos en los que nos encontramos, porque me parece son indispensables como un ámbito o como una manera, digamos, de entender el medio ambiente en el que estamos operando como instituciones el contexto en el cual tendremos que realizar las, no sólo las elecciones de Hidalgo y de Coahuila que están pendientes de ocurrir en este año, sino, además, de esa elección que será la más grande de nuestra historia y en donde Tribunal Electoral, Fiscalía Especial de Delitos Electorales, el Instituto Nacional Electoral tendremos que concurrir en términos de esfuerzos y que representan un desafiante futuro sin lugar a dudas.
Creo que, el contexto, entender el contexto es fundamental para identificar en dónde estamos y hacia dónde nos tenemos que dirigir.
Creo que vale la pena señalar, porque a veces la pandemia suele hacernos olvidar del tipo de reflexiones que estábamos haciendo hace apenas unos meses, que la democracia no corre, no goza su mejor momento. Corre, como decían los latinos, “malos tiempos para la democracia”.
Ya, desde antes de la pandemia, estábamos enfrentándonos con una serie de desafíos no menores: el descontento, entendido como la desafección social con la democracia por la falta de resultados en la solución de los grandes problemas de nuestro tiempo; la desigualdad oceánica que corre transversalmente por todos los ámbitos de la vida social, incluyendo el ámbito de la convivencia democrática; la pobreza ominosa que caracteriza nuestras sociedades; el proceso de desinstitucionalización o de crisis de credibilidad de las instituciones que son centrales en los procesos democráticos, partidos y parlamentos en primera instancia; la nueva potencialidad disruptiva que, el fenómeno de desinformación, que es viejo como la política, vieja como la democracia, la mentira, mentir y política han corrido paralelamente a lo largo de los siglos, pero que con la irrupción, penetración y difusión de las redes sociales del internet hoy adquiere una nueva dimensión; y sociedades crecientemente polarizadas.
Eso ya estaba ahí, y esto hoy viene a grabarse, al menos en cuatro planos con la pandemia de COVID-19, que representa, repito, al menos en esos cuatro niveles, desafíos adicionales a los que ya he mencionado.
En primer lugar, una dimensión sanitaria que nos va a colocar en una situación de tener que reinventarnos en muchos sentidos, sin perder en esta reinvención, todo lo que hemos ganado en términos de legalidad, certeza, confianza, credibilidad, transparencia en la organización de las elecciones.
Y es que las elecciones representan una enorme movilización ciudadana, probablemente la movilización más importante y perdurada o duradera a lo largo del tiempo, que se realiza en los modernos estados democráticos.
Tenemos la dimensión de la organización, propiamente dicha, es decir, la cantidad de funcionarios electorales o funcionarios de mesa, observadores, observadores electorales, etcétera, etcétera, etcétera.
Piensen nada más que el próximo año, de cara a 2021 el INE tendrá que visitar en sus domicilios, de acuerdo a lo que dice la ley, a cerca de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos, y tendrá que convocar para que la elección cobre cuerpo, a un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos como funcionarios de mesa de casilla.
Y por no hablar, por supuesto, de los actos de proselitismo político, mítines, reuniones públicas más o menos grandes, etcétera, etcétera; que implican, insisto, un desafío en términos de su preservación y de su carácter central en los procesos democráticos, en un contexto en el que justamente eso es lo que es desaconsejable.
Esto implica la necesidad de tomar medidas especiales. Antes teníamos, lo mencionaba hace algunos días, una relación de coordinación básica con las fuerzas de seguridad para poder hacer las elecciones. Ahora tendremos también que tener una comunicación permanente con las autoridades sanitarias como condición fundamental de la organización de los procesos.
Hay una dimensión económica, inevitablemente la crisis económica derivada de la que hoy sabemos va a ser, no una ralentización, sino una importante y quizás inédita contracción de prácticamente todas las economías del mundo, seguramente van a acentuar el descontento, la insatisfacción provocada por la incapacidad de resolver esas demandas sociales.
Ya es un dato que la pobreza va a incrementarse, y como lo recordaba el viernes en un seminario al que me invitó el señor fiscal, me viene a la mente, y creo que hay que tener presente aquel informe del PNUD de principios de la década pasada sobre el estado de la democracia en América Latina, cuando la pregunta fundamental era ¿cuánta pobreza aguanta la democracia?
Bueno, creo que eso es justamente uno de los desafíos que las elecciones en estos contextos de COVID, o post COVID-19 nos van a plantear.
Una tercera dimensión es la dimensión política. La situación de emergencia ha colocado a las democracias constitucionales en una situación de tensión obvia. Lo que vemos a lo largo y ancho del mundo son tentaciones de, en el ejercicio del poder, concentrar el mismo y tratar de relajar los controles que hacen que las democracias sean, además, constitucionales, estados constitucionales.
Siempre el ejercicio del poder en los contextos de emergencia está expuesto a esas tentaciones, y por eso es cuando los controles, controles como el Tribunal Electoral, controles como el INAI, controles como el que representa el Instituto Nacional Electoral tienen que reforzarse.
Otro, políticamente hablando, otro problema es de la polarización, que lamentablemente, de por sí era un tema hace unos meses; hoy vemos cómo en el mundo se está acentuando una polarización que toma cualquier pretexto para acentuarse.
Y recordemos que la democracia significa la gran apuesta social por el centro, no hablo del centro ideológico ni político, sino como el centro como el punto de encuentro de la diversidad, el consenso en torno a (inaudible) reglas juego, que la polarización tiende a dividir y a poner en crisis.
Y, finalmente, está la dimensión social. La suma de todos los problemas anteriores puede eventualmente generar expresiones de inconformidad que pueden desbordar los cauces institucionales.
Lo que está pasando ahora en Estados Unidos pasaba hace algunas semanas en Chile, y no hay ninguna sociedad que esté exenta de estos brotes de inconformidad.
Que cuando trascienden, son naturales en la democracia, pero cuando trascienden los cauces institucionales ponen en riesgo la misma democracia.
Voy telegráfico porque no quiero abusar de la paciencia y de la tolerancia de nuestra moderadora. Frente a esto ¿cuáles son los retos que las autoridades electorales tenemos?
Me parece que son de cuatro tipos: El primero, tiene que ver íntimamente con la transparencia, entendida, y el derecho a la información, entendido no solamente como poner a disposición del público la información que generan, no solamente en términos administrativos, sino además de los procesos de toma de decisiones los órganos del Estado y, particularmente los órganos electorales.
Me refiero a esa otra dimensión de la transparencia y del derecho a la información que, pasa por la capacidad y la obligación de informar, bien, correcta, oportunamente y de manera clara, las autoridades electorales.
Ante estos desafíos, las autoridades tenemos la obligación, tendremos probablemente la obligación de hacer cambios en la organización de los procesos electorales, desde la fecha como ocurrió ahora en Hidalgo y en Coahuila que no ocurrirá el próximo año, hasta la introducción de nuevos procedimientos y tecnologías, como se ha mencionado.
El juicio en línea es solamente uno de ellos y el compromiso refrendado de Felipe, el Magistrado Presidente, del Instituto Nacional Electoral, de construir o de colaborar en esas plataformas digitales que nos permitan enfrentar nuevos desafíos como, entre otros, por cierto, el procedimiento especial sancionador para atender la violencia política contra las mujeres, que es un procedimiento sumarísimo y que tendremos, desde ahora, que aprovechar la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, en el PES, junto con la Sala Especializada, para llevarlo, estos procedimientos que tienen que ser claramente digitales.
El segundo, o sea, las autoridades electorales, en suma, tenemos que convertirnos en autoridades pedagógicas que nos permitan explicar estos cambios, sin perder, sin tener una merma, en la confianza que hemos logrado.
Segundo reto, un reto operativo. No me detengo, los derechos políticos no pueden ni deben estar en contraposición con el derecho a la salud de las personas y eso nos va a imponer la obligación de tener que innovar, introducir mecanismos, tendremos que construirlos junto con el Tribunal Electoral, junto con la Fiscalía Especializada, porque es muy probable que mecanismos que hoy clara y abiertamente están prohibidos por la ley, como el voto electrónico, como la posibilidad eventualmente de descentralizar los centros de votación para evitar concentraciones, eventualmente introducir votaciones diferenciadas, son un desafío que nos impone la propia pandemia.
Tercer reto, desafíos tecnológicos, no es un tema nuevo, pero hoy se renueva como una necesidad y no ya, como se ha mencionado, como una alternativa. Y, en ese sentido, la única recomendación que la historia nos deja es que esa flexibilidad no tiene que divorciarse de una gradualidad y, sobre todo, el consenso político, porque no podemos tomar decisiones como por ejemplo avanzar hacia el voto electrónico, sin que haya un consenso político que nos implique perder en términos de certidumbre.
Y, finalmente, el último reto, es un reto político. En los tiempos que corren, en el mundo, y en nuestro país, me parece que tenemos el desafío de refrendar y de ejercer, día a día la defensa de la autonomía de los órganos electorales y de la función electoral, frente a las pretensiones que vienen de muchos lados, de erosión, captura o subordinación por parte del poder, de los poderes, no es un sólo poder, de los poderes que no es, por cierto, un elemento nuevo, pero que en los tiempos que corren probablemente se renueve.
Y, creo que, cumpliendo con estos cuatro desafíos que tenemos enfrente, de manera coordinada y platicada entre las autoridades electorales, creo que podremos enfrentar los retos, los desafíos que el COVID-19 nos impone en el refrendar a la democracia en épocas post pandemia, como la mejor forma de gobierno, o para decirlo como Churchill, “como la peor, con excepción de todas las demás”.
Muchísimas gracias.
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