En Perú, el presidente Martín Vizcarra destituyó de facto al Congreso y en respuesta el Congreso lo destituyó a él y tomó protesta, para remplazarlo en el cargo, a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, quien al no contar con respaldo de las fuerzas armadas renunció casi de inmediato. Vizcarra sigue al mando de Perú y si el Poder Judicial no resuelve algo distinto habrá elecciones para nombrar a un nuevo Parlamento.
La crisis que enfrenta el país andino no surgió por generación espontánea, se enmarca en consecutivos escándalos de corrupción que azotan a la clase política de la región latinoamericana. El caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht es el asunto neurálgico que ha generado la tensión peruana que hoy se expresa con el cruce de destituciones, cárcel a exfuncionarios y el emplazamiento a recomponer las fuerzas del fujimorismo (opositor a Vizacarra) en el Congreso.
Al menos una década en donde políticos del más alto nivel, de distintos partidos, incluidos tres expresidentes y una candidata presidencial, habrían participado en la corrupción elemental, en sobornos o comisiones a cambio de orientar los recursos públicos, aprovechando su encargo, para favorecer a una transnacional con millonarios contratos.
Aunado a ese entorno donde la corrupción habría ganado una y otra vez la partida frente al poder político, la falta de miras en favor de la institucionalidad democrática se ha manifestado. No es un asunto sólo de discrepancias en cuanto a la interpretación del texto constitucional peruano.
El Poder Judicial es clave en el diseño democrático para dirimir civilizadamente las tensiones aplicando la ley. Llegó un momento de renovar magistrados en el Tribunal Constitucional de Perú y Vizcarra solicitó que se modificara el mecanismo de selección ante un proceso que lucía cargado a colocar un incondicional del fujimorismo. No era ilegal la petición de Vizcarra, el recurso se conoce como “cuestión de confianza”, pero aprovechando su mayoría el Congreso nombró magistrado a un familiar del legislador que preside ese poder, encargado entre otras cosas de las definiciones respecto a nuevos casos de corrupción y de la liberación o no de Keiko Fujimori. La decisión de Vizcarra fue disolver al Congreso y llamar a elecciones y que quedara en manos del Poder Judicial confirmar o modificar eso.
Fue la corrupción la que puso al límite las tensiones en Perú y no ha sido la civilidad institucional lo que hoy ha prevalecido. El Congreso nombró a una nueva presidenta y no fue la interpretación judicial lo que valoró quién tenía o no razón, sino el respaldo de las fuerzas armadas a Vizcarra.
La institucionalidad democrática no puede tener como fiel de la balanza al ejército, aunque las instituciones tampoco pueden funcionar de manera óptima si quienes están al mando abaratan sus facultades amagando con destituirse unas a otras por vías de dudosa legalidad y menos si traicionan una y otra vez la ética y apego a las reglas con la que deben conducirse. Perú ha dado pasos fundamentales en el combate a la impunidad, pero ha visto con crudeza cómo la corrupción puede erosionar las condiciones democráticas y cómo es capaz de generar reacciones en cadena en detrimento de millones de personas, por la ambición de unos cuantos.
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