“BC: jugada perversa”, artículo de Benito Nacif, publicado en El Universal

Escrito por: INE
Tema: Opinión

“Ampliar el mandato del gobernador electo no es una ‘corrección’, como dice Jaime Bonilla, sino una violación grave al Estado de derecho”
“Es algo que la ciudadanía está pidiendo en BC porque dos años son pocos”. Con estas palabras Yeidckol Polevnsky, presidenta del partido político Morena, expresó su apoyo a la ampliación del mandato de dos a cinco años del gobernador del estado de Baja California, electo el pasado 2 de junio. La medida fue aprobada por el Congreso estatal el pasado 8 de julio a iniciativa de Víctor Manuel Morán, diputado de Morena. Consistió en una modificación al artículo octavo transitorio de la constitución local, que regula la forma en que se conseguirá la concurrencia de la elección de gubernatura con los comicios federales.

Hace casi cinco años, con la reforma constitucional promulgada en octubre de 2014, el congreso local optó por empatar la elección de gubernatura con los comicios federales intermedios de 2021. Dispuso en el octavo artículo transitorio que, por una única vez, la gubernatura electa en 2019 duraría sólo dos años en el cargo. La modificación a la constitución local recién aprobada por la actual legislatura del congreso de Baja California busca extender este mandato a cinco años y pasar el empate de las elecciones de gubernatura con los comicios federales hasta 2024.

La medida tiene un beneficiario: Jaime Bonilla, actual gobernador electo de Baja California, quien contendió como candidato de la coalición formada por Morena, PT, PVEM y el partido local Transformemos. Bonilla participó en la elección convocada para una gubernatura con duración de dos años. Al obtener su registro como candidato a la gubernatura impugnó el acuerdo del Instituto Electoral de Baja California con el fin de conseguir la extensión del mandato de dos a seis años.

En un primer momento parecía haberlo conseguido, luego que el Tribunal Electoral de Baja California se erigiera en una especie de supremo tribunal constitucional y ordenara la inaplicación del octavo artículo transitorio de la propia constitución local que estableció un mandato de dos años. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corrigió este exceso. Aclaró que la convocatoria de la elección a la gubernatura era un acto consentido por el propio Jaime Bonilla que había quedado firme y, por lo tanto, la sentencia del tribunal electoral local que amplió el mandato a seis años quedó revocada.

Pero lo que no pudieron conseguir en tribunales, Morena y Jaime Bonilla han tratado de obtenerlo con un cambio a la constitución local que deshaga lo que ya causó estado. Consiguieron primero el respaldo de los diputados de PAN y PRI en el congreso local, para sorpresa e indignación de los dirigentes nacionales de estos partidos, y luego la ratificación de la mayoría de los ayuntamientos.

¿Pueden con una reforma a la constitución local ampliar el mandato del gobernador electo? El principio de irretroactividad de las leyes establecido en el artículo 14 de la Constitución federal impide a los congresos estatales deshacer o destruir situaciones jurídicas consolidadas, incluso mediante cambios a la constitución local. La duración de la gubernatura de Baja California que se eligió el pasado 2 de junio quedó firme mucho tiempo atrás, antes incluso que causara estado la convocatoria de la elección.

El artículo 105 de la Constitución federal prohíbe modificaciones a las leyes electorales noventa días antes del inicio de los procesos comiciales en que vayan a aplicarse. Dado que el proceso para renovar la gubernatura de Baja California empezó el 9 septiembre de 2018, la modificación al artículo octavo transitorio de la constitución local llega más de un año tarde.

Regresar en el tiempo para ampliar el mandato del gobernador electo no es una “corrección”, como dice Jaime Bonilla, sino una violación grave al Estado de derecho. Tampoco responde a una petición de la ciudadanía, como dice Polevnsky, sino a los intereses del gobernador electo. Por ello, sólo queda esperar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la medida y haga prevalecer el Estado de derecho.

Consulta el artículo en El Universal.

 

RESUMEN