VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, BENITO NACÍF HERNÁNDEZ, EN EL PUNTO 2 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, RELATIVO AL DICTAMEN CONSOLIDADO DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LAS CANDIDATURAS CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2018-2019
Sí, muchas gracias, Consejero Presidente.
Bueno, aprovecharé esta primera ronda para hacer una intervención que abarca los siguientes puntos, no solamente el dictamen de Aguascalientes, sino el de las otras entidades con proceso electoral en este año.
La Comisión de Fiscalización pone a la consideración de este Consejo General los dictámenes y las resoluciones de la revisión de los informes de ingreso y egresos de campaña de los procesos locales ordinarios en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, así como el proceso extraordinario de Puebla.
Los dictámenes arrojan los siguientes resultados: creo que en, primer lugar, hay que destacar que partidos políticos, candidatos y candidatas independientes cumplieron con su obligación de rendir cuentas, ¿sí?
De las 806 candidaturas que participaron para los 166 cargos que se eligieron este año, solo 16 incumplieron con su obligación de presentar su informe. Es decir, hubo una tasa de cumplimiento del 98 por ciento, incluso en los casos en que no se presentó el informe, sí se registraron operaciones de ingresos y egresos en el Sistema Integral de Fiscalización.
En esos informes se registraron ingresos por 508.2 millones de pesos, y egresos por 503.5 millones de pesos, distribuidos en 23 mil 608 operaciones que se registraron en el SIF.
Para revisar el reporte de los recursos la Unidad siguió los alcances de revisión de informes y los lineamientos de vistas de verificación que aprobó la Comisión de Fiscalización, adicionalmente realizó actividades de monitoreo en campo al recorrer las principales calles y avenidas de las localidades de los estados en los que hubo elecciones, se detectaron siete mil 484 testigos de propaganda en vía pública, incluyendo desde espectaculares hasta lonas y bardas.
Además, se hicieron 227 visitas de verificación a casas de campaña y mil 357 visitas a eventos de campaña, lo que permitió a los auditores observar y verificar diversos gastos logísticos o de propaganda.
Igualmente, se hicieron numerosas revisiones de gabinete, se encontraron mil 126 testigos de propaganda en medios impresos, y dos mil 302 de propaganda en páginas de Internet como periódicos y redes sociales.
También se revisaron los flujos de recursos de 950 cuentas bancarias que se reportaron, y se realizaron 473 solicitudes de información al SAT, a la Unidad Técnica Financiera, perdón a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a diversos aportantes y proveedores.
La Unidad revisó que la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos reportados hubiera sido la idónea para tener certeza sobre el origen y el destino de los recursos en los términos del Reglamento de Fiscalización.
Todas las actividades de campo y de gabinete permitieron tener información suficiente para contrastar, cotejar, los reportes de los partidos con los hallazgos tanto en campo como en gabinete.
Y a partir de esta información la Comisión de Fiscalización propone ahora a este Consejo General multas por un total de 85.8 millones de pesos que corresponden a 47 conductas infractoras diferentes.
La mitad del monto de las sanciones, sin embargo, se concentra en cuatro conductas.
La principal, la más sancionada es el no reporte de egresos, es decir, lo cual en su conjunto conlleva multas hasta por 21.8 millones de pesos.
En segundo lugar, está la no comprobación de ingresos con sanciones de hasta 12.4 millones de pesos.
La tercera conducta más sancionada son aportaciones mayores a 90 UMAS hechas en efectivo con una sanción de 7.2 millones de pesos.
Y la cuarta más sancionada son gastos no reportados en representantes de casilla que asciende a 5.7 millones de pesos.
Creo que en estos cuatro rubros están los pendientes, el trabajo por realizar entre el Instituto Nacional Electoral y los partidos como sujetos regulados, porque creo que todos compartimos la misión de a través de nuestros esfuerzos, por un lado, de la autoridad reguladora y, por otro lado, los partidos políticos, de ir, de disminuir o, incluso, de erradicar si es posible este tipo de conductas infractoras.
En adición a las infracciones, a los dictámenes, se proponen cuatro vistas a diversas autoridades: 35 a los organismos locales de Aguascalientes, Baja California, Quintana Roo y Tamaulipas.
También hay dos autoridades jurisdiccionales, cinco a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales y dos, a la Secretaría Ejecutiva.
Considerando los gastos reportados y no reportados advertidos por quejas y por los procedimientos de auditoría, se advirtió que 21 candidaturas rebasaron el tope de gastos de campaña. Esto ocurre en tres entidades: Aguascalientes, Puebla y Quintana Roo.
Finalmente, se identificaron 49.6 millones en remanentes de financiamiento público de campaña, de partidos políticos y candidaturas independientes, los sujetos obligados tendrán 30 días naturales para manifestar lo que a su derecho convenga respecto al momento que se ha determinado en cada caso, la Unidad Técnica de Fiscalización valorará esos comentarios para después traer a este, primero a la Comisión y luego a este Consejo General, las cifras finales que tendrán que reintegrar a las haciendas públicas locales.
Con estos resultados, además de las quejas que se aprobaron en el punto anterior, el Consejo General cumple con su obligación legal de aprobar los dictámenes de Fiscalización de las campañas, 40 días después de la jornada electoral a tiempo para que las autoridades jurisdiccionales puedan realizar su función importantísima en el modelo de calificar las elecciones y, con ello, cerrar los procesos electorales de este año.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
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