Número: 138
- El Instituto es responsable de atender e investigar las quejas relacionadas con el proceso electoral en Puebla
- Los Organismos Públicos Locales son los árbitros en las elecciones de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo
- Se han presentado 46 quejas con corte al 2 de mayo
A 24 días de que culminen las campañas en las seis entidades con elecciones este año, el Instituto Nacional Electoral (INE) permanece atento para que el desarrollo de las mismas se lleve a cabo con apego a la legalidad.
El Instituto ha hecho un llamado a todos los actores, especialmente a los funcionarios e instituciones de los diferentes ámbitos y niveles de gobierno, a mantenerse al margen y evitar cualquier acción que condicione el voto libre de la ciudadanía. Para ello emitió, el pasado 21 de marzo, criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda, así como para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado.
En ellos se establece que todos los recursos públicos deben ser empleados con imparcialidad y sin influir en la equidad de la competencia política de los partidos políticos, aspectos que podrían constituirse en delito electoral.
De las seis elecciones que se llevan a cabo, explicó el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, el INE es responsable solamente de la elección de Puebla porque se asumió la organización de la misma.
“Eso quiere decir que, cuando se presente una queja respecto a esos comicios, el responsable de procesarla y tramitarla será el Instituto Nacional Electoral”, señaló ante medios de comunicación.
En el caso de las elecciones de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, el Instituto sólo es competente para conocer de las quejas en materia de fiscalización y de las que tienen que ver con radio y televisión, que son competencia exclusiva del INE, añadió Córdova Vianello.
“Todo lo demás; es decir, quejas que tienen que ver eventualmente con uso de los programas sociales, desvío de recursos públicos para beneficio de alguna campaña, actuación contraria a las normas por parte de los funcionarios federales, locales o municipales, es competencia desde el punto de vista administrativo de los OPLE”, apuntó el Consejero Presidente.
Es decir, en el caso de esas cinco entidades, el INE no es competente para conocer violaciones al principio de imparcialidad por parte de los funcionarios públicos, así como tampoco es competente para lo que tiene que ver con propaganda gubernamental.
Y en caso de que alguna denuncia entrañe la comisión de un delito electoral, también se da vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que actúe conforme a sus atribuciones.
Si se presenta ante el INE una denuncia por alguna conducta que tenga impacto en el desarrollo de un proceso local, la autoridad nacional debe remitirla inmediatamente al OPLE, dando vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en caso de que implique un posible delito electoral.
Se han presentado 46 quejas en las seis entidades con proceso
Con corte al 2 de mayo, se han presentado 46 quejas en total por las seis entidades, las cuales se han constituido en Procedimientos Especiales Sancionadores (PES), debido a que refieren acciones que podrían afectar el desarrollo del proceso electoral.
De estas quejas, 28 se han presentado en Puebla; 7 en Baja California; 5 en Durango; 5 en Quintana Roo y 1 en Tamaulipas.
La mayoría de las quejas presentadas, 14, se refieren a actos anticipados de campaña o precampaña; en segundo lugar, con 12 quejas, está el uso indebido de la pauta; es decir, violaciones en el uso de los tiempos oficiales de radio y televisión.
De las 46 quejas presentadas, 34 han implicado solicitud de medidas cautelares; es decir, actos de autoridad para detener aquellas acciones que afectan al proceso electoral. De estas 34 solicitudes, 5 han resultado procedentes y 16 improcedentes, mientras que el resto sigue en proceso.
El INE hace un nuevo llamado a todos los actores políticos a conducirse con estricto apego a la legalidad y permitir que la voluntad ciudadana se exprese con toda libertad en las urnas.
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