El modelo de democracia en México establece que los partidos políticos que no obtengan 3% de la votación, cuando se abren las urnas, pierden su registro; aunque al mismo tiempo reconoce la posibilidad para que cada seis años cualquier organización ciudadana que pretenda constituirse como partido pueda hacerlo acreditando una base mínima de respaldo social, que este año equivale a 233,000 afiliados (0.26% del universo votante), así como asambleas distritales con al menos 300 asistentes en 200 distritos (la geografía del país se divide en 300 distritos) o 3,000 asistentes en al menos 20 entidades federativas. En esas asambleas se debe discutir democráticamente el perfil del nuevo partido, no son un trámite menor, es lo que le da legitimidad democrática al partido con una representación que cubra buena parte del territorio nacional, es ahí donde se acuerdan en libertad las reglas internas e idearios comunes y, con ello, al obtener eventualmente el registro, se puede participar en las elecciones postulando candidaturas con una plataforma y oferta electoral clara y democrática.
El diseño reconoce la pluralidad, propicia vigencia en cuanto a la libertad de organización con garantías para que se puedan ejercer derechos políticos desde grupos de población unidos en torno a los mismos postulados, aunque siempre condicionando su constitución a tener una gestación democrática que considere la voz de todos los militantes y en realidad tenga una base social cierta, no simulada.
Ahí existe un reto ético y jurídico para las 88 organizaciones que durante los próximos meses irán desarrollando sus asambleas y sumando militantes para obtener el registro como nuevos partidos. En años pasados han sido comunes fenómenos reprobables como presentar registros de personas fallecidas en listados de organizaciones que buscaban ser partido, también encontramos con frecuencia en procesos anteriores, casos en los que una misma persona se registraba en varias de las asambleas o listados de afiliados de distintas organizaciones que buscaban ser partido y aunque en ese supuesto eran personas vivas y podríamos asumir que es su derecho militar en una organización y luego cambiar de opinión para hacerlo en otra, es un hecho que no puede darse por buena una asamblea de una organización con el militante de otra que también aspira a cumplir con la convocatoria mínima, porque de ser el caso bastaría que las mismas personas fueran a todas las asambleas o que partidos con registro prestaran militantes para multiplicar nuevos partidos. La doble afiliación está prohibida y las interpretaciones jurisdiccionales coinciden en que eso no vulnera la libertad de nadie en términos políticos, pero sí acota tentaciones de simulación que todas y todos debemos combatir.
La obligación de acreditar una base social y deliberaciones democráticas en la conformación de nuevos partidos no es un requisito de cumplimiento simbólico, sino una obligación legal que tampoco debe ser ajena a la ética política. En algunos meses sabremos cómo se comportó este proceso para conformar nuevas opciones.
Consulta el artículo en El Economista.
RESUMEN
