La efervescencia electoral de este año tuvo ingredientes diversos que propiciaron una nutrida participación en las urnas, a nivel federal y también en las entidades federativas. Tuvimos espacios para que la población se involucrara, analizara y fuera exigente con su entorno político, no solo al momento de votar, también en la deliberación previa que como nunca antes tuvo discusiones en redes sociales, volvió natural que cientos de programas informativos citaran periódicamente a voceros, representantes de partidos o candidaturas competidoras para contrastar sus posturas y ofertas en temas especializados como la agenda económica, migratoria, energética; la seguridad pública, pobreza o el combate a la corrupción.
Los debates han dado pasos muy destacados en este proceso, no solo para contiendas presidenciales en las que por primera vez tuvimos tres ejercicios (uno por mes de campaña), también por la multiplicación de encuentros cara a cara entre candidatos a senadores y diputados. Hemos logrado como sociedad que en la mayor parte de las entidades se concretara al menos un debate entre aspirantes al congreso en este 2018. Falta un tramo importante por recorrer, pero no es menor el avance.
La reforma electoral de 2014 hizo algunos ajustes a la ley para fortalecer la realización de debates presidenciales obligatorios, también para promover desde el INE los relacionados con otros cargos electivos federales que pocas veces debatían en elecciones anteriores. Quizá valdría la pena, a partir de la experiencia y las herramientas que aportan las nuevas tecnologías de información, asumir que la obligación a debatir debe ampliar horizontes, aplicar para cada distrito en el caso de las diputaciones y para cada entidad en el de las senadurías.
El nuevo artículo 218 de la LEGIPE establece que son dos los debates presidenciales obligatorios y que el INE “promoverá, a través de los consejos locales y distritales, la celebración de debates entre candidatos a senadores y diputados federales”.
La presidencia de la república es fundamental pero el congreso también se conforma de representantes populares que deben convencer a sus votantes y someterse a contextos de exigencia. Sería razonable entonces que, si hay obligación a debatir en elecciones presidenciales, la hubiera en las que renuevan congreso.
De cualquier forma, el resultado de esa promoción todavía no obligatoria ya tiene algunos datos que vale la pena destacar: Durante esta campaña federal, tuvimos 29 debates entre candidatas y candidatos al Senado en 20 entidades, en algunos casos fueron más de uno, por ejemplo, Hidalgo es el Estado con mayor número de debates a la cámara alta, con tres.
El INE organizó 21 de esos 29 debates a través de sus Consejos Locales, también colaboró para organizar otros 6. La autoridad no tiene el monopolio de los debates, los promueve para que se realicen en condiciones de equidad, pero pueden organizarlos medios u organizaciones diversas.
Dos de cada tres debates relacionados con senadurías en juego (66%) se transmitieron por radio, televisión y medios digitales, lo que facilitó el acceso de las y los electores a sus contenidos.
En el caso de los debates entre candidaturas que buscaban una diputación federal, en 18 entidades se realizaron en conjunto 49 debates (uno por distrito). Sinaloa, Querétaro y Michoacán fueron las que más hicieron, cinco debates cada uno. De los 49 debates realizados, el INE organizó 42 y apoyó otros cuatro. Aquí, 59% (29) fueron transmitidos por al menos un canal de televisión.
El mandato de ley para promover debates a otros cargos electivos federales y no solo presidenciales cosecho buenas cifras, pero todavía insuficientes, se va ganando terreno en la cultura del debate, pero creo que se puede tener otro empujoncito. Apunto tres reflexiones en esa ruta: 1. Se deben transmitir todos esos debates en algún medio. Si se logra convocar a candidatas y candidatos que buscan una senaduría o una diputación, en algunos casos en auditorios o foros abiertos, pues es necesario al menos registrar el encuentro de forma audiovisual y colocarlo oportunamente a disposición electores que no acudieron a presenciarlo, pero tienen interés (y derecho) de valorar su contenido. 2. Es importante que en cada distrito y entidad debatan al menos una vez quienes son candidatas y candidatos, no es deseable que en unos distritos sí y en otros no solo porque no hay voluntad de exponer y defender posturas por parte de alguna candidatura que además, tampoco suelen pautar promocionales focalizados para su universo de electores y 3. Debe garantizarse la equidad de oportunidades para que participen todas las candidaturas, pero siempre con flexibilidad en los formatos y condiciones en donde no solo el INE, también los medios locales o nacionales, las universidades u organizaciones de la sociedad civil, hagan sus propios debates en libertad.
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RESUMEN
