Permítame intervenir en este punto, con los informes y dictámenes que se nos entregan el día de hoy el INE está sentando un precedente inédito, como se señaló al inicio del punto anterior, nunca en los estudios sobre los sistemas democráticos se había registrado un caso en el que una autoridad electoral hubiera fiscalizado tantas campañas en un plazo tan corto como lo está haciendo el día de hoy el INE.
La capacidad para transparentar el dinero invertido en la competencia democrática de más de 17 mil 600 campañas de candidatas y candidatos que simultáneamente compitieron por cargos de representación locales y federales no tiene precedente en un ámbito electoral de ningún país, se trata de un ejercicio inusual por la cantidad de contiendas y candidaturas involucradas, por las casi mil 400 personas que participaron directamente en los trabajos de fiscalización, por las actuaciones realizadas por el personal del INE con parámetros de inteligencia financiera y modelos de riesgo, por la revisión en gabinete de más de un millón de operaciones registradas en el Sistema Integral de Fiscalización y por los más de 105 mil testigos de propaganda identificados en la vía pública, nunca antes habíamos alcanzado un número de esta naturaleza.
Si comparamos la forma en la que se reportaban los ingresos y gastos de campaña en las elecciones celebradas en nuestro país en los años 90, con el detalle con el que se registraron sus operaciones los partidos y candidatos en 2018 podemos afirmar que la democracia mexicana ha desarrollado no solo un sistema de partidos competitivo que ha avanzado drásticamente en la rendición de cuentas, sino que ha diseñado el mejor andamiaje institucional para el que en materia de fiscalización se cumpla con el principio constitucional de equidad en la competencia por los poderes públicos en las urnas; quien no lo quiera ver, no es que no exista, simple y sencillamente no quiere ver lo evidente.
Los resultados de la fiscalización que están a nuestra consideración, constituyen la primera experiencia en la que el modelo de fiscalización de 2014 se aplica con plenitud; funcionaron todos los módulos del sistema, se aplicó el enfoque de inteligencia financiera y la metodología de modelo de riesgo, se generó una red de sinergias con las instituciones bancarias, hacendarias y fiscales, para obtener información útil y oportuna.
La ciudadanía tuvo acceso a la evolución diaria de ingresos y gastos de cada candidato durante todas las campañas, y en el novedoso módulo de transparencia, las organizaciones de la sociedad civil, aliadas estratégicas de esta autoridad y cualquier interesado pudo consultar los informes que recibe el Consejo General.
Esa es la relevancia de los documentos de la fiscalización que hoy recibe este Consejo, y que constituyen indudablemente la mejor radiografía posible sobre la forma en que partidos, candidatas y candidatos utilizaron los 5 mil 344.7 millones de pesos de ingresos obtenidos en las campañas de 2018.
Entre los datos relevantes, además de los que ya ha señalado el Consejero Murayama, se pueden desprender de este ejercicio fiscalizador tres aspectos fundamentales:
Uno, el modelo de fiscalización vigente cumple con su propósito de incentivar la rendición de cuentas de partidos y candidatos, ya que como se dijo, solo 97 candidatos, uno federal y 96 locales que representan el 0.5 por ciento de los casi 18 mil que compitieron, no presentaron sus informes de campaña.
Dos, la posibilidad de que el rebase de topes de gastos de campañas deriva en la anulación de una contienda se ha convertido, me parece, en un poderoso estímulo para que partidos y contendientes ejerzan un mayor control de los recursos que reciben, ya que únicamente 56 candidatos, nueve federales y 47 locales, rebasaron los topes de gasto establecidos.
Este efecto inhibidor en tercer lugar, explica que nadie de quienes compitieron por alguno de los poderes ejecutivos en disputa, ni por la Presidencia de la República ni por alguna de las nueve gubernaturas, incluida la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, hayan rebasado los topes de gasto de campaña como llegó a ocurrir en elecciones anteriores.
De ahí que, con base en los datos incluidos en los informes y dictámenes, puede afirmarse que ninguna gubernatura, ni la Elección Presidencial, está en esa hipótesis, por lo que ningún triunfo obtenido en las urnas se verá afectado, al menos por lo que implica a los rebases, por efecto de esta fiscalización de un carácter más integral.
En cuanto a las sanciones, es necesario subrayar que los dictámenes proponen un monto total de 872 millones de pesos, ello con independencia de que ninguna falta, con independencia del criterio, ninguna falta como señalé en el punto anterior, ha dejado de señalarse ni tampoco de sancionarse.
Permítanme concluir con una reflexión sobre la fiscalización, el financiamiento público y el pluralismo político en nuestro país, de manera paralela a lo que ya el Consejero Murayama ha señalado.
Ciertamente, la evolución del sistema de partidos y del andamiaje de nuestro sistema electoral, reflejan que el financiamiento público a la política es indispensable para generar equidad en las contiendas, y transparencia en los recursos destinados a la competencia electoral.
Como ya se señaló, no hay que olvidar que el 88 por ciento del dinero ejercido en las elecciones de este año, provino del financiamiento público y solo el 12 por ciento correspondió a recursos de particulares; esto significa que casi nueve de cada 10 pesos del dinero utilizado para recrear la competencia democrática es plenamente rastreable y no tuvo mayor interés que asegurar el predominio del interés público en las campañas.
Pero que el dinero sea necesario en la competencia democrática, no significa, coincido con lo señalado, que éste sea el que determine los triunfos en las urnas, es una gran lección lo que esta Fiscalización y estas Elecciones nos dejan en una mirada omnicomprensiva del proceso de construcción de la democracia y consolidación de la misma.
Mientras los electores tengan opciones en la boleta e instituciones como ésta que aseguran el respeto del voto libre, serán las campañas y la forma en que conecten las y los candidatos con la ciudadanía el factor determinante de los triunfos electorales y no necesariamente, como simplistamente se supone, lo es el dinero.
La Elección del 1° de julio, ha cambiado en ese sentido algunos paradigmas.
Por ejemplo, la falsa suposición de que disponer de más dinero implica mayores triunfos y, en cambio, ha subrayado la importancia de las campañas y la capacidad de partidos y contendientes para articular demandas, proponer medidas adecuadas a las inquietudes, pero, sobre todo, insisto, conectar con la ciudadanía.
Por ello, para decirlo en una nuez, si queremos garantizar que las elecciones se financien con dinero legal y absolutamente rastreable, es necesario evaluar con una perspectiva histórica la importancia del pluralismo político y de sus prerrogativas la forma de determinar los topes de gasto y evitar que las reducciones al financiamiento público que, sin duda, son necesarias en los contextos de la sociedad, se hagan de una manera no pensada, irracional que genere efectos no queridos y que obliguen a que la competencia electoral gravite sobre los intereses del dinero de particulares y no sobre el interés público.
La experiencia del 18, demuestra que el dinero puede no ser determinante en los resultados si se cumple con tres condiciones:
Si la competencia es imparcial y equitativa.
Si se cuenta con las instituciones para hacer valer el sentido del voto libre.
Y tres. Si la ciudadanía puede informarse y es consciente de que puede votar por quien quiera, sin temer por su integridad física ni por represalias políticas o económicas posteriores.
Esa es la realidad de la democracia mexicana el día de hoy.
Con estos informes y dictámenes, el INE cumple con su mandato constitucional y contribuye a que la renovación de los poderes públicos se dé con apego a la ley.
Termino reiterando los agradecimientos que se han planteado por el Consejero Murayama y por un servidor en el punto anterior a la Unidad de Fiscalización.
Versión estenográfica de la intervención del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, en el punto dos de la Sesión Extraordinaria 06 de agosto de 2018, respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los Candidatos y Candidatos independientes a los cargos de Presidente de la República Mexicana, Senadores y Diputados Federales del Proceso Electoral Federal 2017-2018
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