Gracias.
Y primero pues buenas tardes a todas y a todos.
Creo que hemos tenido dos estupendas intervenciones de las doctoras que me hacen el favor y el honor de acompañarme en este panel, y han contextualizado el tema de cómo se encuentran diversos aspectos que tiene que ver con el tema de la cultura cívica.
Yo diría que sí se han hecho varios diagnósticos y hemos tenido referentes específicos de cómo está la percepción social respecto de las instituciones públicas y particularmente, sobre los temas de la democracia que han quedado reflejados en documentos importantes como el Informe País, pero ahora conocemos de otros esquemas que me parece son tan importantes y tan contundentes como el propio Informe País, que efectivamente pueden nutrir, no solamente digamos los esquemas de implementación de la ENCCÍVICA, sino modificar sustantivamente varias de las líneas de acción que se están desahogando con esta estrategia a nivel nacional.
En el año de 1990 cuando se hizo la primera reforma electoral que le dio marco a este sistema electoral que ahora tenemos, la redacción del Artículo 41 de la Constitución incluyó que al órgano electoral que se encargaría de hacer las elecciones en el ámbito federal, no había todavía esto de INE y OPLE, le correspondía de manera directa integrar la promoción de la educación cívica, eso decía la Constitución.
Y la primera reacción que se tuvo fue, decir por qué la autoridad electoral tendría que tener una función constitucionalmente consignada en esos términos, y eso generó, en principio, un conjunto de reflexiones particularmente con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.
En aquellos entonces del inicio del Instituto Federal Electoral se trabajó en dos grandes vertientes: una fue los primeros contenidos que se hicieron desde las aportaciones de la autoridad electoral para los libros de texto gratuito, ahí hubo algunos agregados a esos libros de texto.
Y luego hubo una actividad institucional para específicamente promoción de valores, esa fue la primera parte que se hizo con la educación cívica.
Luego después se pensó que era necesario construir ciertas competencias en el ámbito ciudadano para que se pudiera participar en democracia, y que además, la promoción de la educación cívica no podía ser bajo una perspectiva única a nivel nacional, sino que tendría que estar focalizada por las diversas regiones del país dada la composición demográfica que tenemos y las diferencias que hay entre las diversas entidades federativas.
Y así es como hemos, digamos avanzado en planes anuales, en planes trianuales.
El hecho concreto es que a nivel nacional, en mi opinión no ha habido un esfuerzo de una articulación que conduzca en una cierta línea el trabajo de la educación cívica, de la construcción ciudadana, ahora de la cultura cívica, y por eso, justamente, esta Estrategia se formuló a partir de los diagnósticos, pero también, se intentó de alguna manera retomar los puntos de vista de las entidades federativas que fueron plasmados o por especialistas o por las preocupaciones de quienes integran los órganos electorales de las entidades federativas.
Pero ahora lo hacemos con una base constitucional distinta, porque la última reforma electoral tuvo esa redacción primigenia del Artículo 41 y dijo que es facultad de los Órganos Electorales de los estados, salvo que haya proceso electoral, entonces le corresponderá al Instituto Nacional Electoral, y eso, implicaba ya de suyo pues un problema de orden jurídico.
Pero creo que para fortuna de todos hemos logrado establecer un esquema donde la estructura de la ENCCÍVICA no se convierte, en mi opinión, en una camisa de fuerza porque es como un conjunto de grandes directrices que podrían ser implementadas a lo largo y ancho del país, y que además, concita la posibilidad de la intervención de todas las autoridades que tienen que ver con estos temas.
Y me voy a centrar en un punto que me parece fundamental, coincidiendo en todo lo que han mencionado mis compañeras del panel, diría que sí efectivamente hay una cierto desencanto de la sociedad frente a las instituciones públicas, frente al gobierno, frente a los partidos, pero hay detalles que a mí sí me gustaría matizar.
Por ejemplo, yo tengo especial distancia respecto a que por este desencanto que proviene, digamos, de la actuación concreta y de los resultados presentados por las instituciones públicas frente a los ciudadanos, de ahí deviene, han dicho algunos, la falta de interés y el creciente rechazo que podría haber a la posibilidad de participar en la integración de las Mesas Directivas de Casilla.
Yo creo que hay elementos para decir que una parte de esos ciudadanos que rechazan integrar la mesa directiva de casilla obedece a estas cuestiones, pero también creo que hay otras que son estructurales y que tienen que ver más con los procedimientos mismos de la propia integración de la Mesa Directiva de Casilla.
Desde el proceso electoral de 1991 hasta el proceso electoral del 2012, la taza de rechazo de ciudadanos para integrar mesas directivas de casilla, digamos que en promedio fue del 23 por ciento.
En el proceso electoral del 2015 que tuvo elecciones federales para diputados y en 17 entidades para elecciones locales, esa taza subió a un 27 por ciento; es decir, hay un crecimiento del cuatro por ciento.
Yo también me distanció de algunos estudios, leí algunas cosas de Integralia y así que decían que se debía a razones del crimen organizado y los problemas de la inseguridad pública.
Yo no creo que sea así, más bien creo que hay otras razones, algunas podrían estar asociadas a esa pero no todas, el crecimiento no se debe exclusivamente a esos dos factores.
Yo pienso en otro tipo de circunstancias, por ejemplo, en las últimas dos elecciones, la del 15 y la del 16, el mes para sortear la letra a partir de la cual se hace la integración de las casillas y el mes fue enero, se repitió el mes de enero en las últimas dos elecciones.
Y luego, cómo explicar que en una entidad federativa tan grande como el estado de Veracruz o tan importante como el estado de Hidalgo, digamos, de cada seis años, en cinco hay elecciones, no, entonces los ciudadanos dicen es demasiado que me estés convocando año tras año a la integración de las casillas, más si hay coincidencia con el mes a partir del cual se hace el proceso de sorteo.
Esos detalles están ahí, creo que es importante también tomar en consideración esos aspectos.
Veracruz tendrá cinco años consecutivos de elecciones. El año que sigue se va a renovar de nueva cuenta al gobernador de la entidad federativa, entonces, no es un tema sencillo, también tiene este componente en medio.
Luego, por supuesto que el esquema de la participación ciudadana tiene que ver también no nada más con la integración en la mesa directiva de casilla, donde por cierto, hay otros elementos importantes, es más fuerte la participación de mujeres que de hombres, por ejemplo.
Y hay, obviamente, también un cierto componente de jóvenes.
Nosotros tuvimos dos decisiones en la integración de casillas que han también tenido alguna incidencia en la taza de rechazo, por ejemplo, el límite de edad establecido en la ley para que los ciudadanos participen en mesas directivas de casilla, no lo hemos tomado en cuenta en las últimas ocasiones, pero muchos de los sorteados que sobrepasan los 70 años de edad han decidido no participar, por diversas cuestiones vinculadas también al estado de salud y, en fin, una serie de cuestiones que están ahí.
Ahora, en materia de los votantes, todo lo que han dicho las doctoras me parece que es absolutamente cierto, es contúndete, digamos, este esquema de información de cómo se obtiene lo que dicen los jóvenes, y el diagnóstico que hicieron en Guanajuato que me parece espléndido, la verdad es que no lo conocía, pero sí me parece un instrumento que debe ser socializado y que debe ser incluido en los temas de la ENCCÍVICA.
Pero aquí hay un detalle que a mí me parece importante, nosotros cuando tuvimos la primera organización electoral de este modelo de hace 27 años para acá, en una elección intermedia, que fue la de 1991 donde solamente había elecciones para renovar la mitad de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, se votó en una taza del 67 por ciento.
Es decir, en una elección intermedia nunca hemos, en el ámbito federal, vuelto a tener ese nivel de participación de la primera elección.
Entonces, por qué los ciudadanos en esa ocasión, porcentualmente frente a la Lista Nominal votaron en ese porcentaje, y en el 2003 sólo el 41.8 por ciento, y del 2003 para adelante en las elecciones intermedias ha sido muy complicado revertir esa problemática de tendencia.
Tiene muchas explicaciones, puede ser el tema del desencanto social, que tiene también explicaciones de otra naturaleza, desde la perspectiva de la política pública pues evidentemente si los candidatos hacen ofertas adecuadas en las campañas de política pública y los ciudadanos van a votar, pero a la hora de ejercer el gobierno no tienen capacidad para implementar o al menos no hacen lo que dijeron durante las campañas en materia de políticas públicas, pues sobreviene un desencanto, porque los ciudadanos sienten que han votado por una oferta que no es correspondida en la vía de los hechos.
Por eso ahora uno de los esquemas que me parecen fundamentales de nuevos esquemas de participación o de promoción de la nueva participación de los ciudadanos, que le dice al ciudadano desde hace mucho tiempo que su esquema de participación en democracia no se agota con el voto, tendría que tener un correlato en el esquema de los frenos y contrapesos y de los controles sobre el ejercicio del gobierno.
Pero ahí nos enfrentamos a otro tipo de problemáticas, las instituciones especializadas en esto como el INEGI, nos ha dicho que hay más o menos, un 52 por ciento de familias que tienen ingresos por tres mil pesos mensuales, entonces una pregunta es: en materia de participación los ciudadanos estarían más interesados en establecer los esquemas de control y de observación al ejercicio del poder del gobierno o estarían más interesados o más, digamos, comprometidos en la búsqueda de recursos para el sustento de la familia; esos son retos estructurales que tienen las instituciones, sí, pero también las diversas organizaciones representativas de los ciudadanos.
Esa parte para mí me parece que es de fundamental importancia. Por eso yo diría que en los esquemas que tienen que ver con esas nuevas modalidades de participación donde hay todo un andamiaje legal, un andamiaje institucional para nuevas modalidades de participación de los ciudadanos tendríamos que encontrar esas formas de participación que le permitan al ciudadano resolver la parte que tiene que ver con el ingreso y el sustento de la familia, pero también con la parte de revisión del ejercicio del poder.
Ahora, los esquemas, por ejemplo, de rendición de cuentas y de transparencia que vienen al menos en la parte institucional con la promulgación de las leyes, la construcción de los órganos garantes y demás a partir del 2002 para adelante, que además ese fue un proceso absolutamente necesario pero también absolutamente asistemático, es un procedimiento que prácticamente empezó al revés, porque la reforma constitucional de fondo que debió homogenizar el sistema de transparencia se dio apenas hace un poquito más de una año.
Todo el proceso de diseño y de implementación del acceso a la información pública fue heterogéneo, asistemático y eso se explica a partir de que, entre el 2002 y el 2007 se emitieron las 32 leyes de transparencia, hasta el 2007 entraron en vigor las últimas cuatro legislaciones de transparencia, cuando ya en el 2002 por ejemplo Sinaloa y Jalisco, y Sinaloa en ese orden primero y luego la legislación federal, se habían emitido.
Entonces a nivel nacional no tuvimos el acceso a la información pública de manera pareja, tuvo momentos diferenciados.
Y por cierto, aquí viene uno de los temas que me parecen importantes también, donde las instituciones públicas y los partidos y el gobierno tienen que trabajar fuerte para regresar a esquemas de credibilidad sobre el funcionamiento de las instituciones.
En el 2007 se incluyó por primera vez en la ley electoral, un capítulo de transparencia sobre el trabajo de los partidos políticos, porque recuerden ustedes que en el 2006 cuando se dio el caso de Arturo Zárate que pidió el salario de los dirigentes de los partidos políticos, va, le pide a las dirigencias partidarios esa información y las dirigencias le dicen, no esa información se la entregué al Instituto Federal Electoral en los informes anuales de gastos ordinarios, pídesela al Instituto.
El Instituto revisa y le dice a Arturo Zárate, no, yo no tengo esa información, entonces él se va a al Tribunal y el Tribunal le ordena a los partidos políticos que entreguen la información pero a través del IFE. Entonces eran sujetos obligados.
Ese tema se terminó en la última reforma que se hizo en esta materia, pero me parece que ahora el punto está, por ejemplo, en la discusión reciente sobre el monto del financiamiento que los partidos van a tener el año que sigue, en un esquema, aquí lo voy a decir de esta manera, tiene que ser un esquema absoluto de rendición de cuentas por los montos involucrados.
Hay seis mil 700 millones de pesos, cifras redondas de financiamiento entre gasto ordinario y de campaña para el 2018 de los partidos políticos, pero una cifra similar es la que van a entregar los institutos electorales de los estados para el financiamiento de las elecciones de carácter local, y a eso súmenle el costo que pagan las autoridades administrativas para el desahogo de los procesos comiciales, ergo el tema de la transparencia tiene que ser, en mi opinión, ahora mucho más estricto y el esquema de la rendición de cuentas de las instituciones públicas tiene que ser todavía mucho más intenso.
Y un detalle que también me parece de fundamental importancia.
La ENCCÍVICA ha planteado los ejes que acá se comentaron, ya no distraigo más con el asunto, pero hay un punto que es de fundamental importancia y que tiene que ver con el nivel de comunicación y el contacto directo que en mi opinión los servidores púbicos deberíamos de tener con los ciudadanos.
Nosotros hemos convocado por la vía de la ENCCÍVICA a un esquema de sinergias donde las instituciones de los gobiernos, nacional, los estatales y los municipales participen en la implementación de esta importante estrategia buscando regresarle cierta credibilidad a las instituciones públicas desde la perspectiva del ciudadano.
Pero yo no creo que estos círculos de análisis, estos diálogos que se han hecho a través de ciertas mesas organizadas en el ámbito de los estados por el INE y por los órganos electorales, soy autocrítico en eso porque también el INE está involucrado en ello, sean suficientes.
No quiero decir que sean erróneas, quiero decir que son insuficientes, porque para mí lo más importante sería abrir una segunda modalidad de esos diálogos y entonces llevar, por qué no decirlo así, a un Procurador de justicia de un estado frente a un grupo de ciudadanos y explique por qué hay esta problemática estructural, donde la mayoría de las o qué pasa con la mayoría de las presentaciones de las averiguaciones previas que los ciudadanos solicitan cuando sienten la comisión de un delito.
El Informe País nos dijo que la ciudadanía en porcentajes arriba del 60 por ciento no denuncia la comisión de un ilícito porque dice o que no se va a hacer nada o porque los procedimientos son muy abigarrados, entonces a mí me parece que un esquema sería ese, que el ciudadano, el servidor público esté frente a los ciudadanos y explique estas situaciones.
No todo tiene que ver, en mi opinión, con negligencia, ayer en una entrevista en el canal 40 yo decía que hay casos específicos de corrupción en el gobierno y obviamente en funcionarios que emergen de las postulaciones hechas por los partidos, pero eso no quiere decir que todos los políticos sean corruptos, esa parte me parece que se tiene que centrar con mucho cuidado, y por eso, me parece que los funcionarios tendrían que ir a explicar ciertas cosas.
El gobierno del estado de Baja California Sur, por ejemplo, cuando vino el famoso huracán que devastó la zona de Los Cabos. Por supuesto que tuvo que recanalizar partidas presupuestales que estaban dirigidas a programas de otra naturaleza para poder reconstruir la zona de Los Cabos, porque el estado de Baja California sur tiene en el turismo una de las o quizá la fuente de ingresos más importante.
Entonces ese tema lo sabe el gobierno, pero no lo sabe el ciudadano y tiene un impacto concreto en la credibilidad sobre el funcionamiento de las instituciones comprometidas en esa materia, entonces yo creo que debería de haber una modalidad de diálogos en los cuales, los servidores públicos pudieran comparecer ante los ciudadanos y explicar y tener obviamente las observaciones de parte de los ciudadanos.
Y el otro punto tiene que ver con la manera en la cual esos diálogos pueden tener un efecto concreto en la generación de políticas públicas o en la modificación a políticas públicas que ya están en curso, porque si nos vamos a sentar el representante de las instituciones públicas a platicar con los ciudadanos, pero eso no tiene ningún impacto que pueda ser seguido, que pueda ser observado, pues no creo que tengamos ningún efecto concreto en estos temas.
Creo que hay muchos aspectos que tendrían que ser modificados, todo atraviesa, en mi opinión, por un esquema más amplio de rendición de cuentas, por un esquema mucho mayor de comunicación que se tenga con los ciudadanos y con un detalle que es también muy importante, que es la generación de la información socialmente útil.
Ahora traemos una enorme discusión con el financiamiento de los partidos y con el financiamiento de las autoridades electorales, sí, con el presupuesto que van a presentar las demás instituciones, es probable que también existan ciertos puntos de discusión, pero en el fondo hay muchas cuestiones que en mi opinión no tienen una información que sea lo suficientemente clara para que el ciudadano pueda tener una opinión realmente informada.
Pienso en las elecciones del 4 de junio y concretamente en el caso específico de Coahuila donde por ejemplo, el Programa del Conteo Rápido presenta una tendencia de votación donde el candidato del PAN aparece en el rango superior de la votación y el candidato de la coalición del PRI tiene un rango de votación más bajo que del PAN y se cruzan los porcentajes de la votación.
Cuando se hace el Programa de Resultados Preliminares, ahí en ese caso, el Programa de Resultados Preliminares dice que gana el candidato de la coalición del PRI y eso genera una enorme discusión.
Entonces, lo primero que podría concluirse, así de botepronto y eso fue lo que hicieron muchas notas de opinión sobre el tema fue decir que el Conteo Rápido no funcionó, que estaba mal hecho.
Y la verdad es que no es cierto, el Conteo Rápido no está mal hecho, el problema fue que no se metieron a la contabilidad de los votos una cantidad mayor de las casillas de la muestra, porque en el momento en el que se dieron a conocer los resultados del Conteo Rápido había sólo 56 por ciento de las casillas de la muestra total.
Si derivado de lo cerrado de la contienda se hubiera esperado un poco más de tiempo y se hubieran subido una cantidad mayor de las casillas, la tendencia de votación del Conteo hubiera sido muy, hubiera sido casi igual que en el caso del Programa de Resultados Preliminares, hubiera habido coincidencia, y eso hubiera evitado la confusión que se dio con relación a ese tema.
En la percepción social las instituciones no están haciendo correctamente su trabajo o bien, lo están haciendo sesgado porque estamos hablando aquí de cuestiones de orden estrictamente político.
Sí es un tema muy delicado ponerse a explicar con absoluta nitidez y con absoluta precisión qué está pasando con estos temas, pero me da la impresión que tampoco tenemos ninguna otra salida.
Por eso hemos planteado un esquema de coordinación a nivel nacional con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones de tipo empresarial, con instituciones académicas, con las diversas instancias de los gobiernos, con los órganos electorales, con las comisiones de derechos humanos, con las de transparencia para encontrar esquemas que le permitan al ciudadano tener mejor información y que, obviamente las instituciones, nos comprometan más con una rendición de cuentas más eficaz, más en los temas que tienen que ver con el uso de los recursos de carácter público y yo dejo aquí mi intervención y muchísimas gracias.
Versión estenográfica de la intervención del Consejero del INE, Marco Antonio Baños, en el Panel «Los Retos de la Educación Cívica en países en desarrollo», realizado en el marco del tercer día de actividades del XXVIII Congreso Internacional de Estudios Electorales Los Desafíos Globales de la Gobernanza Electoral, realizado en la unidad de Posgrado de la UNAM
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