Desde 1993 la fiscalización de contiendas electorales ha evolucionado. Hoy es parte central de un conjunto de garantías mínimas para desahogar comicios equitativos, con rendición de cuentas exigible a todos los actores políticos. El modelo vigente nos permite saber cuánto gastaron, en qué lo gastaron, de dónde obtuvieron los recursos, si los reportaron o no
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