En su artículo ¿Ilegalidad y/o degradación de procesos electorales? (21-06-17), Guillermo Valdés discute con algunos de los argumentos que escribí en MILENIO (15-06-17). Agradezco en primer término la atención a mi texto y, sobre todo, la manera de discutir de Guillermo: seria, reflexiva y respetuosa. Una bocanada de oxígeno en un debate público caracterizado más por las ganas de lesionar que de persuadir.
Guillermo Valdés valora el esfuerzo de los miles de ciudadanos que instalaron las casillas y contaron los votos. Es un reconocimiento más que oportuno, que ha escaseado incluso por parte de los actores políticos que si recibieron votos fue, precisamente, por esa disposición ciudadana a hacerse cargo de la jornada electoral.
El que la gente se involucre haciendo posible la votación y ejerciendo el sufragio (no hubo caída de la participación en ninguna de las elecciones realizadas, sino incluso incrementos importantes) es el principal activo de la maltrecha democracia mexicana.
Por eso es que he insistido en que si se afirma que la voluntad popular depositada en las urnas fue trastocada, hay que ir a fondo, detectar, corregir y sancionar cualquier irregularidad. Y para ello es necesario tener elementos de juicio, pruebas.
Tiene razón Valdés que el veredicto le compete al Tribunal Electoral, pero como es un asunto de primera relevancia política ante la opinión pública, se antoja sano que si la ciudadanía conoce de denuncias de fraude por parte de relevantes actores políticos, también tenga derecho a conocer los fundamentos a partir de los cuales un partido político nacional afirma que una elección fue violentada.
Se pregunta Guillermo Valdés si es casualidad que el PREP en Coahuila no haya contabilizado 28 por ciento de las actas y que el PAN disponga solo de 70 por ciento de las actas. El PAN debería tener más actas, al menos 96 por ciento, porque fue en ese porcentaje de casillas donde efectivamente su coalición tuvo representantes en Coahuila el 4 de junio. El dato lo tomo del Sistema de Información de la Jornada Electoral. Y si contamos a los demás partidos que no fueron en alianza con el PRI, la cobertura de casillas alcanza 99.14 por ciento.
Bastaría con hacer públicas esas actas, con su sumatoria, para demostrar que el resultado favoreció al abanderado blanquiazul. Pero esa prueba de la victoria no se ha mostrado ante el respetable.
Si se alteraron votos, si hubo complicidad de alguna autoridad electoral local, el INE debe intervenir e incluso remover a los responsables. Pero hasta ahora hay dichos, no pruebas, y así es difícil avanzar.
El otro tema espinoso al que se refiere Guillermo Valdés es el del uso abusivo del dinero. En un contexto marcado por escándalos de corrupción es más que comprensible y atendible esa preocupación.
En el INE optamos por aprobar, desde antes del inicio de los procesos electorales, un acuerdo para contribuir a evitar el uso electorero de los programas sociales.
Establecimos que no se valía inventar programas sociales en las campañas, ni crear nuevos beneficiarios e incluso prohibimos la entrega de bienes y servicios en actos masivos.
A partir de ese acuerdo, los partidos y ciudadanos podrían denunciar acciones de distintos gobiernos que les parecieran tramposas.
Por otro lado, tenemos el instrumento de la fiscalización del INE. La autoridad recibe los informes de ingresos y gastos de los partidos y contrasta esa información con la que el propio INE recauda por su cuenta.
Se toman fotografías de decenas de miles de evidencias de gasto (espectaculares, bardas, etc.) y se asiste a miles de actos de proselitismo y casas de campaña para contar los recursos que están usando los candidatos y así saber si lo que nos informan es real o si hay gastos no reportados y por tanto dinero fluyendo de forma oculta.
Sin duda, lo más importante es asegurar que no haya desvíos de recursos públicos, para lo que además de la tarea del INE es indispensable que cumplan bien su papel, no solo en época electoral, los contrapesos legislativos y las auditorías superiores.
Junto con Guillermo Valdés, veo, reconozco y me indigno ante la corrupción. Y, al mismo tiempo, reivindico que tenemos un sistema electoral que permite que se cuenten pulcramente los votos depositados en las urnas. En un clima de indignación, e incluso de descomposición, es importante distinguir lo que está mal y lo que funciona, separar la paja del trigo.
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RESUMEN
