La nueva Ley General de Transparencia, publicada el 4 de mayo del 2015, ha perfilado un horizonte alentador en esa ruta que estudiosos como Larry Diamond y Leonardo Morlino llaman calidad de la democracia. La Plataforma Nacional de Transparencia es hoy una realidad que marca un antes y un después en la gestión electrónica de solicitudes de información que cualquier persona realice para saber, vigilar o evaluar de forma directa el quehacer de instituciones y entes que ejercen recursos públicos en todo el país, igual del gobierno federal que de los gobiernos locales, congresos, municipios y partidos políticos.
Suman poco más de 8,000 los sujetos obligados los que deben cumplir con nuevos estándares de acceso a información homogéneos, los cuales, antes de esta ley, tenían criterios y formatos asimétricos entre sí, que en muchos casos se alejaban de ser amigables para encontrar, satisfactoriamente, el catálogo de datos mínimos que siempre deben estar disponibles en portales de Internet, realizar peticiones que abrieran registros más específicos o presentar impugnaciones cuando se negaba un documento de manera indebida.
Desde sus primeros pasos, la transparencia mostró que la vía de gestión electrónica es propicia para incrementar el flujo de solicitudes de información por parte de la población, pero el sistema más robusto, el que registraba mejores números, se limitaba a dependencias federales que eran competencia del entonces IFAI. El modelo ha cambiado y ahora el órgano garante y las reglas de la transparencia tienen alcances nacionales en cuanto a su diseño y coordinación.
La Plataforma Nacional de Transparencia no cancela la posibilidad de acudir físicamente a una ventanilla de atención que debe tener cada sujeto obligado para tramitar peticiones de información, pero sí concentra en un mismo espacio electrónico la vía para consultar de inmediato millones de datos ordenados del ámbito local y federal que antes significaban un laberinto en muchos casos y ahora cuentan con un mismo camino y formato.
El reconocimiento constitucional y legal de entornos con derechos y libertades no se traduce en automático a su arraigo cotidiano ni puede beneficiar por decreto a la sociedad, de ahí que es necesario promover las condiciones que den viabilidad a las leyes, que acerquen a la población las herramientas efectivas para propiciar su cumplimiento con más y mejor información disponible, útil, oportuna para tomar decisiones en libertad, que sea insumo fundamental para la deliberación y la toma de decisiones individuales en democracia.
A través de la PNT, entre mayo y diciembre del año pasado se tramitaron 129,067 solicitudes de información (104,750 en los estados y 24,317 a nivel federal); y con corte al mes de abril, lo que va del 2017 anuncia un incremento considerable, con 84,446 solicitudes en sólo cuatro meses (52,538 en los estados y 31,908 en el ámbito federal).
La cifra va en aumento pero sigue exigiendo un trabajo de largo plazo para emparejarse en las rutinas de exigencia social generalizada. En México somos 85.6 millones de votantes que podríamos nutrir nuestra propia base de datos, nuestra agenda de interés específica y general, para decidir con más elementos de convicción el voto en las urnas, apropiándonos de herramientas como la PNT. El INAI ha desplegado un gran esfuerzo para apuntalar este espacio de amplio espectro que permite ya consultar millones de datos (al día de hoy se han colocado en la Plataforma más de 83 millones de registros), pedirlos o inconformarse cuando no sean entregados, sin requerir de abogados o trámites complejos. De forma destacada en este tema, el comisionado Óscar Guerra Ford empujó la concreción de la plataforma en el INAI junto con sus colegas, quienes empiezan a cosechar buenos resultados.
Diamond y Morlino, tratando de responder a la pregunta “¿Qué es la calidad de la democracia?”, reflexionaban en el 2004 que para aludir a ella, a una buena democracia, además de la ampliación de libertades, la equidad política, la participación social y las instituciones apegadas a la ley, se requieren mecanismos y procedimientos tangibles de rendición de cuentas, tan horizontales como efectivos. Es el caso de la transparencia y el acceso a la información pública que se instaló —pese a tener base constitucional desde 1977— hasta el 2002, en un primer cuerpo legal para el ámbito federal que ahora ha cobrado dimensiones nacionales y extiende las mejores prácticas y experiencias de consulta en línea al alcance de un clic.
Naturalmente, la calidad de la democracia no se define por una aplicación o software que facilite la gestión de datos y registros públicos a la ciudadanía en general, pero sin duda abona en esa ruta, puede hacerlo mucho si son más quienes aprovechen su uso.
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