Participación del INE en revisión de candidaturas podría afectar su credibilidad y operación: Arturo Castillo

El Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Castillo, afirmó que la propuesta de reforma para que el organismo electoral participe en la evaluación de candidaturas con información de instancias de seguridad podría implicar riesgos para la institución, al tratarse de funciones que no le corresponden.

Si bien consideró que la intención de la reforma es “loable”, al buscar establecer mayores controles y una verificación más estricta de las candidaturas, subrayó que el INE no debe intervenir ni tener acceso a información vinculada con temas de seguridad o crimen organizado. En este sentido, coincidió con lo expresado previamente por la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei.

El Consejero enfatizó que la responsabilidad de garantizar candidaturas íntegras recae en los partidos políticos, mientras que la investigación de posibles vínculos con el crimen organizado corresponde a las instituciones de seguridad.

Dijo que, incluso si el INE participara en este mecanismo únicamente como “ventanilla de trámite”, se generarían riesgos relevantes. Entre ellos, destacó la posible exposición del personal operativo ante la percepción de que el organismo cuenta con información sensible, lo que podría comprometer la organización de los procesos electorales. Asimismo, habló del manejo y eventual filtración de datos delicados, para los cuales el Instituto no tiene competencia ni facultades.

También señaló que la propuesta contempla listas de revisión voluntarias, lo que derivaría en registros parciales susceptibles de uso político, tanto por inclusión como por exclusión de personas.

Respecto a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sostuvo que en el INE no se habría comprendido la iniciativa, el Consejero sostuvo que el Instituto “la entendió perfectamente” e hizo un llamado a la prudencia en el análisis legislativo de la propuesta, a fin de no comprometer la credibilidad ni la operación de las instituciones electorales.

En torno a la iniciativa que plantea la anulación de elecciones por injerencia extranjera, consideró que se trata de una causal “demasiado abierta”, que podría derivar en cuestionamientos sobre la validez de los comicios. Además, explicó que la obligación de fiscalizar la posible participación de agentes extranjeros representaría una carga adicional para el INE, que requeriría mayores recursos, en un contexto de restricciones presupuestales.