Concentración de atribuciones en la Presidencia del INE propició opacidad y debilitó los controles internos
El Consejero Electoral Martín Faz afirmó que la crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral tiene su origen en la reforma aprobada en octubre de 2024, mediante la cual se otorgaron facultades a la Presidencia del organismo para nombrar de manera directa a titulares de direcciones ejecutivas, eliminando la necesidad de contar con el respaldo de una mayoría calificada del Consejo General. Sostuvo que estas modificaciones alteraron el carácter colegiado de la toma de decisiones y propiciaron un esquema de opacidad en las áreas administrativas del Instituto.
Faz señaló que, antes de la reforma, las consejerías podían supervisar con mayor eficacia el funcionamiento de las direcciones ejecutivas a través de las comisiones de trabajo. Como ejemplo, recordó que durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024 se detectaron irregularidades en la contratación de una empresa encargada de suministrar chalecos y otros insumos para personal de campo, situación que fue corregida tras la intervención de las instancias correspondientes. En ese contexto, explicó que durante los últimos meses diversas Consejerías recibieron denuncias anónimas relacionadas con presuntos favoritismos en nombramientos, solicitudes de renuncia a personal y posibles preferencias hacia determinados proveedores. Indicó que dichas comunicaciones también fueron remitidas al Órgano Interno de Control, instancia facultada para realizar las investigaciones correspondientes.
Pese a los señalamientos sobre la conducción administrativa, Faz destacó que las capacidades técnicas y operativas del INE permanecen sólidas gracias al trabajo del Servicio Profesional Electoral Nacional. Subrayó que miles de funcionarios en juntas locales y distritales continúan desarrollando las tareas de organización electoral conforme a los acuerdos previamente aprobados, por lo que llamó a no confundir la situación de las oficinas centrales con el funcionamiento general de la institución. “El Instituto está formado por aproximadamente 16 mil personas y gran parte de las actividades sustantivas descansa en personal que ingresó mediante concursos públicos de oposición”, expresó.
Respecto a los recientes acontecimientos al interior del organismo, el Consejero calificó como graves las denuncias hechas públicas por integrantes del Consejo General sobre presuntas amenazas y presiones. Asimismo, consideró necesario revisar los perfiles de quienes fueron nombrados en direcciones ejecutivas y áreas estratégicas de oficinas centrales, al señalar que algunos de ellos fueron cuestionados desde su designación. Indicó que el objetivo inmediato de las consejerías será contribuir a la estabilización institucional y a la recuperación de las condiciones de gobernanza interna, con miras a que la próxima presidencia del Instituto encuentre una estructura administrativa fortalecida y transparente.
Faz también manifestó su respaldo a las iniciativas legislativas que buscan reformar nuevamente el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para retirar las facultades extraordinarias otorgadas a la Presidencia del INE.
Finalmente, sostuvo que la actual situación debe servir para que tanto las autoridades electorales como el Poder Legislativo asuman responsabilidades sobre las decisiones que permitieron la concentración de atribuciones y trabajen en el restablecimiento de mecanismos colegiados de control y supervisión.