Número: 111 

• Mediante mesas de diálogo y entendimiento, el INE define el anteproyecto de la Consulta a personas con discapacidad visual y organizaciones que las representan 
• El INE atiende un llamado del Estado mexicano para hacer posible que todas las personas participen en la toma de decisiones importantes del país: Flor León 

Con el fin de garantizar la accesibilidad plena en la próxima elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral (INE) lleva a cabo mesas de diálogo para definir el anteproyecto de la Consulta a personas con discapacidad visual y organizaciones que las representan y, con ello, encontrar alternativas para el diseño de materiales y, sobre todo, de la boleta electoral. 

Al dar la bienvenida a las y los participantes que se unieron a la mesa de diálogo virtual, la Directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND), Flor Dessiré León Hernández, dejó en claro que no se trata de buenas intenciones, sino de que el INE atiende una responsabilidad. 

“El Instituto atiende un llamado del Estado mexicano para hacer posible que todas las personas nos podamos desarrollar plenamente y participemos en la toma de decisiones importantes de nuestro país”, subrayó. 

La Subdirectora de Transversalización y Evaluación de la UTIGyND, Itzel Flores Juárez, explicó que estos trabajos dan cumplimiento a la sentencia SUP-JDC 1909/2025 y al Acuerdo INE/CG351/2025, que obligan al Instituto a realizar una Consulta efectiva, previa y accesible con personas con discapacidad visual y organizaciones que las representan, con el objetivo de analizar opciones de accesibilidad del voto en elecciones judiciales. 

El objetivo general de la Consulta, precisó, es recabar, sistematizar y analizar las necesidades, experiencias y propuestas de personas con discapacidad visual y de las organizaciones que las representan, a fin de contar con materiales y boletas electorales accesibles, así como alternativas tecnológicas viables en la próxima elección judicial, con base en marcos normativos internacionales y nacionales que protegen sus derechos político-electorales. 

“El INE utilizará toda su capacidad institucional para realizar esta Consulta”, añadió Flores Juárez, pero para ello, en la etapa de preparación y elaboración del anteproyecto, se realizan estas mesas de diálogo en las que se busca la retroalimentación de personas con discapacidad visual y organizaciones que las representan, no sólo sobre el diseño de boletas y materiales electorales, sino también para asegurar la inclusión y autonomía en el ejercicio del voto. 

Acompañada de Omar Padilla Páez, Jefe del Departamento de Evaluación de la UTIGyND, ambos escucharon las propuestas de representantes de la sociedad civil, y de ciudadanas y ciudadanos como Alejandro Munguía, Lorena Velázquez, de Talento USA Mujer, Zabdiel Santiago, Briseida Echaury, Landay Castro, Imelda Vázquez Castro, Gerardo Hernández, Carlos López Reyna, Nataly, Héctor Sandoval Hernández, Rosy García, Gabriel Cienfuegos y Beatriz Maldonado. 

También a Ricardo Ortiz, Lourdes Quintero, Gabriela González, Hilda Laura Vázquez Villanueva y Celso Soto Hernández, entre otros, quienes hicieron propuestas que servirán como insumo para la elaboración del anteproyecto de la Consulta a personas con discapacidad visual y organizaciones que las representan. 

Entre las propuestas técnicas recibidas en la mesa de diálogo virtual está el ampliar hasta el 29 de marzo el periodo de recepción de propuestas y observaciones al anteproyecto, a fin de favorecer una mayor participación de este sector; se acordó la realización de otra mesa de entendimiento; valorar la posible modificación del calendario de la Consulta programada a finales de abril; garantizar la implementación de ajustes razonables que favorezcan la accesibilidad; incorporar temáticas específicas; analizar la implementación del voto anticipado; adecuar el mecanismo de registro y ampliar los medios de difusión de la Consulta. 

Con estas acciones, el INE no sólo cumple con un mandato jurisdiccional, sino que reafirma su función como una institución de servicio público que evoluciona para garantizar que el ejercicio de los derechos político-electorales sea una realidad para todas y todos los ciudadanos. 

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