Cada 8 de marzo es una fecha de memoria y evaluación, nos obliga a revisar qué avances hemos logrado en materia de igualdad y justicia y qué desafíos permanecen vigentes.

La reciente publicación del libro Un himno a la vida (Lumen, 2026), de Gisèle Pelicot, vuelve a colocar en el debate público preguntas necesarias. Durante una década, su entonces esposo la sedó para permitir que decenas de hombres la violentaran; los hechos salieron a la luz en 2022 y derivaron en la condena de su exmarido y 50 agresores tras un juicio que ella solicitó que fuera público. La frase que pronunció durante el proceso, “la vergüenza debía cambiar de bando”, sintetizó una discusión sobre cómo los sistemas de justicia y la sociedad abordan los casos de violencia. Su decisión de hacer público el juicio fue también un acto de valentía y responsabilidad que desnudó inercias y silencios.

El caso expuso fallas estructurales, resistencias culturales y dificultades institucionales para dimensionar el fenómeno. La propia Pelicot señaló que la sociedad no estaba preparada para un caso como el suyo. Esa afirmación interpela a los Estados y sus instituciones: contar con leyes es indispensable, pero no suficiente. Se requiere voluntad institucional sostenida para erradicar prácticas que revictimizan y garantizar que ninguna mujer enfrente sola el peso de probar lo evidente.

También reveló la dimensión social del problema. Los condenados provenían de distintos rangos de edad y ocupaciones, lo que evidenció que la violencia no es un fenómeno aislado ni propio de algún estrato social, sino que puede reproducirse en entornos cotidianos. El debate en Francia derivó en modificaciones legales en torno al consentimiento, recordándonos que los procesos judiciales pueden impulsar reformas, pero que la transformación cultural exige constancia en educación y prevención.

El 8M ofrece un marco para analizar estos procesos con perspectiva de género. La igualdad sustantiva demanda políticas públicas eficaces, sistemas de justicia accesibles y actuaciones libres de estereotipos. Exige revisar el papel de los espacios digitales, la educación y los mecanismos de acompañamiento a víctimas.

La publicación de este libro es un testimonio personal, pero también es el elemento detonante para reactivar una conversación colectiva sobre cómo respondemos, como instituciones y sociedad, frente a la violencia y la dignidad humana. Esa conversación no puede agotarse en la indignación ni en la coyuntura. La violencia no surge en el vacío: se gesta en tolerancias y omisiones que debemos desmontar con decisión pública y compromiso comunitario.

Conmemorar el 8 de marzo implica reconocer avances y asumir, desde nuestras responsabilidades públicas, que la construcción de igualdad exige trabajo constante. La igualdad es un compromiso cotidiano que se refleja en decisiones concretas y actuaciones institucionales que coloquen la dignidad humana en el centro.