Las reformas político-electorales en México han respondido a la permanente demanda social de mayor pluralidad y a la mejora constante en la organización de los procesos electorales, buscando privilegiar la imparcialidad, neutralidad, equidad y la diversidad como estándares mínimos de una democracia plena. Por eso, ante el inminente envío de una iniciativa de Reforma Electoral de la Presidenta de la República al Poder Legislativo, conviene recordar cómo llegamos al Sistema Nacional Electoral que hoy tenemos.
La reforma constitucional en materia político-electoral de 1977 marcó un parteaguas en el sistema electoral mexicano al adoptar medidas como la creación de 100 diputaciones de representación proporcional para propiciar una mejor representación ciudadana, a la vez que reforzó condiciones para generar una competencia más equitativa entre los partidos políticos.
Desde entonces, el patrón se repite, el sistema mejora cuando hay deliberación plural y se atienden las exigencias políticas y sociales. Por ejemplo, tras las cuestionadas elecciones de 1988 la exigencia era tener una autoridad electoral autónoma e independiente, lo que dio como resultado la creación del IFE en 1990 y, en 1996, se le otorgó autonomía plena al separarlo por completo del Poder Ejecutivo, pues hasta entonces era presidido por la persona titular de la Secretaría de Gobernación.
En 2007, luego de la crisis postelectoral, se priorizó la construcción de un modelo de comunicación política donde los partidos políticos tuvieran acceso a los tiempos del Estado en Radio y Televisión de manera equitativa y evitar que el dinero o la discrecionalidad de los concesionarios definiera quién podía dirigirse a la ciudadanía.
La reforma de 2014 dio origen al INE como ente rector del Sistema Nacional Electoral con la finalidad de homologar los estándares de calidad en la organización de procesos electorales locales, además para eliminar la injerencia de los gobiernos locales en las elecciones estatales, se dio al INE la facultad de designar a las consejerías electorales de los organismos electorales locales.
Ahora, en el contexto de una nueva reforma político-electoral, de manera inédita, se conformó una comisión redactora que depende directamente de la Presidencia de la República. Dicha comisión organizó foros donde cada participante tuvo 5 minutos para exponer sus ideas; el poco tiempo de participación y la imposibilidad de formular preguntas, impidió un análisis profundo de las propuestas.
No obstante, se abrirá otra posibilidad de discusión cuando se entregue la iniciativa al Poder Legislativo y es deseable que en ese debate se escuche a la oposición, la academia, la sociedad civil y las autoridades electorales, para que la reforma que viene también logre la legitimidad que proviene del consenso.
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